Las defensoras afirman que el Poder Judicial actuó sin ofrecer ningún tipo de garantías procesales, y respondiendo a intereses políticos de la dictadura Ortega-Murillo.
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguiendo la línea represiva aplicada el pasado 9 de mayo contra la abogada Yonarqui Martínez, ordenó dos días después, a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la “suspensión definitiva” del ejercicio profesional de otras 25 personas abogadas y notarias públicas; 15 de estas excarceladas políticas que en febrero pasado fueron expulsadas a Estados Unidos y despojadas de sus nacionalidades.
Ana Margarita Vijil, una de las excarceladas políticas, declaradas apátridas y expulsadas a Estados Unidos, es una de las seis mujeres afectadas por esta suspensión ordenada por la dictadura. La defensora, además de rechazar la decisión orteguista, apuntó que esta “carece de lógica” porque “desde febrero todos nuestros registros fueron desaparecidos cuando nos expulsaron del país”.
“Toda esta acción represiva tuvo más que ver como un golpe que querían dar a este anuncio del Estado español de ofrecernos y comenzar a darnos las nacionalidades, así que lo único que demuestra son las debilidades de ese sistema que está claramente en decadencia”, señaló Vijil.
“Más allá de las acciones de represión del régimen en mi vida quiero resaltar los espacios de solidaridad, por eso es tan simbólico para mí que me dieran la nacionalidad española, en esta primera lista, horas después de que me anularan mis títulos, y con eso me quedo, con la solidaridad, con el cariño, con la lucha y resistencia que vamos a seguir haciendo hasta cuando consigamos una sociedad donde podamos vivir todos y todas”, agregó.
Las resoluciones orteguistas, que suspenden el ejercicio profesional a este grupo de personas abogadas y notarias, igual que la de Martínez, establece que deben entregar sus títulos de Abogado y Notario, protocolos, sello y carné, en un plazo de 24 horas.
La defensora Yonarqui Martínez, la primera víctima de esta nueva fase represiva del orteguismo contra personas abogadas y notarias públicas, afirmó “no reconocer” la resolución firmada por los tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Marvin Aguilar, junto con el secretario Rubén Montenegro, pues no se le permitió derecho a la defensa y el Poder Judicial carece de toda credibilidad.
“Se me mandó a entregar los títulos de abogado y notario público, no lo he hecho, no lo voy a hacer, no reconozco las ilegalidades que ha cometido el Poder Judicial, y presentarse ante sus oficinas es darle credibilidad y como abogada no voy a prestarme a tal represalia”, apuntó Martínez en un video que compartió con los medios de comunicación independientes.
Además, señaló que la acción orteguista “evidentemente es un canal para callar una voz de una persona que ha estado día a día al lado de las víctimas”, aunque, resaltó, continuará con su labor como defensora y reafirmó “un mayor compromiso con las víctimas”.
El instituto Raza e Igualdad “condenó enérgicamente las resoluciones” de la Corte Suprema de Justicia, señalando que las suspensiones definitivas que impuso sobre las 26 personas abogadas y notarias públicas fueron arbitrarias.
“Nuestra solidaridad para todas las víctimas de está nueva arbitrariedad que no debe quedar en la impunidad. Exigimos que dichas resoluciones sean anuladas por ser violatorias de las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por Nicaragua”, apuntó la organización internacional.
También, denunció que entre las víctimas de estas suspensiones se encuentra la defensora Vilma Nuñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a quien reconocieron “ha sido incansable defensora de derechos humanos en Nicaragua y su labor ha sido reconocida a nivel internacional”.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, también “repudió la suspensión e inhabilitación” del grupo de abogados, incluído el defensor Gonzalo Carrión, presidente de esa organización.
Los defensores denunciaron que la dictadura usó al Poder Judicial para “criminalizar y castigar” a estos abogados “por haber acompañado a personas presas políticas y sus familias en demandas de justicia y libertad”.
“La CSJ dicta remedos de resoluciones, violentando el principio de legalidad, el derecho a la igualdad y la no discriminación, irrespetando garantías judiciales. Se trata de una condena sin el legal y debido proceso, y en la absoluta indefensión”, apuntaron los defensores del Colectivo, ratificando que “con o sin título” mantienen el “firme compromiso de continuar documentando las violaciones a derechos humanos perpetradas por la tiranía Ortega Murillo y exigiendo el cese de la represión”.
A continuación, la lista de las 26 víctimas de la suspensión definitiva de títulos de abogados y notarios públicos, ordenada por la dictadura Ortega-Murillo:
