Nicaragua: 13 años bajo el calvario llamado Daniel Ortega
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Este año el régimen de Daniel Ortega cumple 13 años. El dictador volvió al poder en el 2007 y desde entonces vino imponiendo censura, ataques a manifestaciones, asesinatos contra opositores, cierre de organizaciones no gubernamentales y una larga lista de violaciones a los derechos humanos del pueblo nicaragüense.
La Lupa seleccionó 13 violaciones cometidas por la dictadura en cada uno de los años desde que permanece aferrado al poder por medio de diversas artimañas:
2007: La penalización del aborto
El régimen de Daniel Ortega inició su nuevo mandato, tras haber prometido no cometer los mismos errores de su primer periodo en los años ochenta, violentando los derechos de las mujeres.
Hasta octubre de 2006 el aborto terapéutico era legal en Nicaragua. Sin embargo, la Asamblea Nacional, con la fuerza mayoritaria del Frente Sandinista, lo penalizó. Pese al llamado de cientos de mujeres organizadas en grupos feministas y de organizaciones internacionales de derechos humanos que demandaban y siguen demandando el respeto para la vida de las mujeres, la dictadura se ha mantenido en su postura.
En Nicaragua, la interrupción voluntaria del embarazo está penalizada bajo cualquier supuesto desde octubre de 2006; incluso se penaliza el aborto «terapéutico», es decir, aquel que se practica cuando la vida de la madre o el feto corren peligro.
Un año después de que la figura del aborto terapéutico desapareciera de la legislación nicaragüense, según un reporte de la revista Envío, 80 mujeres murieron por mala atención en los servicios públicos de salud o por la negligencia que generó en la sociedad la penalización de cualquier interrupción de un embarazo.
Un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la prohibición del aborto en Nicaragua concluyó que la estricta legislación del país «contribuye a aumentar el número mujeres que mueren durante el embarazo», ya que «pone en peligro sus vidas al negarles tratamiento médico».
Desde este año, la dictadura instauró su política de comunicación que incluyó la negación de acceso a información a los periodistas independientes y centrar toda la información en los denominados medios del «Poder Ciudadano». Estableció los Consejos del Poder Ciudadano, que posteriormente se convertirían en maquinarias de vigilancia y represión a los opositores.
2008: El ataque a la sociedad civil
El ataque contra organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y medios de comunicación marcó el 2008. Ese año el régimen orteguista ordenó el allanamiento ilegal de varias organizaciones, incluidas CINCO, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) e inició una campaña contra el periodista Carlos Fernando Chamorro.
Además la dictadura retiró la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y otros partidos. Ese año se adjudicaron la mayoría de alcaldías de Nicaragua, en unas elecciones por demás cuestionadas.
Aunque la población salió a las calles, la dictadura mandó a que la Policía negara permisos y sacó a los llamados «rezadores» a las rotondas de Managua, que posteriormente se convertirían en fuerzas de choque contra los opositores. La dictadura estaba clara: para mantenerse en el poder debía asumir el control de las calles y no podía permitir cualquier tipo de rebelión.
2009: Ortega forever
La maquinaria orteguista empezó en 2009 a demostrar que no estaba dispuesta a dejar el poder. El 19 de octubre, la Corte Suprema anuló el Artículo 147 de la Constitución Nacional que prohibía las continuas reelecciones presidenciales. De esta forma, quedó allanado el camino para que Ortega pudiera perpetuarse en el poder.
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En ese mismo mes, se desataron fuertes protestas de universitarios reclamando el seis por ciento constitucional y criticando la reelección presidencial. Los universitarios fueron atacados por encapuchados y miembros de la Juventud Sandinista. Las fuerzas de choque y la del terror empezó a imponerse.
2010: La reeleción como política de Estado
Daniel Ortega mandó un decreto a la Asamblea Nacional para mantener en sus puestos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo Supremo Electoral (CSE) y otras instituciones a los que se les había vencido su período.
Ante las críticas y fuertes presiones de los partidos políticos que se negaban a aceptar la disposición de Ortega, las turbas salieron a las calles a agredir y quemar vehículos de opositores.
Este año el dictador también prorrogó en su cargo al jefe del Ejército, general Julio César Avilés, quien se mantiene en su cargo hasta la actualidad. De esta forma, Ortega terminó la alternancia en el cambio de mando que estaba establecido cada cinco años desde 1990.
