Penalización del aborto en Nicaragua: El Estado contra las mujeres

Por Ana Cruz y Maryórit Guevara

16,400 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madre en los hospitales públicos de Nicaragua, entre 2006 – 2016, según la Base de Datos de nacimientos del Ministerio de Salud (Minsa), un hecho que se vuelve más aterrador cuando se conoce que, al menos el 50 por ciento de los embarazos en niñas y adolescentes son producto de violencia sexual, indica una encuesta del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifan), siendo la principal consecuencia, según las organizaciones feministas, de la penalización absoluta del aborto.

En 2017, las víctimas de maternidad impuesta se incrementaron en 1,737 niñas menores de 14 años, revela la Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), que además devela que el 24.7 por ciento del total de embarazos anualmente corresponden a mujeres entre 15 y 19 años, dato que ubica a Nicaragua en el primer lugar de embarazo adolescente en Latinoamérica.

Una realidad que ha sido constantemente denunciada por las organizaciones feministas, por constituir una grave violación a los derechos humanos y la integridad de las niñas y mujeres, por parte del Estado al «imponerles» una maternidad que no han elegido, pero que además ha sido resultado de un hecho «traumático de violencia sexual que podría considerarse tortura».

«Que ocurre cuando, por ejemplo, cursas un embarazo producto de violencia sexual, es obvio que en este país no podés optar por interrumpir un embarazo… no solo te obligan a pasar impunemente por una situación de violencia, sino que además te imponen una maternidad y sobretodo en niñas menores de 14 años que implica una tragedia para sus vidas y sus familias… al final son derechos humanos y con esta restricción son completamente violatorios», denuncia la activista feminista, Mayte Ochoa.

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“Es decir, el Estado obliga a las mujeres a hacer cosas que no quieren; a gestar cuando no quieren; a cargar en su cuerpo el producto de una violación; a ejercer una maternidad que no han elegido, incluso a estar en riesgo de perder la vida o de sufrir daño a su salud física y emocional, y eso es tortura”, agrega María Teresa Blandón, socióloga, defensora de derechos humanos y directora del Programa Feminista La Corriente.

El Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) ha expresado que la prohibición total del aborto puede constituir tortura o maltrato, ya que pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna. Ante este argumento, en 2009 solicitó al Estado de Nicaragua estudiar la posibilidad de prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto y evitar penalizar a los profesionales de la medicina en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales. Pero la respuesta ha sido el silencio.

La criminalización absoluta del aborto, según los artículos 1, 2 y 16 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es para las organizaciones “violatoria” y vulnera el derecho de las mujeres a no ser sometidas a tortura o malos tratos, al provocar que las niñas y mujeres nicaragüenses que desean interrumpir un embarazo, pongan en peligro su bienestar físico, mental y social, y sean forzadas a continuar con embarazos en contra de su voluntad.

“El Estado tiene que responder a los derechos de la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación. La Constitución Política dice que las mujeres no podemos ser discriminadas en razón de nuestro sexo y con la penalización del aborto se ve violado en grado extremo porque nos están penalizando por una condición biológica, que es la que explica que somos nosotras las que podemos alojar una nueva vida en potencia y que somos las que parimos, amamantamos, entonces viola derechos que son inherentes, que son fundamentales sin los cuales otros derechos van a carecer de sentido y viabilidad”, replica Blandón.

El aborto como un problema de salud pública

El aborto es considerado, por las organizaciones feministas, como un problema de salud pública por encontrarse entre las primeras causas de muertes maternas. Aunque los datos recientes del Ministerio de Salud (Minsa) no registran ni en 2020 ni en 2019 casos relacionados. En 2018 se contabilizaron cinco muertes maternas por embarazos terminados en abortos.

Las cifras son cuestionadas por las feministas que señalan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de «ocultar el impacto que la penalización absoluta del aborto tiene sobre las tasas de muertes maternas. Por eso ha ocultado la información como secreto de Estado o bien no ha clasificado algunas muertes maternas como producto de abortos».

Nicaragua ha experimentado una sorprendente reducción en muertes maternas, desde 2006, cuando se penalizó el aborto, las muertes maternas se calculaban que ascendian a 93 por cada 100 mil nacidos. Hasta septiembre de 2020 se registran 30 muertes maternas en todo el territorio nacional.

En el Mapa Nacional de la Salud en Nicaragua para el año 2019 registra como Causas de Hospitalización de Mujeres Embarazadas un total de 9,262 casos de «embarazos terminados en abortos». Sin embargo, la información oficial no detalla si estos abortos fueron espontáneos o inducidos, las edades de las mujeres y si estas sobrevivieron.

«Los egresos de embarazos terminados en aborto pueden darse por alguna enfermedad durante el embarazo, un aborto espontáneo, pero eso es lo menos que hay ahí (en el registro) porque muy probablemente dentro de esos casos de egresos de embarazos terminados en aborto, hay mujeres a las que se les complicó la maniobra (de aborto inseguro). Entonces, esos son abortos en curso o abortos completados», explica el salubrista, Carlos Hernández del Comité Científico Multidisciplinario.

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A criterio de Hernández son «verdaderas emergencias porque de ahí a la muerte hay un paso», aunque el Mapa Nacional de la Salud en Nicaragua tiene ese vacío, al no brindar detalle sobre la atención tomando en cuenta que pueden haber muchas complicaciones vinculadas a «infecciones y hemorragias», siendo esta la principal causa de muerte materna según el Minsa.

Para la ginecóloga obstetra Patricia Pérez la penalización absoluta del aborto ha tenido como consecuencia que las mujeres opten por métodos «inseguros», lo que incrementa los riesgos de «mortalidad por infecciones, por hemorragias, por desgarros o perforaciones de útero».

Pérez apunta que existen casos de mujeres que ante la imposibilidad de acceder a un servicio público donde se le practique de forma segura el aborto, «proceden a introducirse alambres, perchas u otros objetos en sus partes íntimas», como medida extrema ante la falta de repuesta a su demanda, lo que puede provocar una perforación uterina o una hemorragia y que ocurra una muerte materna.

A largo plazo advierte la ginecóloga, una mujer que se ha sometido a un aborto «inseguro» y «más si tuvo alguna complicación, puede tener incluso problemas de fertilidad y afectaciones psicológicas». En el caso de las menores de entre 12 y 16 años, apunta la experta, el riesgo de un aborto «inseguro» es «mucho más alto», pues el cuerpo de las niñas se encuentra en desarrollo y en estos casos, en su mayoría por no decir todos, son producto de violaciones que, evidentemente, las deja con graves secuelas psicológicas.

El aborto como un arma política

El 26 de octubre de 2006, la Asamblea Nacional con 52 votos a favor: 28 del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); 18 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y 6 de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) derogó el artículo 165 del Código Penal que por 169 años garantizó el derecho al aborto terapéutico en Nicaragua.

Durante los 14 años de penalización del aborto, las organizaciones feministas han introducido ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 38 recursos por inconstitucionalidad en contra de la Ley 603 – Ley de derogación del artículo 165 del Código Penal – publicada el 17 de noviembre de 2006 en La Gaceta Diario Oficial, así como 72 recursos parciales contra la Ley 641 – Código Penal – pero hasta la fecha, su presidenta Alba Luz Ramos, no ha brindado repuesta.

“Hay una alianza brutal contra las mujeres. En 2006 fue promovida por el PLC y varios argumentos tiene que ver con el rol natural de las mujeres, que tienen que ser madres. Algunos de los diputados mencionaban que las verdaderas mujeres estaban hechas para parir. El hecho de estar en un contexto electoral convertía este punto en un debate fuerte que involucraba a todas las fuerzas políticas”, rememora Ochoa.

Por su parte, Blandón estima que «el discurso que subyace en esa estrategia, es congraciarse con los sectores más conservadores de la sociedad e intentar un aval en el marco de un proceso electoral. El tema de utilizar los dilemas de las mujeres en el ámbito reproductivo para evitar que a posibles adversarios puedan entorpecer sus ansias de poder».

Hace cinco años, Rosario Flores formó parte del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico e impulsó una iniciativa para despenalizar algunas causales del aborto priorizando la protección de la vida de las mujeres, la violación y malformaciones congénitas, pero tampoco prosperó. La botaron rápido, obviamente, hay intereses políticos», se lamenta.

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En el actual contexto, el aborto ha sido objeto de mención por parte de Rosario Murillo, vocera del régimen sandinista, quien ha señalado a las organizaciones feministas de promoverlo, practicarlos e incluso hacer enlaces desde las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, un hecho que las aludidas han negado. Sin embargo, sostienen que la vida y el respeto a los derechos de las niñas y de las mujeres «debe estar en el centro de los cambios que demanda el país».

“La concepción que tenemos de la democracia las feministas no es del cuerpo para afuera. La democracia sino empieza desde el propio cuerpo no es democracia no podemos ser ciudadanos y ciudadanas libres si no tenemos la capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas. Ni el Estado ni la iglesia puede imponerle ni a los hombres ni a las mujeres sus elecciones. Necesitamos políticos que sean empáticos, que sean respetuosos de la ley, que reconozcan realmente la igualdad de derechos y oportunidades como un valor y que en su ejercicio sean congruentes con esa perspectiva democrática”, apunta la defensora María Teresa Blandón, que admite que la lucha por la restitución del aborto “será larga”.

El Estado de Nicaragua también ha desoído las reiteradas recomendaciones por parte de Comités de Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos en las que solicitan la revisión de las leyes que penalizan el aborto, a fin de garantizar el acceso a servicios de aborto seguros, “por lo menos en aquellos casos en los que la salud o vida de la mujer está en riesgo y cuando el embarazo es producto de violencia sexual”, de conformidad con los compromisos internacionales del Estado de proteger los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres nicaragüenses.