Con estas reformas Daniel Ortega controlará a partir de ahora el ejercicio profesional de abogados y notarios y contadores públicos, a través de la reforma a la Ley 977, quienes ahora están obligados a revelar secretos de profesión de sus defendidos.

La bancada sandinista en la Asamblea Nacional reformó la Ley Contra Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas enviada por el Ejecutivo para controlar y obligar a los abogados y notarios a denunciar a sus clientes.

La medida enviada por Daniel Ortega incluye como sujetos obligados por la ley a los abogados y notarios, así como los contadores, para que denuncien cualquier tipo de operaciones que consideren sospechosas y que estén vinculadas con financiamiento al terrorismo, lavado de activos y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Esta es la tercera reforma que impulsa Ortega para criminalizar cualquier tipo de manifestación contra su gobierno, ya que en julio del año pasado, en plena crisis social, envió a la Asamblea Nacional y con carácter de urgencia, la primera reforma que establecía sanciones con penas de 15 a 20 años de prisión a todos los opositares al régimen que participaran en actos calificados como terroristas.

La segunda reforma también impulsada por Ortega obligaba a bancos, microfinancieras, casas de cambio de moneda, casas de empeño, agencias de envíos de remesa, casinos, salas de juegos de azar, comerciantes de vehículos nuevos y usados, corredores de bienes raíces y prestadores de servicios de traslado de valores, bienes y activos a declarar cualquier tipo de transacción financiera mayor a 500 dólares, entre ellas las remesas.

Los argumentos del Ejecutivo y la Asamblea Nacional es que con esta reforma se fortalecerá la estrategia del muro de contención contra el crimen organizado y narcotráfico internacional, sin embargo, la medida pretende criminalizar cualquier tipo de expresión popular.

Además sostienen que con la reforma fortalecen la seguridad económica del país, por lo que advierten a los abogados y notarios que deben aplicar esta nueva medida, de lo contrario podrían ser sancionados por el organismo designado para su cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia.

Los legistadores sandinistas también aprobaron la reforma de la Ley 853, Ley para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura, con la que otorgan a Ortega la facultad de nombrar a los representantes de la empresa privada en el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec).

A cambio de estas reformas, Ortega mandó a exonerar el pago de impuesto del Fondo para el Fomento, Transformación y Desarrollo de la Caficultura , a las exportaciones de café arábigo cuyo rango de precio promedio sea menor a 100 dólares, y el café robusta cuyos precios internacionales sean menor a 70 dólares.

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La Lupa Nicaragua