El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo percibe a las mujeres integrantes del movimiento feminista como una “amenaza política y social”, por lo que ha usado a través de los años “patrones diferenciados de represión” en contra de ellas, revela el informe Persecución política por motivo de género en Nicaragua: ni silencio ni olvido.

Las lideresas, integrantes, simpatizantes y familiares del movimiento feminista han sido víctimas de “detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de asociación y expresión”. 

El informe elaborado por el Consorcio sobre Género en Nicaragua —integrado por el Centro Guernica para la Justicia Internacional, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y activistas y defensoras de derechos humanos independientes—, también describe que las mujeres feministas también han sido víctimas de “criminalización judicial, estigmatización pública, así como actos de violencia física, psicológica y sexual, cometidos en contextos de privación de libertad o control estatal”. 

Para este informe analizaron 120 casos vinculados al movimiento feminista y de mujeres ocurridos entre abril de 2018 y 2024:

  • 42 casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que incluían violencia sexual, amenazas vinculadas a la maternidad y otras formas de violencia de género. 
  • 52 detenciones arbitrarias, en 50 de ellas se detallan las condiciones de detención y en 46 el proceso de excarcelación. 
  • 61 casos de personas forzadas al exilio, 28 de ellas desterradas, o que sufrieron pérdida arbitraria de la nacionalidad y confiscación de bienes. Los 33 casos restantes corresponden a exilios derivados de la situación de hostigamiento, amenazas y vigilancia constante que las personas sufrieron después de su excarcelación o antes de una detención inminente.

Existe un “patrón previo” de ataques a feministas

“Prostituta”, “hija de puta”, “vagas, perras”. Esos fueron algunos de los insultos que recibieron lideresas, activistas y defensoras del movimiento feminista y de mujeres en Nicaragua bajo custodia del Estado.

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Estas conductas —señala el documento publicado el 25 de febrero de 2026— no responden únicamente a la “oposición política real o percibida de las víctimas, sino que se encuentran atravesadas por una motivación discriminatoria basada en el género”. 

De acuerdo con el informe, la persecución y represión ejercida por el régimen está “orientada a sancionar el liderazgo de las mujeres, la autonomía corporal y la transgresión de roles de género socialmente impuestos”.

La represión ejercida por el gobierno Ortega-Murillo desde abril de 2018 “profundizó un patrón previo de estigmatización, criminalización y desmantelamiento institucional”, dirigido contra el movimiento feminista y de mujeres desde 2007.

Cuando en abril de 2018 estallaron las protestas —primero por el incendio de la reserva Indio Maíz, luego por las reformas al sistema de seguridad social—, el movimiento feminista ya tenía décadas de trabajo territorial. 

Lideresas de todo el país ocuparon micrófonos, organizaron tranques, montaron clínicas de emergencia en universidades y acompañaron a las familias de presas políticas. Esa visibilidad las convirtió en blanco del régimen.

Murillo inclusive construyó un relato para justificar el ataque. En una proclama del 22 de noviembre de 2018 llamó a las feministas “activistas políticas con nombre de mujer” y las acusó de querer “destruir a las mujeres y a las familias nicaragüenses”.   

Organizaciones aniquiladas en Nicaragua

El desmantelamiento fue también institucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que solo en 2020 el régimen cerró el 78% de las organizaciones del movimiento feminista. 

El Registro Mesoamericano de Agresiones de IM-Defensoras contabilizó 282 organizaciones feministas canceladas hasta abril de 2025.  

“Entre las organizaciones más afectadas se destacan las que trabajaban en torno a violencia de género, empoderamiento económico, promoción de la salud y derechos sexuales y reproductivos de mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas”, señala el informe.

Se advierte que nada de esto comenzó en 2018. El quiebre se produjo en 1998, cuando el movimiento feminista respaldó a Zoilamérica Narváez en su denuncia de abuso sexual contra Ortega. Desde entonces, las feministas fueron tratadas como enemigas.  

Agresiones digitales contra feministas 

Las plataformas digitales se transformaron en instrumentos de “represión, control y vigilancia” contra el movimiento feminista y de mujeres.

Estas prácticas se manifestaron principalmente a través de redes sociales, blogs y medios oficialistas, donde se reprodujeron hechos discriminatorios que buscaron silenciar voces críticas, deslegitimar demandas y limitar el ejercicio de derechos. 

El régimen Ortega-Murillo “vigiló, amenazó, intimidó, creó campañas de desprestigio, emitió noticias falsas, y publicó información privada, incluyendo domicilios y otros datos personales” de feministas y mujeres. 

En 11 de los 120 casos analizados las acusaciones oficiales incluyen como prueba publicaciones de redes sociales con supuestos posicionamientos contra la dictadura.

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La Lupa Feminista