La nueva modalidad de criminalización utilizada por el régimen de Daniel Ortega contra quienes desde abril 2018 han protestado en su contra, exigiendo libertad, justicia y democracia, tomó un nuevo giro en 2019. Los reos políticos que, inicialmente, fueron señalados por delitos como: terrorismo, crimen organizado, exposición de personas al peligro, obstrucción de servicios públicos y hasta de portación ilegal de armas, ahora serían los “nuevos narcotraficantes” de Nicaragua, siendo acusados de posesión o tráfico interno de estupefacientes.

Los casos en los que los reos políticos son señalados por algún tipo de delito vinculado con drogas ronda los 15, según el reporte de los defensores de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos (CPDH), Defensores del Pueblo y la abogada Yonarqui Martínez.

La abogada Yonarqui Martínez aseguró que -desde 2018 a la fecha- ha representado en los diferentes procesos judiciales de carácter político a unos 110 manifestantes. Martínez es la única abogada que afirmó a La Lupa tener entre sus representados a un excarcelado político que haya sido acusado por delitos vinculados por drogas.

El caso al que hizo referencia Martínez es el de Jaime Navarrete, quien en dos ocasiones fue detenido ilegalmente por la Policía y llevado a juicios por dos causas totalmente distintas. En la primera acusación contra Navarrete fue condenado a 22 años de cárcel por el presunto asesinato de Ariel Ignacio Vivas, quien desmontaba tranques a punta de balas con la Policía Orteguista y la Alcaldía de Managua en barrios orientales.

Tras recibir esa terrible sentencia, Navarrete fue excarcelado en junio de 2019 a través de la Ley de Amnistía. Sin embargo, el 24 de julio de 2019 lo volvieron a encarcelar y, en esta ocasión, lo señalaron de la supuesta tenencia de drogas y posesión ilegal de armas de fuego, declarándolo culpable y sentenciándolo a ocho años de prisión, pero fue excarcelado nuevamente el pasado 30 de diciembre de 2019.

La abogada Martínez asegura, actualmente, lleva las causas de 20 protestantes que continúan encarcelados, pero afirma que llega a sumar hasta 80 casos si suma los de excarcelados políticos a los que no se les ha cerrado las causas que les inventaron.

“Algunos casos de excarcelados políticos tienen casos que no han sido cerrados, entonces, les damos seguimiento. Además, hay otras situaciones en las que no son cerrados porque los bienes que les retuvieron no se los han entregado”, detalló Martínez.

La abogada indicó que parte de esos casos que aún no se cierran porque el régimen de Daniel Ortega mantiene retenidos los bienes de los excarcelados políticos. Como por ejemplo, Edwin Altamirano, a quien le quitaron una camioneta que era su único medio de subsistencia, además, a Juan Pablo Alvaro tampoco le devolvieron su vehículo. “Tenemos que darle seguimiento, pero nunca aprueban o no quieren agarrar los escritos las autoridades judiciales”, señaló Martínez.

La defensora de presos políticos explicó actualmente lleva el caso de dos jóvenes que están siendo acusados por delitos vinculados con drogas, pero estos siguen encarcelados.

Agregó que el caso de esos dos muchachos llama la atención porque ellos se dedicaban a hacer gorras y camisetas azul y blanco, entonces, “les pusieron drogas, pero primeramente los acusaban de haber lanzado bombas, después de eso les pusieron drogas”. 

Por su parte, el abogado Julio Montenegro, uno de los fundadores de la organización Defensores del Pueblo, aseguró que de los 128 casos que ha llevado -desde 2018 a la fecha- ninguno de los que ha sido acusado por delitos de vinculados con drogas está excarcelado.

No obstante, señaló que actualmente tiene cuatro casos -todos iniciados a mediados y a finales de 2019- en los que sus representados, que tuvieron de alguna manera participación en las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han sido señalados por delitos vinculados con tráfico o portación de estupefacientes. 

Montenegro especificó que sus representados que continúan encarcelados y acusados por tráfico interno de estupefacientes son: Edward Lacayo “La Loba”, Uriel José Pérez, Víctor Alfonso Pérez y Jaime de Jesús Romero.

El caso de los hermanos Pérez y de Jaime Romero el proceso judicial se encuentra en una etapa de intercambio de información y prueba. “Nos dan un mes para ese intercambio de pruebas, entonces, estoy en ese proceso para luego llegar al juicio oral y público”, comentó Montenegro.

El abogado de los Defensores del Pueblo apuntó que el caso de Edward Lacayo, conocido como “La Loba”, es quizás el primero en el que los presos políticos son señalados por delitos vinculados con drogas.

Lacayo fue detenido en marzo de 2019 y fue declarado -cuatro meses después- culpable por el delito de tráfico interno de estupefacientes y otras sustancias controladas. La Loba fue sentenciado a 15 años de prisión y 800 días multa. Actualmente, según Montenegro, el caso se encuentra en etapa de apelación de la sentencia.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) tampoco registra excarcelados políticos que hayan sido acusados por delitos vinculados con drogas. Sin embargo, según la abogada María Oviedo de la CPDH, representan a seis manifestantes que continúan encarcelados por delitos de posesión o tráfico de estupefacientes.

Los reos políticos representados por la CPDH son: Lester Renato Ruiz Navarrete, Edwin Antonio Hernández, Figueroa, José Santos Sánchez, Rodríguez, José Ángel González Escobar y Bryan Steve Urbina Mendoza, todos acusados por tráfico de drogas.  Además de Jaime Enrique Navarrete Blandón acusado por posesión de drogas.

Oviedo señaló que, en total, de 2018 a la fecha, han representado a unos 220 reos políticos en juicios organizados por la dictadura Ortega-Murillo. 

Aunque ambas organizaciones no registran casos de excarcelados políticos que hayan sido acusados por delitos de drogas, según los reportes periodísticos, uno de los reos políticos de la dictadura orteguista; Cristhian Josué Mendoza Fernández, alias el Viper, fue acusado -entre otros delitos- tráfico de drogas en modalidad de distribución. El Viper fue liberado en el 11 de junio de 2019 bajo la polémica Ley de Amnistía, aprobada por la maquinaria orteguista en la Asamblea Nacional en los primeros días de 2019.

En total, en el país se han registrado nueve excarcelaciones de presos políticos de la dictadura. Según el registro de excarcelaciones, un total de 548 manifestantes fueron dejados “libres” o bajo alguna medida restrictiva como “convivencia familia” o “casa por cárcel”.

En diciembre de 2019 se contabilizaban un total de 148 presos políticos; 72 procesados, 13 detenidos y 63 condenados, según la lista presentada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. 

Hasta la fecha, luego de la última excarcelación de 91 reos de la dictadura el 30 de diciembre de 2019, se conoce que 65 manifestantes permanecen encarcelados ilegalmente en las celdas de diferentes centros carcelarios y de detención del país.

La Lupa Nicaragua
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