Un grupo de periodistas independientes realizaron un acto de protesta y denuncia, desde las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), ante las graves violaciones a sus derechos y agresiones, cometidas por el régimen orteguista en los últimos días.

Los comunicadores, atados de manos con cadenas, cintas negras en sus ojos y bocas; y carteles exigieron que se respete la libertad de expresión y libertad de prensa en Nicaragua.

“Informar es mi derecho, reprimir es un delito”, gritaron a todo pulmón los periodistas desde una de las salas de conferencia de la CPDH.

Además, expusieron que su demanda es por el ejercicio pleno del periodismo independiente, el cese de la violencia y el respeto de la Constitución Política de Nicaragua, que establece la libertad de dar y recibir información.

David Quinta, periodista del Boletín Ecológico, se presentó a al CPDH para denunciar la agresión de la que fue víctima la tarde de este tres de marzo.

“Fui atacado. Eso estaba dirigido. Todo fue porque una turba que iba pasando agarró a patada el portón, entraron y como 25 personas (enviadas por el régimen orteguista) entraron a golpear a los periodistas”, señaló Quintana.

Asimismo, explicó que -al ser alcanzado por las turbas orteguistas- entre siete y ocho personas lo golpearon hasta dejarlo aturdido. “Me pegaban en la cara, costillas, piernas. Me quitaron mi billetera, me quitaron mi cédula y otras pertenencias que portaba en mi canguro”, lamentó Quintana.

Los orteguistas que robaron y agredieron a Quintana usaron sus tarjetas para pagar comida en una gasolinera. “Son unos sinvergüenzas”, insistió.

ALTO RIESGO

El periodista del Boletín Ecológico aprovechó para denunciar que -durante la paliza- sintió que el objetivo de los orteguistas era matarlo. “ Su objetivo era matarme. Uno de ellos me dio un puntapié en la cabeza, que me dejó aturdido”, dijo el comunicador.

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Además, aprovechó para señalar que la salud de Hans Lawrence, otro de los periodistas que fue agredido y robado por las turbas de la dictadura orteguista, continúa en “observación médica”, puesto que continuó vomitando sangre luego de la golpiza que le propinaron.

Según Quintana, esta es la quinta o la sexta ocasión en la que las turbas y policías del régimen orteguista lo golpean para impedir su derecho a informar.

“Sentí que mi vida corrió peligro. Esta es la quinta o la sexta ocasión en la que me golpean. En esta, uno de ellos me dijo ´esto te pasa (la golpiza) por lo que estás informando, por lo que hablas´”, comentó el periodista. 

La abogada María Oviedo, defensora de derechos humanos de la CPDH, apuntó que irán a todas las instancias nacionales e internacionales a denunciar estas agresiones que sufrieron los periodistas el pasado tres de marzo.

“El Estado no está garantizando los derechos fundamentales de los nicaragüenses…Vamos a llevar el caso hasta las instancias internacionales y vamos a pedir medidas cautelares a la CIDH (Comisión Permanente de Derechos Humanos). Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió Oviedo.

El pasado 25 de febrero, fue el día con más ataques a la prensa por parte del régimen de Daniel Ortega, ordenando la agresión de al menos 25 reporteros por policías cuando cubrían piquetes exprés.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) se sumó a la denuncia sobre las graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua.

En conferencia de prensa, la organización resaltó los 13 casos de femicidios en tan solo los primeros meses del 2020, asesinatos en el campo, los más de 404 delitos contra la libertad de prensa, la militarización del campo y la ciudad, el encarcelamiento que continúan sufriendo 73 opositores y el asedio permanente a más de 80 activistas miembros de la UNAB.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se unieron a la condena del ataque a periodistas independientes.

Ambas organizaciones urgieron al Estado de Nicaragua «restablecer las libertades de reunión, religiosa, de prensa y de expresión, que siguen suspendidas o gravemente limitadas en el contexto de la crisis de derechos humanos, afectando el orden democrático».

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