ONU: El Estado de Nicaragua contribuye a incrementar la violencia contra las mujeres
Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU denuncia el deterioro del acceso a la denuncia de las mujeres nicaragüenses.
Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU denuncia el deterioro del acceso a la denuncia de las mujeres nicaragüenses.
La persecución contra defensoras de derechos humanos, el cierre de organizaciones de la sociedad civil y la liberación de agresores de mujeres, son parte de las acciones que comete el Estado de Nicaragua, dejando a las ciudadanas nicaragüenses más “vulnerables a posibles hechos de violencia”, denunció el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de su informe de “conclusiones” sobre la situación de Nicaragua.
El documento incluye un apartado completo en el que se denuncia “el impacto de la represión sobre las mujeres y su entorno” en Nicaragua, resaltando el deterioro del acceso a la denuncia al que ahora se enfrentan las ciudadanas nicaragüenses, tras el cierre arbitrario e ilegal de más de 3000 oenegés, desde 2018, entre ellas más de 150 organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres.
“Mediante la cancelación masiva de estas organizaciones dedicadas a trabajar en la atención y protección de las mujeres, el Estado ha contribuido a incrementar la condición de vulnerabilidad de ese grupo poblacional frente a posibles hechos de violencia, incluidos los perpetrados por terceros”, denunció el Grupo de Expertos en sus conclusiones.
Además, señaló que las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de mujeres, al ser canceladas y perseguidas por defender derechos, “ya no pueden acompañar a las mujeres víctimas de violencia a interponer denuncias ante el sistema de justicia, por ser consideradas opositoras al régimen”.
Los expertos de la ONU apuntan que documentaron que las autoridades del Estado de Nicaragua, en especial los miembros de la Policía Nacional, ejecutan acciones para “disuadir” a las mujeres víctimas de violaciones a sus derechos de acudir a las oenegés, argumentando que “ya están canceladas, ya no existen, o ya no hay que hacerles caso”.
“El contexto de polarización y de desconfianza imperante en el país contribuyen a disuadir a las mujeres de presentar denuncias. No hay opción para las mujeres, no pueden hacer denuncias puesto que saben que no va a proceder. Les pasaba antes; sin embargo, ahora va a depender quién es su agresor y su posición política. No hay condiciones dadas a nivel institucional para la defensa, para la denuncia”, indica el informe.
La ONU resaltó que aunque en el país hay un aumento de la violencia contra las mujeres, según los datos de la sociedad civil, el Estado de Nicaragua mantiene “limitado” el acceso ala información sobre la prevalencia de las diferentes formas de violencia.
Las cifras más actualizadas, encontradas por el Grupo de la ONU, sobre violencia contra mujeres son las del Instituto de Medicina Legal, que entre enero y agosto de 2022 registraron 467 peritajes médico legal por violencia sexual, 50 más que en el mismo periodo en 2021.
En cuanto a las muertes violentas de mujeres, criticaron los expertos, Medicina Legal “sólo notifica la práctica de peritaciones tanatológicas (identificación de causas de muerte) sobre mujeres, sin precisar en qué marco se realizan”.
En 2022, un total de 68 mujeres fueron víctimas de femicidio producto de la violencia machista que impera en el país, según las cifras de Católicas por el Derecho a Decidir.
Lea: Sin precedentes: 220 femicidios frustrados en 2022
Los expertos de la ONU recordaron que parte de las preocupaciones de la sociedad civil defensora de los derechos de las mujeres están también enfocadas en las “ola de liberación de reos”, decretadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en algunos casos “se trataría presuntamente de hombres condenados por casos de violencia o abusos hacia las mujeres”.
“Su liberación representa no sólo un peligro para las mujeres que denunciaron su violencia, sino también para las defensoras que atendieron y acompañaron a las víctimas durante el proceso”, señala el informe.
La Lupa registró que seis criminales beneficiarios de indultos, entre 2019 y 2022, otorgados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cometieron femicidios y violaciones contra mujeres posterior a ser liberados. Los sujetos identificados son: Bryan Jordan Flores, Óscar Manuel García Flores, Alfredo Antonio Lara Ortíz, Ramiro José Urbina, Antonio de Jesús Blanco Mora y Marvin Rodwell Terry McCoy.
El Grupo de Expertos de la ONU también denunció la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos, que en los últimos cinco años, de forma sistemática han sido perseguidas por ejercer su labor.
“La represión en contra de defensoras y lideresas tiene también un impacto colectivo y comunitario en las comunidades donde las defensoras trabajan, tanto por tener un carácter ejemplificador como desarticulador. Tiene consecuencias en particular sobre la participación política de las mujeres y su tejido social”, señala el documento.
También, apunta que las mujeres que se dedican a la defensa de derechos han tenido que “optar por esconderse, exiliarse o no salir de sus residencias”, como una forma de “protección”, que además impacta a sus hijos y parientes cercanos.
La saña de la dictadura Ortega-Murillo contra las personas que se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres y contra todo el que la critica ha llegado a límites inimaginables. En febrero pasado, más de 300 personas nicaragüenses fueron despojadas de su nacionalidad, entre ellas 59 mujeres: 33 excarceladas políticas y otras 26 declaradas como supuestas prófugas de la justicia por supuestamente cometer «traición a la patria», pese a que el rol que desempeñaba la mayoría en el país era el de defensa de los derechos de las personas nicaragüenses.
Entre las mujeres declaradas apátridas por el orteguismo figuran defensoras de derechos humanos de larga data como: Vilma Núñez, abogada y fundadora del cancelado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos; Ana Quirós, experta en Salud Pública y directora del cancelado y confiscado Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS); Rosalía Gutiérrez Huete, académica, defensora de los derechos de los niños y jóvenes, y presidenta de Nicaragua Freedom Coalition y Gioconda Belli, una de las escritoras nicaragüenses con mayor reconocimiento internacional.