Dictadura entrega muerto a preso político que había secuestrado
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El opositor y preso político Mauricio Alonso Prieto murió bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de haber sido secuestrado de forma arbitraria por “encapuchados” el pasado 18 de julio de 2025, en el marco de una redada represiva.
El secuestro de Alonso Prieto ocurrió durante la “madrugada” una serie de operativos ejecutados entre el 12 y 18 de julio, cuando la Policía orteguista y grupos parapoliciales realizaron allanamientos y detenciones arbitrarias en varios departamentos.
Su esposa, también secuestrada en esa redada, fue liberada pocas horas después de la detención, pero él y su hijo permanecieron encarcelados injustamente.
Tras semanas de exigencias de su familia por información sobre su paradero y salud, las autoridades entregaron el cuerpo sin vida de Alonso Prieto, denunció este 25 de agosto el Instituto Segovia para el Liderazgo y la Transformación Social en el Exilio Político en un comunicado.
“Su familia desesperada buscó al opositor Alonso en las cárceles y hasta en hospitales y nunca lo dejaron ver (…) Hasta el día de hoy, su familia recibe una llamada de Medicina Legal y lo están entregando muerto”, denunció el Instituto.
El Instituto La Segovia sostiene que la muerte de Alonso debe sumarse al registro de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que investiga el Grupo de Expertos de Naciones Unidas.
Tres presos políticos muertos en custodia
Este caso evidencia un patrón de muertes en cárceles y centros de detención controlados por la dictadura.
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El 25 de agosto, más de un mes después de su captura, la dictadura entregó su cuerpo a los familiares, confirmando su muerte sin ofrecer explicaciones sobre las circunstancias.
El Instituto Segovia denunció el hecho como un crimen de “lesa humanidad” y pidió a los organismos internacionales tomar acciones contundentes ante la gravedad de la situación.
Al fallecimiento de Mauricio Alonso P., el régimen Ortega-Murillo suma también lo siguientes casos:
- El 12 de febrero de 2022, cuando se oficializó su muerte, el general en retiro Hugo Torres Jiménez, de 73 años, tenía 244 días encarcelado. Su familia había denunciado durante meses la falta de atención médica adecuada.
- El 16 de mayo de 2019, el prisionero político Eddy Montes fue asesinado por custodios del Sistema Penitenciario “La Modelo”.
Este patrón confirma lo señalado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN), que en sus informes ha concluido que el régimen Ortega-Murillo comete crímenes de lesa humanidad en el marco de una política sistemática contra la oposición.
Persiste represión y persecución
En los últimos dos meses, la mayor parte de las detenciones se concentraron en Carazo, aunque también se registraron capturas en Masaya, Granada y Managua, de acuerdo con el Monitoreo Azul y Blanco.
Estas acciones se ejecutaron sin órdenes judiciales, con el uso de violencia y en presencia de familiares, lo que ha sido documentado como una práctica sistemática del régimen.
El Monitoreo Azul y Blanco reportó que al menos 28 personas continúan desaparecidas desde esa redada, entre ellas cinco núcleos familiares completos.
Actualmente, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabiliza 54 personas encarceladas y secuestradas arbitrariamente, aunque el número real podría ser mayor.
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Desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas cívicas, al menos 1,459 personas han sido reconocidas como presas políticas en Nicaragua. Aunque algunas han sido liberadas o desterradas, las detenciones arbitrarias continúan como un mecanismo central de control político.
La desaparición forzada se ha consolidado como una herramienta represiva del régimen.
Las personas detenidas permanecen incomunicadas, sin acceso a abogados ni familiares, y bajo condiciones de tortura física y psicológica. En muchos casos, como el de Alonso, sus familias no reciben información alguna hasta que los opositores aparecen muertos.
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