Las obras públicas en Nicaragua son un terreno fértil para que se generen actos de corrupción, facilitando la falta de transparencia e incumplimiento de la legislación del país; no obstante, son las obras de infraestructura los espacios en los que hay más facilidades para este tipo de malas prácticas, devela la investigación Obras Públicas en Nicaragua, problemas y recomendaciones a la luz de la transparencia, publicada por la organización Expediente Público.

La investigadora Dayra Valle, responsable de la publicación, se centró en el estudio de las obras de construcción horizontales, es decir, construcción de puentes, carreteras, adoquinados, en las que identificó al menos seis formas de corrupción: elusión de procedimientos mas estrictos utilizando la subdivisión, abuso de la contratación simplificada, red de corrupción, exclusión a proveedores nacionales y beneficio a internacionales, colusión entre proveedores del Estado, y diferentes amarres en la ejecución de los contratos de obras públicas.

Valle señala, a raíz de varias entrevistas que realizó, una red de corrupción que opera para adjudicar contratos de obras públicas.

Así funciona la corrupción

Para comprender cómo funciona toda la telaraña de corrupción que permiten los muchos huecos de las obras públicas en el país, la investigación indica la existencia de un “corredor”, que es una persona con parentesco o bien cercanía a los funcionarios públicos de nivel usualmente alto en una institución. El “corredor” será la persona encargada de mediar cualquier aspecto entre la empresa que quiere “ganarse” la adjudicación de la obra y la institución.

“Estos corredores generalmente ofrecen los diferentes procedimientos a ciertas personas que conocen en el mundo de la construcción, en algunos casos hasta antes de la publicación de la convocatoria, es decir preparan muy de previo al potencial adjudicado”, señala la investigación. Lo que ofrece el “corredor” es la adjudicación del contrato de la obra, por el que recibe una comisión, que podría variar de cinco a siete por ciento del monto del contrato de la obra.

La coima no solo beneficia al “corredor”, sino que se reparte con los funcionarios intermedios, los técnicos involucrados, y en menor porcentaje, funcionarios de alto nivel o partido con un monto mucho mayor. Pero eso no es todo, para lograr quedarse con el proyecto, el intermediario debe asesorar al proveedor involucrado “en el acto de corrupción hasta la adjudicación”.

Obras de construcción en Nicaragua no respetan lo que establecen las leyes para transparentar el uso de los recursos públicos. Tomada de La Prensa

La ayuda o asesoría consiste en brindar información adicional de la que se proporciona de forma pública a todos los oferentes, si es que en verdad existieran, hacer ajuste en los requisitos que deberían de completar de acuerdo a lo que demanda la institución, revisar los documentos que componente la oferta técnica y económica, proporcionar información de las ofertas del resto. Todo esto tiene un precio además del porcentaje de la comisión, que puede estar de mil a cinco mil dólares, en dependencia del monto y complejidad del contrato.

“Todo lo anterior rompe los principios de libre competencia, igualdad, transparencia, publicidad e integridad que son parte del sistema de compras nicaragüense”, destaca el estudio.

Muchas malas prácticas

Con ejemplos prácticos, Valle indica otras malas prácticas aplicadas en el tema de contrataciones estatales, que se rigen por la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento. La investigación abarca una revisión a los Programas Anuales de Contrataciones (2017-2019) de las principales carteras que desarrollan obras horizontales y verticales en el país: el Ministerio de Transporte e Infraestructura y el Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav).

En el caso del MTI de 2018 a 2019 “habría un aumento sustancial del 200 por ciento de los recursos destinados a obras viales que provendrían de recursos externos como el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo. En la revisión de la planificación de dicha inversión, Valle encontró subdivisiones recurrentes en varios proyectos y en algunos casos hasta con los mismos montos.

“Un mismo proyecto de obras, es decir, la misma carretera o camino para adoquinado o mejoramiento, subdividido en varios tramos que los convierte en procesos de compras diferenciados”, indica. La ley señala la subdivisión “como una prohibición en vista de que a través de esta se pudiera estar eludiendo o se pretendan eludir los procedimientos de contrataciones establecidos en la Ley que, en todo caso, serían más estrictos”. No obstante, se puede hacer cuando los fondos provienen de diferentes fuentes de financiamiento o cuando la obra se realizará en varias etapas.

En 2017 el proyecto de adoquinado del camino Granada-Malacatoya fue subdividido en diez procedimientos diferentes, con una misma fuente de financiamiento, en este caso el Banco Mundial, con montos idénticos por procedimiento (C$18,030,420), es decir, no aplicaba la excepción a la regla. Este mismo esquema se repitió en otros proyectos, como el mejoramiento de adoquinado de Cárdenas-Colón, en Rivas; Nueva Segovia, con el mejoramiento del adoquinado del camino Macuelizo-Santa María, entre otros.

Valle concluye que al ser la corrupción sistémica, que trastoca a funcionarios y actores privados en todos los niveles, se requieren cambios que pasan por el sistema político.

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