En la Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 2019, los representantes de los Estados decidieron para el caso de Nicaragua, realizar un estudio para analizar la existencia de graves violaciones de derechos humanos y alteraciones al Estado de derecho, una investigación a cargo de una comisión de alto nivel de la OEA.
La comisión de alto nivel entregó el informe a finales del año pasado, los resultados constataron la cooptación de las instituciones, la ausencia de un clima de derechos y libertades, incluyendo la inexistencia de un sistema político electoral acorde al sistema interamericano. En el conclusivo ocho del informe, la comisión determina conforme a evidencias suficientes, la existencia de una ruptura del orden constitucional, eso llevó a que en la recomendación 1 inciso 2 del mismo informe, se alentara al Consejo permanente de la OEA declare formalmente la ruptura del orden constitucional.
Hasta la fecha solo hemos escuchado el discurso del Secretario General Luis Almagro en la sesión del 24 de junio donde manifiesta con mayor profundidad los requerimientos para la reinstitucionalización de Nicaragua y ante la falta de voluntad expresó como necesario, proceder con la declaración de alteración al orden constitucional de conformidad con el artículo 20 de la carta democrática interamericana (CDI), los efectos de una declaración de alteración del orden constitucional es aumentar los procesos de gestiones diplomáticas para tratar de restaurar el orden democrático, en este caso de Nicaragua brindar cooperación al proceso de reformas electorales.
Contrario al tema de la declaración del orden constitucional, se ha venido integrando en la opinión pública y mencionado por el Secretario Almagro la declaración de ilegitimidad cuya acción inmediata es el desconocimiento de la convocatoria de elecciones hasta el desconocimiento de Gobierno y el posterior reconocimiento a un cuerpo de transición, con el único propósito de convocar a elecciones.
¿Cuál de los dos mecanismos se pueden invocar en la sesión de octubre de la OEA?
En estos momentos la Coalición Nacional no está preparada para una declaración de ilegitimidad, porque su reconocimiento como Gobierno en estos momentos no sería aceptado por una mayoría de países, apenas la oposición se organiza territorialmente, esta acción de organización hace referencia al primer criterio para el reconocimiento de un gobierno transitorio, posterior a la organización territorial, la oposición debe producir poder real, que es el segundo criterio, para convertirse en un poder sólido contra – hegemónico.
Almagro ha expresado estas debilidades de la oposición en el panel virtual sobre Elecciones Libres y Justas en Nicaragua: ”la oposición necesita una organización política más compacta, y un liderazgo que haga viable una solución electoral. Aunque la popularidad de Ortega es muy baja, no hay desafío para él en términos de liderazgo”.
¿Cuáles son los dos escenarios más probables en 2021?
Escenario 1: Reformas parciales y convocatoria a elecciones.
Daniel Ortega nunca cederá a reformas integrales al sistema político electoral y crear un clima de libertades, eso representaría una derrota aplastante para su partido por dos razones: las políticas de represión formalizadas a partir de 2018 y la mala gestión ante el COVID 19. La oposición que pretende dialogar para alcanzar esas reformas y convertirse en la segunda fuerza, tienen un presente marcado por minas personales sancionatorias políticas, Ortega nunca les dará la mayoría en la Asamblea para que puedan realizar cambios importantes; aún como segunda fuerza, los actores políticos se mantienen en un sistema político y legal controlado por Ortega.
Escenario 2: Declaración de ilegitimidad
Almagro ha manifestado la necesidad de trabajar en este mecanismo, los actores políticos tienen una fuerte ventaja porque el péndulo latinoamericano no tendrá muchos cambios, únicamente habrá elecciones en lo que resta del 2020 y en 2021 en Bolivia, Perú, Honduras y Ecuador con el ex presidente Rafael Correa (aliado de Maduro) con intenciones a la vicepresidencia. La declaración de ilegitimidad requiere solamente 18 votos ante el consejo permanente por lo tanto no hay tanto riesgo de conseguirlos.
Las debilidades de este escenario de declaración de ilegitimidad, es la lucha por el control del poder institucional, muy probablemente se observe a Ortega asignando para el próximo año mayores gastos al sector del ejército y policía como una salvaguarda para evitar deserciones, su mayor temor es perder el poder de la violencia ejercido por estos sectores.
En el 2021 los actores políticos deben consolidar el plano internacional, esta ha sido una exigencia de la misma comunidad internacional, si se elige este escenario los actores políticos, deben tener un trabajo internacional impecable por tres principales razones: la búsqueda de protección en las embajadas en caso de la profundización de las políticas represivas, tener preparado posibles mediadores (Suecia y/o Noruega) en caso de no haber conseguido un poder institucional previo a ello debe tener activados en forma de advertencia la Responsabilidad para proteger, al igual que un paquete de sanciones y por último el potencial respaldo que puede otorgar el Departamento de asuntos políticos de ONU para que sean los encargados de organizar parcial o totalmente unas elecciones.
Este escenario es el menos probable por las resistencias que se pueden generar en los partidos políticos colaboracionistas, no acudir a un simulacro de elecciones organizadas por Ortega significa perder la personería jurídica por la misma presión de la dictadura, para el PLC terminar de figurar como segunda fuerza en un proceso electoral con base a estándares internacionales. La oposición debe analizar estratégicamente que el mejor escenario para acumular poder político es despojando a Ortega de las facultades internacionales (relaciones políticas, diplomáticas y comerciales) y ante la negativa de consiguir el poder necesario se solicita un proceso de mediación internacional donde ambas partes están en iguales condiciones.