El delito de la propalación de contenido sexual, el cual está contemplado con cuatro años de prisión en la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, y hasta ocho años de prisión en la Ley Especial de Ciberdelitos, es una manifestación de la violencia machista y la violencia sexual contra las mujeres, indica Sandra Arceda, socióloga e integrante del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo.

La propalación es cuando alguien tiene posesión de un contenido privado de una persona y lo hace público sin su autorización, aunque esa persona se lo haya dado voluntariamente. Así que si una persona le confía fotos, videos o audios con contenido sexual a su pareja o a alguien más, esta no puede divulgarlos de ninguna forma sin consentimiento, e igualmente nadie puede reproducirlo dentro de la web porque también estaría cometiendo el delito.

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“Si las grabaciones, imágenes, comunicaciones o documentos hechos públicos, son de contenido sexual o erótico, aunque hayan sido obtenidos con el consentimiento, la pena será de dos a cuatro años de prisión”, señala el artículo 196 de la Ley 779. Además, la persona que cometió el delito debe retirar inmediatamente el contenido si fue difundido por internet.

Mientras que la Ley 1042, castiga la revelación indebida de datos o información de carácter personal con ocho años de prisión y doscientos a quinientos días multa, si se trata de material sexual explícito que afecta a un tercero. Cabe destacar, que las personas que siguen reproduciendo este contenido también pueden enfrentar penas de cárcel, aunque ellas no hayan sido la fuente principal de la difusión.

Contemplación en la ley no es suficiente

Pese a que el delito de la propalación de contenido sexual está contemplado en la ley, las instituciones encargadas de garantizar justicia no realizan un correcto abordaje de los casos, revictimizan a las mujeres que son en su mayoría las afectadas, y dejan impunes a los agresores, advierte Arceda.

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“No existe una preparación de las instituciones que administran justicia para tratar con este tipo de casos y no hay un buen abordaje. Esto se trata de un delito de violencia machista y violencia sexual, porque las somos mujeres la mayoría de víctimas de eso. Y la Policía no tiene un mecanismo para hacer las investigaciones y dar con la persona que te expuso ante las redes sociales”, explica.

Aunque la ley es explícita sobre este tipo de violencia, Arceda señala que las personas encargadas de los casos en las instituciones, en vez de investigar a las personas que difundieron el contenido, se dedican a juzgar a las víctimas; ya que les cuestionan haberse tomados las fotos y videos, y muchas veces ven el contenido frente a ellas.

“Nosotras tuvimos un caso donde el investigador le quitó el teléfono a la denunciante, miró el video delante de la víctima y después no quería tomar la denuncia porque la muchacha no sabía quién había publicado el video. Cuando ocurre esto, vos no sabes quién lo hizo, solo tenés sospecha de quién pudo haber sido, pero es la Policía la que debe hacer la investigación”, explica.

“En el caso de la muchacha el investigador le decía “¿por qué hiciste esa cara? ¿por qué tenés esas expresiones? ¿por qué te dejaste grabar”. Ni siquiera respetan tu intimidad. Obviamente fue un video donde accediste a que te grabaran con tu pareja, pero no es desde ahí el abordaje, esas no son las preguntas que un investigador debe hacer”, manifiesta.

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Solo en este año, el Colectivo ha registrado más de 30 casos en Esquipulas, Matagalpa, sin contar el resto de los municipios y los demás departamentos del país. Se trata de un delito ampliamente cometido y que siempre queda en la impunidad en los casos de mujeres adultas.

Propalación puede llevar al suicidio

Las repercusiones de la propalación son tan grandes a nivel emocional y psicológico que a muchas mujeres les da depresión y algunas tienen intentos de suicidio, de acuerdo a los casos que han aborado en el Colectivo. En el caso de que se trate de mujeres jóvenes también son, golpeadas por sus padres, echadas de sus casas o expulsadas de los colegios, y las mujeres adultas pierden sus trabajos

Miurel Arana, activista feminista e integrande de la colectiva Caóticas, señala que la violación a la privacidad de las mujeres incluso les puede crear traumas.

“El primer impacto es la violación a la privacidad porque esa es la palabra, es una violación y sentís que están violándote. Me marcó mucho la frase que dice: me están violando cada vez que están difundiendo mi foto”, expresa.

Esta situación se agrava porque las víctimas son socialmente “linchadas” por vivir su sexualidad y son culpabilizadas de la difusión de sus fotos y videos, mientras que las personas que cometieron el delito de difundirlas son exoneradas.

“No hay una educación que muestre que se tiene que respetar a los demás, su sexualidad y su intimidad, porque cada quien puede hacer con su cuerpo lo que desea. Desde la sociedad se debe de dejar de echar la culpa a la víctima y señalar a las personas que están violentando la privacidad de las víctimas”, indica.

Arana también señala que es importante no solo un acompañamiento adecuado por parte de las autoridades, sino también que creen mecanismos para que se detenga la difusión del contenido a través de redes sociales.

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La Lupa Nicaragua