El régimen de Nicaragua sufrió este jueves una derrota diplomática en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, donde la mayoría de los países que intervinieron en esta organización internacional respaldaron el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que se denuncia el persistente patrón de violaciones a los derechos fundamentales en el país.

En atención al informe de la Alta Comisionada, la embajadora de Canadá, Leslie Norton, en representación de varias delegaciones, fue la primera en demandar acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición. 

“Una vez más llamamos a Nicaragua a que garantice a las víctimas de violaciones de derechos humanos, acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición. También demandamos a Nicaragua que investigue, rápido e imparcialmente las amplias violaciones a los derechos humanos perpetradas en abril de 2018”, manifestó Norton.

En el informe, Bachelet expone la represión contra ciudadanos, periodistas e indígenas, así como los altos índices de crímenes contra las mujeres en 2020. También señala las preocupaciones de su oficina por el tratamiento que el régimen ha dado a la pandemia del COVID-19.

Países apoyan informe

Al menos 20 embajadores que intervinieron en la ONU apoyaron el informe de la Alta Comisionada en el que se exhorta al régimen de Daniel Ortega adoptar “urgentemente” una reforma electoral efectiva que garanticen elecciones “libres, justas y transparentes” y poner fin a las “detenciones arbitrarias” en el país.

El representante de Ecuador, Alejandro Davalos, expresó su “profunda preocupación” por la crisis de derechos humanos en Nicaragua y condenó las continuas restricciones a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación en el país.

Davalos hizo un llamado al régimen para que reanude el dialogo con todos los actores de la sociedad y encontrar una “solución pacífica y hacer frente a la crisis”.

Por su parte, Alicia Arango Olmos en representación de Colombia, expresó que la situación “sigue siendo crítica” en el país, donde según organizaciones de derechos humanos hay más de 100 presos políticos.

“La fragilidad de las instituciones y la impunidad profundizan esta crisis que requiere atención especial. Expresamos nuestra preocupación por los casos de detención arbitraria que ha documentado la oficina, así como las restricciones a la libertad de expresión, reunión pacífica y de asociación, que dejan poco margen para la real participación política”, manifestó Arango Olmos.

En la misma dirección, el representante del Gobierno de Estados Unidos, Sean García, indicó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que les preocupan las continuas detenciones de manifestantes pacíficos y la represión en contra de medios de comunicación.

“Las amenazas a la vida, la tortura y violencia en las detenciones son inaceptables. Nos preocupan la falta de reformas electorales significativas previo a las elecciones de noviembre”, insistió García.

Hacer reforma electoral

Los embajadores se sumaron al llamado de la Alta Comisionada que en su informe invita a urgentes reformas electorales de cara a los comicios generales que se realizarán el próximo 7 de noviembre.

“Invitamos al Gobierno de Nicaragua a que haya participación política y que se permita observación internacional independiente para las próximas elecciones venideras”, insistió la representante de Colombia.

La representante de Perú, Silvia Elena Alfaro Espinosa, también evocó la urgente necesidad de retomar el dialogo y hacer las reformas electorales que necesita el país.

“Lamentamos que persistan la persecución, el hostigamiento y los ataques contra los opositores y voces críticas al Gobierno, así como la impunidad frente a documentadas violaciones de derechos humanos. Exhortamos a las autoridades a reanudar el dialogo con la oposición y efectuar reformas electorales e institucionales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes e independientes”, dijo Alfaro Espinosa.

En Nicaragua, la población busca la forma de seguir protestando. En la gráfica, uno de los carteles de la protesta masiva contra la represión del régimen Ortega Murillo, «Operación Preso-198», en una de las calles de la ciudad de Managua/Tomada de la web

Mientras tanto, la representante de la Unión Europea, Linda Ekholm, argumentó que las legislaciones aprobadas desde 2020, como la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la de Soberanía y Autodeterminación de los Pueblos, así como la reforma al Código Procesal Penal y la última reforma constitucional para introducir cadena perpetua, deben ser eliminadas.

