Un saldo rojo y doloroso dejó la violencia machista en Nicaragua, durante el 2019, cuando se registraron 63 casos de femicidios, de los cuales solo 19 de los autores se encuentran detenidos, mientras 31 son prófugos de la justicia; siete se suicidaron; cinco han recibido sentencia y uno fue asesinado.
Los datos ofrecidos por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) son aterradores, además de los 63 casos de mujeres víctimas de femicidio que dejaron 65 infantes en la orfandad, se registran 64 casos de mujeres que sobrevivieron al intento de acabar con sus vidas.
«Cada año va en aumento, podríamos decir en el 2018 cerramos con 61 femicidios y 50 femicidios frustrados, pero hoy (2019) cerramos con 63 femicidios y 64 femicidios frustrados que lograron las mujeres sobrevivir ya que el objetivo final era terminar con su vida», dice Martha Flores, directora de Católicas por el Derecho a Decidir.
Los datos recabados indican que Managua (12) es el departamento donde se registraron la mayor cantidad de femicidios, seguidos de Matagalpa, Jinotega y la RAAS con siete casos por cada departamento. Las víctimas en su mayoría (18 casos) habrían sido mujeres entre los 18 – 25 años, entre las edades de 26 – 34 años equivalente a 16 casos, y aquellas entre 35 – 49 años que fueron 14 casos.
Entre las características de los autores resaltan que 25 de los femicidas eran pareja de sus víctimas; 10 eran conocidos; once fueron desconocidos y siete exparejas de los cuales 23 usaron armas de fuego para cometer su objetivo; 17 arma blanca y doce atacaron a sus víctimas a golpes.
ESTADO NO SE COMPROMETE
Las organizaciones de mujeres han denunciado la inoperancia Estatal ante la violencia machista, la falta de campañas de prevención de la violencia, así como el desmantelamiento de la ruta de acceso a la justicia indicando que el mayor agravio, que ha sufrido el abordaje de la violencia machista, ha sido la desaparición de las Comisarías de la Mujer.
«Hay un silencio donde el gobierno no tiene compromiso y cada día esto nos hace que crezca la impunidad. No hay justicia en este país y las Comisarías de la Mujer no existen porque la atención no es igual ni especializada como manda la Ley 779», expresa Flores.
A lo que Fátima Millón expresa que «antes las Comisarías contaban con peritos o psicólogos, abogados, trabajadores sociales dentro de la misma Estación policial para que la mujer tuviera un órgano integral y eso se empezó a descontinuar hasta esta época».
Aunque también denuncian el «manoseo» de la Ley 779 que al ser reformada por el Ejecutivo permitió la mediación entre el autor de femicidio y su víctima, un hecho que confabula con la nula atención a las mujeres en las Estaciones de Policía.
«Hay una desconfianza en visitar las Comisarías porque como no existen, entonces hace que las mujeres vivan en una desprotección total porque van a una Estación de Policía y te dicen que hasta que lleves sangre… el no cumplir la ley hace que los hombres se convierten en más machos, más agresores y tienen la libertad de agredir», dice Flores.
A pesar del desolador panorama, de atención al problema por parte de las autoridades del Estado, las organizaciones de mujeres insisten en denunciar la violencia y exigir la apertura de las Comisarías de la Mujer para el cumplimiento de la Ley 779 – Ley integral de violencia contra las mujeres.
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