Este miércoles la policía orteguista se pronunció para negar, una vez más, el permiso de movilización que el movimiento estudiantil solicitó para salir a las calles en conmemoración del Día del Estudiante y en demanda de justicia por los más de 300 asesinados desde abril del 2018, según datos de la CIDH.

A pesar de la prohibición a ejercer un derecho establecido en la Constitución Política, Yaritza Rostrán, líder estudiantil y excarcelada política, explica que no necesitan el permiso de la entidad, hoy convertida en aparato represivo de la dictadura, ya que es un derecho de todo ciudadano a expresarse libre y pacíficamente.

La Policía orteguista capturando a estudiantes universitarios. /Foto de AFP

“Yo no creo que tengamos que esperar una respuesta o permiso de la policía, porque es un derecho constitucional, nadie puede estar encima de la constitución. Considero que se debe marchar porque es un derecho y es parte mantener la resistencia cívica para presionar al régimen”, expresa Rostrán.

El llamado a movilización surge en medio de un incremento de la ola de secuestros y asesinatos en el país. Según datos de la ANPDH, existen 18 casos de asesinatos por causas políticas durante la última semana. Uno de ellos ocurrió este miércoles en Jinotega, donde la policía secuestró a seis jóvenes, entre ellos tres menores de 18 años, y agredió a un niño menor de 12 años.

Hemos estado muy apagados”

Para Rostrán las acciones de la Alianza Cívica no han sido las esperadas ante la gravedad de los últimos sucesos en la nación. Según la estudiante universitaria, esto se debe a la falta de incorporación de otros sectores sociales que deberían estar en la mesa de negociaciones frente a los representantes del régimen de Daniel Ortega.

“La Alianza ha sido un factor desarticulador de la sociedad civil. Lamentablemente hemos estado como apagados, esperando que ellos logren algo en la mesa de negociación, aparte sí se ha querido frenar las protestas civiles por situaciones que se han dado dentro de este espacio. Considero que si la AC hubiera sido más abierta, incluyente y tener una mejor comunicación son los otros sectores de la sociedad, no estaríamos tan desarticulados y apagados”, comenta.

Siendo esto último, la falta de apertura a otros sectores, lo que la excarcelada política considera el problema de origen con la Alianza Cívica. “El problema es que cuando no se incluyen a los actores de la resistencia cívica estos tienden a apagarse un poco, porque no son parte de este proceso de negociación. Se le ha pedido a la Alianza en reiteradas ocasiones que de apertura a otros sectores, pero la respuesta ha sido muy cerrada” , afirma.

UNEN como brazo represivo en los recintos

La universitaria Yaritza Rostrán/Foto: Oscar Navarrete

Aunque no existe documentada una cifra exacta de los estudiantes expulsados a raíz de la rebelión cívica, Rostrán asegura que el dato es mayor a los 150 universitarios que se les ha prohibido el derecho a estudiar por estar vinculados a las protestas.

“Más de 150 expulsados de las universidades públicas han sido vetados por el gobierno. Aunque existen otros estudiantes que no han querido denunciar los casos por miedo a represalias. Entonces les hemos dicho que no perdamos la comunicación entre nosotros los expulsados, para ver de qué manera podemos visibilizar esta violación de un derecho humano a la educación y pedir que se dé una respuesta de parte de las instituciones universitarias”, explica.

Este hecho, según «María Pérez», nombre ficticio de una ex estudiante de Medicina de la UNAN-Managua y quien hoy se encuentra exiliada, es resultado del control que durante años UNEN sostuvo en las universidades y el clientelismo estudiantil alimentado con la entrega de bonos y beneficios.

“En el momento que yo era estudiante, habían fiestas privadas de los representantes de la carrera que eran de UNEN. Te daban bonos alimenticios solo si eras su amigo, a veces llegaba a pedir un bono y me decían ya no hay. Los bonos de copia nunca los conocí porque se los repartían entre ellos mismos. Igual con las becas algunas eran legales otras no y si te expresabas mal del gobierno ya te decían traidor, vende patria”, relata.

Pérez estuvo atrincherada en la UNAN-Managua, dando asistencia médica a los heridos producto de los enfrentamientos. Es sobreviviente de la masacre en la “Divina Misericordia”, donde fueron asesinados dos universitarios, producto del ataque de paramilitares sandinistas que portaban armas de guerra. Ahora es solicitante de asilo político en un país europeo.

“La lucha estudiantil se dio porque eran demasiados abusos en tantos años del dictador Daniel Ortega, después de asesinar jóvenes sin ningún reparo el descontento popular era masivo. Muestra de la resistencia ciudadana y estudiantil fue la toma de los recintos universitarios no solo para pedir la autonomía, sino por la libertad de nuestro país”, ratifica.

Más acciones concretas

Al igual que Rostrán, María opina que la Alianza debería ser más concreta en sus acciones frente a los atropellos que mantiene el régimen a la sociedad civil.

Estudiante asesinado por turbas orteguistas en la marcha del Día de las Madres en mayo de 2018/ Foto La Prensa.

“Creo la Alianza debería de replantearse su organización. No puede ser que se defraude a la población,además se necesita más beligerancia de su parte”, también concuerda que “que hay voces disidentes y coherentes que deben de estar ahí”, siendo parte de la alianza en la mesa de negociaciones.

Esta tarde, los estudiantes saldrán nuevamente a las calles, a pesar del riesgo que conlleva para su libertad individual y sus vidas.

“Miré a estudiantes morir a manos de la dictadura de Ortega-Murillo, además de los miles de exiliados, los presos que aún están sufriendo y los que no pueden tener una vida normal por el acoso constante de los esbirros del dictador. No hay motivos de algarabía en un país que asesina al futuro. Se debe seguir luchando por nosotros, y los que ya no están”, finaliza “María”.

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