Obedientes operadores del régimen nombrados magistrados de la CSJ
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Operadores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo—incluyendo figuras directamente señaladas por haber desterrado y desnacionalizado a presos políticos, fabricado casos judiciales y ejecutar la represión desde el Poder Judicial—fueron ascendidos como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con sus nombramientos, el régimen consolida el control casi absoluto sobre el sistema judicial que desde 2023 se mantuvo paralizado.
La comisión especial parlamentaria, que aprobó en tiempo récord el dictamen para la elección de las y los magistrados, valoró que “reúnen los requisitos y no presentan inhabilidades”.
Entre los nuevos magistrados figura Ana Julia Guido, de 66 años, quien fue Fiscal General de la República desde 2014 y una de las funcionarias más leales al Frente Sandinista. En 2020 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la acusó de formar a fiscales para fabricar casos contra presos políticos y sus familiares.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), la ubica como una de las operadoras del régimen que participó en una estructura para fabricar los casos contra presos políticos. “Se estableció una estructura más organizada, designando a fiscales de confianza para llevar las audiencias en los procesos de interés político”, señala un informe del GHREN.
Magistrados con historial de lealtad al régimen
Otro de los ascendidos es Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, de 52 años, expresidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), sancionado por Estados Unidos en 2023, es otra de las fichas del régimen colocada en la Corte.
Rodríguez Mejía fue clave en los juicios políticos porque transmitía las orientaciones del magistrado Marvin Aguilar, supervisaba a jueces y fiscales y garantizaba que siguieran “el guión predeterminado”, incluyendo ignorar las objeciones de la defensa.
Convocaba a reuniones, previas a las audiencias, en su despacho ubicado en el tercer piso del complejo judicial en Managua, a las que asistían jueces de distrito penal, fiscales, defensores públicos y policías.
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También se incorporó a la CSJ Octavio Ernesto Rothschuh Andino, de 58 años, otro de los funcionarios señalados por el GHREN.
Rothschuh Andino fue magistrado del TAM desde 2018 y presidente de la Sala Penal Uno desde 2021. El 9 de febrero de 2023 se encargó de declarar “traidores a la patria” a 222 presos políticos y ordenó su “deportación inmediata” a Estados Unidos. Un mes después fue sancionado por Estados Unidos.
La jueza que persiguió a periodistas
La lista de nuevos magistrados incluye además a Shura Bonilyn Welcome Crawford, jueza penal de Bluefields que emitió en varias ocasiones sentencias alineadas con intereses políticos, como la condena en 2020 contra la periodista Kalúa Salazar por “calumnias”.
Salazar sufrió hostigamiento policial tanto en su vivienda como en su lugar de trabajo, constantes mensajes digitales de amenazas y hasta un juicio por calumnias.
Finalmente, fue nombrado José Manuel Fuertes Toledo, de 65 años, operador político del FSLN en Boaco sin trayectoria en el Poder Judicial, pero con fuerte peso dentro de la estructura partidaria.
Con estos cinco nombramientos, la CSJ queda integrada por ocho magistrados, tras la silenciosa desaparición institucional de Alba Luz Ramos y Gerardo Arce Castaño. Los “históricos” magistrados que permanecen son Marvin Aguilar, Juana Méndez y Armando Juárez.
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