Desde el 2007 a la fecha, la estrategia del régimen ha sido despolitizar, desideologizar y querer transformar a los ciudadanos en simples consumidores.

Durante su gestión conocimos: la reforma del mercado laboral, flexibilización del empleo, abaratamiento del despido, creación de contratos basuras y hacer de la atención de los pensionados del seguro social un negocio privado millonario.

El régimen impuso el modelo capitalista rentista, autoritario, de compadrazgo que despilfarró el patrimonio público, destruido los derechos humanos, promovió la exclusión social.

Este modelo ha significado desempleo, pobreza, desigualdad, todo ello nos ha conducido a un proyecto de restauración conservadora, con mayor corrupción y con autoritarismo.

El régimen ha fracasado cuando perdió la capacidad de control social de los ciudadanos, apeló a la represión brutal, somete a prisión de los líderes sociales, persigue a la Iglesia católica y rehúye de unas elecciones democráticas y transparentes.

Es rechazado por la gran mayoría de la población, ya que lo consideran una maldición para el país. Ha demostrado tener poco seso y mucha lengua. Ha fracasado brutalmente.

En los últimos años se ha formado una clase dominante compuesta por la vieja oligarquía, la burguesía tradicional y una nueva clase enriquecida al amparo del poder.

Es una clase dominante muy visible por los niveles de concentración de la riqueza en pocas manos y por los índices de desigualdad existente en la sociedad.

La nueva clase, la vieja oligarquía y la burguesía tradicional amasaron grandes fortunas con un poder omnímodo. Alianza que controla la política, definiendo las estrategias de acumulación, y subordinando a la sociedad nicaragüense a sus apetencias y caprichos.

Entre 2007-2018, Ortega perdonó al gran capital millones de dólares, alrededor de US$ 1,000 millones anuales, en impuestos por las exoneraciones, exenciones, beneficios y otras rebajas fiscales.

Por ese motivo las mermas en los ingresos tributarios fiscales anuales ascendieron al equivalente entre un 8 al 10 por ciento del PIB,p según al año analizado.

Entre 2007-2018, el cacareado incremento del PIB se basó en salarios mínimos muy bajos como parte de la política laboral del régimen. La escala de precios de la canasta básica ha sido sustancialmente mayor.

La pérdida del poder adquisitivo ha sido brutal. Mientras las ganancias del gran capital crecían como la espuma. De hecho, Nicaragua se mantiene en los últimos lugares del mundo en lo que a salario mínimo se refiere.

A partir de abril 2018, la estrecha relación entre el régimen y el gran empresariado se fraccionó, se dice que ha sido una “simple separación”. Los dos actores políticos-económicos, aún muy interdependientes, no han cortado todos lazos que los unen, tratan de reconstruirlo.

La pregunta ahora es saber qué tan profunda y antagónica ha sido la “separación”. La principal razón para creer que la relación puede empeorar es que la confianza, una vez rota, es difícil repararla. Es imposible que el régimen Ortega-Murillo vuelva a considerar al gran empresariado como un aliado confiable.

Otra razón para esperar lo peor es que la desconfianza suele alimentarse de sí misma; es decir, cada acto de represalia de parte del régimen contra el capital es tomado como una nueva afrenta por el gran empresariado.

Algunos asesores internos y externos del régimen Ortega-Murillo ven al empresariado no solo como un rival político sino como un adversario que hay que someter y cortarles las alas.

El actual escenario político-electoral que se encuentra madurando depende de la política económica que desarrolle el régimen en el futuro inmediato, como por los efectos que tenganñ en los consumidores las decisiones de la política económica.

El conflicto sociopolítico, se encuentra condicionado por las circunstancias políticas y económicas que influyen en el desenlace del curso de la crisis actual. En este sentido, encontramos la profundización de la recesión, como un factor que perjudica los intereses de la dictadura y en el desenlace de la crisis.

Para calibrar los límites de la dictadura y su situación de equilibrio-inestable, se expresa en el fracaso del régimen de controlar el movimiento social y de anular las presiones internacionales.

El régimen Ortega-Murillo no ha entendido que la solución política no pasa por la represión, ya que no tiene el controlñ total de todas las variables para seguir imponiendoñ las reglas a seguir.

Si el régimen Ortega-Murillo pierde el control de la economía ni logra destruir la resistencia social ni evita que las sanciones internacionales se incrementen, la pérdida del control político está sentenciada.

Hasta ahora, el plan de Ortega-Murillo es mantenerse en el poder pagando el precio que sea, a través de la fuerza, la represión y el terror. Su meta va más allá del resultado de las elecciones del 2021.

El régimen Ortega-Murillo sólo se sentará a buscar una salida a la crisis producto de una combinación de la presión del movimiento social con apretón internacional lo obligue hacerlo, no lo hará por voluntad propia.

Hasta la fecha, la mayoría de los análisis, barajan algunas hipótesis acerca de lo que el régimen está tratando de hacer: 1) Negociar la seguridad de su familia y de sus allegados, sus bienes y futuro implementando un gobierno de transición favorable a sus intereses. 2) Navegar contra la corriente para llegar al 10 de enero de 2022, cumpliendo su promesa de quedarse hasta el final de su mandato. 3) Reconstruir el modelo político y de alianzas que le funcionó hasta el 17 de abril de 2018.

El orteguismo, entendido como un sistema político, no es viable por muchas razones (financieras, políticas, organizativas y hasta ideológicas) y sobre todo porque es generadora de sus propias contradicciones las que no puede administrar eficazmente sin incurrir en desequilibrios, represión y abusos de poder.

El régimen está dispuesto a zanjar las cuestiones políticas por medio del revólver y de la ametralladora. Por ejemplo, frenar las protestas del 2018 costó cientos de muertos, heridos, encarcelados, detenidos-desaparecidos, represión y destrucción económica.

El gobierno no ha podido “reparar” este daño, porque las vidas y el daño humano hecho no puede ser restablecido. Esto le pesa hoy en día al régimen como una losa de concreto.

Ortega-Murillo no tiene un proyecto de país; su único objetivo es gobernar, como carece de ideología, da bandazos. Antes del abril 2018, se sostenía drenando recursos del sector productivo hacia la corrupción, el clientelismo político y las exoneraciones al gran capital.

Para Ortega-Murillo no existen las elecciones libres, anticipadas y creíbles porque en su disco duro tiene la certeza de que no pueden ganar una elección de forma transparente.

Ortega-Murillo saben que, en su plan de gobierno dinástico, no ganan nada con elecciones libres porque las pierden.

Los poderes fácticos siempre han estado buscando el poder a través de los pactos tradicionales. Ahora buscan recomponer el modelo corporativo. Recomponer el régimen fijando los límites a los ciudadanos autoconvocados.

Buscan la oligarquizacion del poder, el poder compartido entre los diferentes sectores de la clase dominante.

San José/Costa Rica, 11 de diciembre de 2019.

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La Lupa Nicaragua