Nicaragua es un “Estado de terror”, revela informe

Nicaragua es un “Estado de excepción de facto” y un “Estado de terror”, señala el VII Informe Contra La Tortura del Colectivo de Derecho Humanos Nicaragua Nunca Más. El informe documenta los asedios, robo de bienes inmuebles, detención y judicialización contra la ciudadanía realizados este año.

El organismo señala que durante el 2022 inició “una nueva etapa de represión”, cuyas principales víctimas fueron personas opositoras al régimen Ortega-Murillo, activistas, periodistas, colaboradores de medios de comunicación, sacerdotes, entre otros.

Lee: Las crueles torturas de Ortega y Somoza a las presas políticas

Esto ha tenido como consecuencia que el número de personas presas encarceladas por motivos políticos se eleve a más de  215, todas bajo un sistema de torturas, según las denuncias recopiladas por el Colectivo. 

Sin embargo, señalan que la cantidad de personas presas políticas es mayor, debido que al “menos una docena de familiares” de personas detenidas solicitaron que sus nombres no se incluyan dentro de las listas, para evitar ser víctimas de asedio.

“Estas violaciones que sufren los presos políticos se dan, porque en Nicaragua no hay Estado de derecho y los sistemas penal y carcelario del país se usan de forma discrecional”, indica el informe.

El Colectivo señala como preocupante que las condiciones de las personas presas políticas recluidas en celdas de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario Nacional “La Modelo”, y en los otros sistemas penitenciarios de otras partes del país, “son muy semejantes” a las condiciones que se encuentran las y los presos políticos que están en el Nuevo Chipote.

Por esta razón, 20 presos políticos del SPN «La Modelo» iniciaron a partir del 26 de septiembre una huelga de hambre indefinida «para exigir su liberación y el respeto a sus derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega».

Familiares también han alertado que en El Nuevo Chipote se usa la «tortura blanca», un método de tortura que consiste en someter a las personas privadas de libertad al aislamiento, la incomunicación, la escasez de alimento, la negación de recibir materiales de lectura y la falta de regularización de visitas familiares.

Incluida la falta de negación médica, tendría daños graves y en ocasiones irreparables en su salud, tanto física como mental.

Régimen atenta contra la vida de adultos/as mayores

Esta situación se agrava con las personas adultas mayores encarceladas. Según el Colectivo, el régimen Ortega-Murillo tiene encarcelada a 27 personas mayores de 60 años por motivos políticos, la mayoría con problemas de salud crónicos.

También: Bajo persecución: La realidad de las defensoras en Nicaragua

Más de una docena de estas personas de la tercera edad se encuentran bajo regímenes carcelarios “que atentan contra su vida”, a pesar que cumplen con los requisitos de edad y condición de salud para salir de los sistemas penitenciarios.

Cinco de ellos están en celdas insalubres que afectan su salud en El Nuevo Chipote, “la cual  es señalada como centro de interrogatorios, torturas sicológicas, maltrato y aislamiento  contra los reos de conciencia”, indica el informe. Mientras que otros 11 presos políticos de la tercera edad están en “casa por cárcel”.

La falta de atención médica oportuna ha aumentado los casos de hospitalización de las personas presas políticas, tanto de la tercera edad como de otras edades. Mientras que la falta de atención médica especializada ha agravado sus enfermedades crónicas.

«Ambos elementos son de extrema gravedad y ponen a las personas presas políticas en una situación de grave riesgo a la vida e integridad personal», denuncia el Colectivo.

CIDH demanda liberación de 45 personas presas políticas

Debido a las “inhumanas condiciones de detención”, y “el serio deterioro de la salud física y mental”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindó medidas provisionales urgentes a 45 personas presas políticas y sus familiares el pasado 4 de octubre.

Entre las personas presas políticas protegidas por estas medidas están las presas políticas Karla Vanessa Escobar, María Esperanza Sánchez, quienes están privadas de libertad desde hace dos años, y Evelyn Pinto Centeno, presa política de la tercera edad que cumplirá un año encarcelada el próximo mes.

Las medidas provisionales son aplicadas cuando las personas se encuentren en extrema gravedad y urgencia, y se encuentren en situaciones de daños irreparables; y buscan proteger eficazmente la vida, integridad, salud, acceso a la alimentación y libertad, según la CIDH.

María Esperanza Sánchez fue detenida en febrero de 2020, y fue condenada a 10 años de cárcel por el supuesto delito de portación de armas y municiones, transporte de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

Sánchez ya había sido beneficiada con medidas cautelares desde noviembre de 2020, pero el Estado de Nicaragua se negó a cumplir las medidas, indica la CIDH.

Durante toda su estadía, Sánchez ha sido víctima de amenazas de muerte y acoso por parte de reclusas; y han intentado golpearla en al menos en tres ocasiones. También le han negado la asistencia médica, lo que ha tenido graves consecuencias en su estado de salud. 

«La señora Sánchez también estaría sufriendo secuelas de las torturas físicas y psicológicas que ha vivido en el centro penitenciario. Se encontraría más cansada de lo normal, en un constante estado de estrés y en riesgo de trombosis», señala la CIDH.

Por su parte, Karla Vanessa Escobar sufrió una segunda detención el 30 de abril de 2020, y fue condenada a 10 años de cárcel por el supuesto delito de tráfico de drogas.

También fue beneficiada con medidas cautelares desde ese año, pero tampoco fueron cumplidas por el Estado de Nicaragua.

Las agresiones contra Escobar por parte de otras reas son comunes de acuerdo con denuncias de familiares, al punto que no sale de su celda para no recibir agresiones. » La señora Escobar se encontraría con un estado de salud deteriorado y estaría sufriendo de maltrato físico y psicológico por parte de presas comunes afines al gobierno», manifiesta la CIDH en su informe.

Debido a las condiciones en que se encuentra, Escobar ha perdido excesivamente el cabello, la mitad de su cuerpo está entumecido, no puede comer por un dolor en la mandíbula, y no recibe atención médica apropiada por la enfermedad de ovarios poliquísticos.

La familia de ella también ha sido víctima de asedio y acoso por parte de personas afines del Gobierno, y es fotografiada y grabada sin su consentimiento durante las visitas.

También: Justicia y memoria: La lucha de las Madres de Abril

Evelyn Pinto Centeno, a pesar que es una señora de la tercera edad, se encuentra recluida en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres. Centeno fue detenida en noviembre del 2021 por su activismo social, y fue condenada a ocho años de cárcel por «conspiración» y ciberdelito.

Desde su encierro sufre problemas respiratorios, padece de dolores musculares en diferentes partes del cuerpo, tiene insuficiencia venosa, insuficiencia renal crónica, entre otras condiciones más. Sin embargo, no le han brindado atención médica.

«La presión arterial de la señora Pinto estaría alta y subiendo. Debido a su insuficiencia renal crónica, su condición de salud podría complicarse en cualquier momento al punto de llevarla a la muerte», señala la CIDH.