“Nicaragua carece de cooperación con los mecanismos de derechos humanos regionales e internacionales que han subrayado la necesidad de un mecanismo continuo de monitoreo que envíe actualizaciones regulares al Consejo. La Unión Europea demanda al Gobierno que retome su cooperación con los mecanismos regionales, incluyendo darles el acceso al país, particularmente previo a las elecciones de noviembre”, expresó Ekholm.

Preocupados por deterioro de la sociedad civil

La representación de Uruguay hizo un llamado a defender el rol de la sociedad civil, particularmente los defensores y activistas de derechos humanos.

“Nos preocupa que continúa el deterioro del espacio de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos, así como las restricciones de los derechos”, mencionó la embajadora de Uruguay, Alejandra Costa. 

La representante de Uruguay también criticó la “falta de independencia del Poder Judicial” que “obstaculiza la transparencia y la rendición de cuentas de una crisis que requiere de la voluntad del Gobierno y de la oposición para entablar un diálogo sincero y transparente que permita alcanzar una salida a la crisis que vive el país”.

Mientras tanto, la embajadora Aurora Díaz Rato de España, lamentó que a la fecha, no se ha avanzado suficientemente en la implementación de las recomendaciones que la Alta Comisionada hizo en sus informes anteriores.

“El Gobierno no muestra el interés de esclarecer y rendir cuentas de los acontecimientos de 2018”, mencionó Díaz Rato.

Régimen se lava las manos 

Durante la presentación del informe, la representante del régimen, Wendy Morales Urbina, procuradora general de Nicaragua, trató de vender el discurso de normalidad que pregonan, aduciendo que el informe era “carente de objetividad”.

“El Gobierno de Nicaragua desconoce este reporte y lo denuncia como una agresión más en la cadena de agresiones imperiales que han promovido crímenes de odio, terrorismo y destrucción”, señaló Morales Urbina.

La funcionaria del régimen, posterior a la intervención de Bachelet, acusó al organismo de las Naciones Unidas de haber perdido su “independencia”.

“El Gobierno de Nicaragua considera que debe someterse a imparcial revisión el funcionamiento de estos organismos, que han perdido independencia u objetividad, y que más bien continúan sirviendo como caja de resonancia de los apetitos y voracidades que fundamentan la agenda política interventora e invasora con que hoy se definen y caracterizan las prácticas expansionistas en términos de dominio político y asfixia económica impuestas por las potencias imperiales, coloniales y neocoloniales”, criticó Morales Urbina.

Solamente ocho de los 29 países que integran la ONU, respaldaron el discurso del régimen: Rusia, Venezuela, Cuba, Bielorrusia, Irán, Siria, Sri Lanka y Eritrea.

El embajador Héctor Constant Rosales, representante permanente de Venezuela ante la ONU, se alineó con el discurso del régimen nicaragüense.

“Venezuela se opone a la manipulación del discurso de los derechos humanos para condenar, indebidamente, a Nicaragua y sentarlo en el banco de los acusados, por meras acusaciones políticas. El gobierno de Daniel Ortega ha dado fehacientes demostraciones de su  talante democrático y su firme determinación de proteger y defender los derechos humanos de su pueblo”, señaló el representante de Venezuela.

“Presión internacional”

Durante la presentación del informe intervinieron representantes de organismos de derechos humanos internacionales como José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien expresó que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo “crítica”.

Vivanco reconoció que durante el 2020, el Gobierno intensificó la represión contra las organizaciones de la sociedad civil y la prensa, mientras que los defensores de derechos humanos continúan siendo blancos de “amenazas de muerte, intimidación, campañas de difamación, vigilancia y lesiones”.

“La presión internacional es fundamental para frenar los abusos y garantizar elecciones libres, permitir que los exiliados regresen, el fin de la censura y restaurar la independencia judicial en Nicaragua”, mencionó Vivanco.

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La Lupa Nicaragua