Nicaragua ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a victimización por robos o asaltos, según una reciente encuesta de CID Gallup en la que aparece solo superado por Guatemala. En la encuesta un 45% de los nicaragüenses dijeron haber sido víctimas de robos en los últimos 4 meses, mientras un 53% de los guatemaltecos corrió igual suerte.

“Eso en términos generales y con respecto a la tendencia que se ha presentado  en el país durante los últimos años representa un incremento significativo”, de acuerdo a la directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, Elvira Cuadra.

En los últimos días la población capitalina ha señalado a través de las redes sociales algunos puntos de riesgos de asaltos para los transeúntes en Managua. Entre esos puntos se mencionan los semáforos del barrio Jonathan González y la primera entrada de Las Colinas.

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Los datos oficiales más recientes sobre la actividad delictiva en Nicaragua corresponden al Anuario Estadístico 2021 de la Policía Nacional, el cual recoge que los robos con intimidación, por ejemplo, disminuyeron en relación a 2020. Los datos estadísticos reportan que en 2021 ocurrieron 3,741 delitos contra 5,039 delitos en 2020.

Para la ocurrencia de este tipo de delitos, Cuadra señala diversos factores:  Uno de los cuales “tiene que ver con el contexto de violencia y de inseguridad que se ha instalado en el país a raíz de 2018, particularmente por la violencia ejercida desde el Estado hacia la ciudadanía. En segundo lugar, porque la Policía ha dejado de cumplir sus funciones de prevención y control del delito de la delincuencia y la criminalidad común para dedicarse más a ejecutar acciones de violencia y de represión política en contra de la ciudadanía”, así como la impunidad con la que actúan grupos paramilitares que han surgido desde 2018, los cuales actúan con «una cierta permisibilidad” para realizar diferentes tipos de actividades delictivas.

A esto se suma, que bajo diferentes beneficios u otras figuras legales han sido puestos en libertad una cantidad no determinada de privados de libertad de las penitenciarías del país y quienes cumplían condenas por delitos comunes.

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 “¿Qué representa esto para la ciudadanía? Pues representa que se incrementan no solo las percepciones de inseguridad sino también que el escenario o las condiciones de la seguridad han desmejorado para la población en general”, apunta cuadra.

El dato más reciente de privados de libertad que fueron excarcelados por el régimen a través del Ministerio de Gobernación corresponde al 27 de julio del presente año cuando bajo la figura de Convivencia Familiar 1,300 personas que cumplían penas, de acuerdo a información publicada en el sitio web del Ministerio de Gobernación.

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