La noción de necropolítica fue desarrollada por el filósofo camerunés Achille Mbembe en su ensayo Necropolitics en el año 2003, para describir cómo el poder soberano moderno no solo se manifiesta en el control de la vida, como sostenía Michel Foucault, sino en la capacidad de decidir quién debe morir y en qué condiciones. En este marco, el Estado no solo gobierna cuerpos, sino que impone la muerte como política pública.

En Nicaragua, este concepto adquiere una encarnación trágicamente concreta que se visibiliza en 2018, cuando el régimen Ortega-Murillo convirtió la represión en una arquitectura sistemática de eliminación.

Una de las primeras fases del desarrollo de esa necropolítica fue la muerte política y jurídica. A partir de 2021, el Estado inició una ola de cancelaciones masivas de personerías jurídicas de partidos políticos, universidades, cámaras empresariales y organizaciones de sociedad civil. Según el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (2025), más de 5 000 organizaciones fueron ilegalizadas sin debido proceso ni mecanismos de apelación.

Este desmantelamiento de la sociedad organizada buscaba eliminar toda posibilidad de crítica, representación o incidencia desde fuera del aparato estatal. Como parte de este proceso, se obstaculizó el derecho a la participación política incluso en su forma más mínima: asociaciones culturales, redes de mujeres, proyectos ambientales y centros educativos fueron clausurados y sus bienes, confiscados.

Le siguió la muerte civil. El 15 de febrero de 2023, una sentencia judicial retiró arbitrariamente la nacionalidad nicaragüense a 94 personas, entre ellas activistas, escritores, defensores de derechos humanos, periodistas y religiosos. En total, más de 300 personas fueron desnacionalizadas en el mismo mes.

De acuerdo con el Grupo de Expertos sobre Nicaragua en su informe de 2025, estas personas fueron eliminadas de registros civiles, catastros, universidades, pasaportes, registros migratorios y propiedad. El Alto Comisionado de la ONU señaló que esta medida representa una forma de “aniquilación jurídica y simbólica”, una muerte civil institucionalizada e irreversible (Grupo de Expertos, Informe 2025).

Luego avanzó la muerte económica. Según el informe de Hagamos Democracia (2024), solo un grupo de 36 personas desnacionalizadas perdió propiedades confiscadas por un valor total de más de 17 millones de dólares.

Además, al menos 30 organizaciones de la sociedad civil perdieron 41 propiedades, valoradas en 8,4 millones. Más de 3 500 organizaciones fueron disueltas por motivos administrativos o políticos. Esta política de despojo patrimonial se convirtió en un castigo dirigido contra quienes piensan diferente, privándolos no solo de sustento, sino también de comunidad, legado y memoria (Hagamos Democracia, Informe 2024).

Pero hay una muerte que nunca cesó: la muerte física. Desde la desaparición y asesinato de los contras hasta hoy, el asesinato, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada han sido constantes.

El Grupo de Expertos sobre Nicaragua (2023) documentó más de 350 muertes en el contexto de las protestas de 2018. Desde entonces, se ha consolidado un patrón de represión transfronteriza. En 2025, Roberto Sancam, exiliado político y defensor de derechos humanos, fue asesinado en Costa Rica. Su caso, como el de otros activistas asesinados o amenazados en el exilio, demuestra que la necropolítica no reconoce fronteras.

De acuerdo con Mbembe en Necropolitics (2003), el poder moderno no solo decide quién vive, sino también quién puede ser visible y reconocido como sujeto de derechos. La excepción es la norma cuando el Estado usa la ley para negar la vida y convierte la muerte en instrumento de Estado.

En Nicaragua, esa excepción se aplica de manera selectiva: el adversario no es solo castigado, sino borrado de toda existencia legal, simbólica y material.

Sé que me escapo un poco de la idea central de la necropolítica, pero me picaba por vincularlo por quien soy. Pienso en cómo muchas personas al ser canceladas, exiliadas, confiscadas, o eliminadas jurídicamente están hoy enfrentando algo que las personas trans y no binarias hemos vivido desde siempre: el no existir legalmente, no tener acceso a un nombre reconocido, a un género respetado, a un documento válido, a una historia que importe.

El Estado nicaragüense nunca nos otorgó ese mínimo derecho al reconocimiento, ni siquiera para luego quitárnoslo. Para muchas de nosotras, la necropolítica no empezó con Ortega, sino con la negación estructural de nuestra existencia misma.

Quizás ahora que algunas personas han experimentado lo que significa ser borradas del papel, de las bases de datos, del sistema, pueda surgir una comprensión más profunda de lo que implica vivir fuera del marco legal y simbólico del Estado. Tal vez, en este terreno compartido del no-ser, nazca también una forma de solidaridad radical. Porque resistir la necropolítica no es solo defender el derecho a no morir: es, sobre todo, luchar por el derecho a existir.

Referencias

Achille Mbembe. (2003). Necropolitics. Public Culture, 15(1), 11–40. https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11

Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua. (2025). Informe anual sobre derechos humanos en Nicaragua. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. https://www.ohchr.org/es/documents/reports/a-hrc-55-25-situation-human-rights-nicaragua-report-group-human-rights-experts

Hagamos Democracia. (2024). Informe sobre bienes confiscados y despojo económico en Nicaragua. https://hagamosdemocracia.org/informe-confiscaciones-2024

Unión de Derechos Humanos. (2024). Desapariciones forzadas y destierros en Nicaragua: Crímenes de Estado y exilio perpetuo. https://unionddhh.org/informes/desapariciones-nicaragua-2024

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2023). Declaración sobre la desnacionalización y la apatridia en Nicaragua. https://www.ohchr.org/es/press-releases/2023/02/nicaragua-un-experts-condemn-denationalization-and-persecution-dissidents

El País. (2024–2025). Reportajes sobre confiscaciones y represión judicial en Nicaragua. https://elpais.com/america/nicaragua

Prensa Independiente Nicaragüense. (2023). Caso Roberto Sancam: El exilio como sentencia de muerte. (Varios artículos en plataformas como Divergentes, Despacho 505, Confidencial). 

Perfil del autor
Vlada Krasova Torres