2011: El fraude y más garrote
La violencia contra los que se oponían a la reelección de Daniel Ortega marcó el 2011. Jóvenes del grupo «Resistencia Juvenil por la Dignidad Nacional» (Rejudin) fueron apaleados y fajeados por turbas orteguistas por haber salido a las calles a protestar contra la nueva candidatura de Daniel Ortega. En ese momento, los jóvenes denunciaron que Pedro Orozco, dirigente de la Juventud Sandinista en Managua, fue quien dirigió varias de las agresiones en su contra a vista y paciencia de la Policía Nacional.
Ortega también decretó la permanencia de la la jefa de la Policía, la comisionada Aminta Granera, en su cargo. A pesar que Granera fue nombrada en 2006 y ese año debía ser sustituida, el dictador hizo que permaneciera en su cargo hasta agosto del 2018.
Posterior a los comicios de noviembre del 2011, las protestas por el “fraude electoral” que posicionó a Ortega con el 62.46 por ciento de los votos se intensificaron en el país. En total, se registraron seis muertes y más de una docena de heridos.
2012: Más represión contra cualquier protesta
Ortega asumió una vez más el poder en enero de 2012 y de nuevo recetó represión a cualquier tipo de manifestación.
Los retirados del Ejército de Nicaragua, aglutinados en el Consejo Nacional de Defensores de la Patria “Camilo Ortega” organizaron protestas desde febrero de 2012, exigiendo beneficios sociales al Estado de Nicaragua. La respuesta de la dictadura en ese momento también fue represión. Los desmovilizados denunciaron que agentes policiales golpearon a unos 60 exmilitares, hirieron a unos 30 y arrestaron a 10, que fueron dejados posteriormente en libertad.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos también reveló que registraron, en ese año, actos represivos contra productores de frijol de Condega y contra taxistas que protestaban para que se mantuviera el subsidio del combustible.
2013: La represión contra ancianos y #OcupaINSS
El maltrato contra ancianos que protestaban por sus pensiones reducidas estremecieron a Nicaragua. El régimen mandó a sus turbas y policías a golpear a ancianos que se apostaron frente a oficinas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a reclamar. A los jóvenes que salieron a apoyar a los ancianitos, también los golpearon y robaron.
El grupo denominado #OcupaINSS, que apoyaba a los ancianos que protestaban por una pensión reducida, fueron testigos la madrugada del 22 de junio de 2012 de uno de los más fuertes ataque de las fuerzas de choque del régimen orteguista.
Los desalojaron, golpearon, destruyeron provisiones que la población llevó a los ancianos que ya casi cumplían una semana encerrados en las oficinas centrales del Seguro Social. Les robaron vehículos y otros fueron secuestrados y golpeados por las turbas orteguistas. Hasta la fecha el crimen sigue impune, pese a que varias denuncias fueron recibidas por la Policía Nacional.
2014: Campesinos, víctimas de la dictadura
Luego de seis meses de aprobada la Ley 840, para la construcción del Canal Interoceánico, cientos de campesinos organizados empezaron sus demandas por la derogación de la misma, ya que, la propuesta gubernamental los despojaría de sus tierras.
Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos calculaban que unas 20 mil personas se verían afectadas por el Canal que nunca arrancó.
En diciembre de 2014, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que la represión gubernamental contra las protestas campesinas dejaron, en ese mes, más de 50 heridos y dos detenidos en Río San Juan y Rivas.
Es año también en el norte del país, la dictadura desató una cacería contra opositores al Frente Sandinista, con el fin de dar con los culpables de una masacre registrada el 19 de julio, cuando fueron acribilladas cinco personas y 19 resultaron heridas mientras se dirigían en caravana a Managua.
2015: La masacre de Las Jagüitas
El 11 de julio de 2015 se registró una masacre perpetrada por la Policía en Las Jagüitas, Managua, durante un supuesto operativo frustrado.
Tres personas murieron: Katherine Anielka Ramírez Delgadillo, 25 años; José Efraín Pérez Ramírez, 13 años; y Aura Marina Reyes Ramírez, 11 años.
Fueron nueve policías los involucrados y señalados de homicidio, exposición de personas al peligro, lesiones imprudentes y daños. La sentencia para los policías involucrados en la masacre fue de 11 y 2 años de prisión. Después de la supuesta entrega de justicia el Estado de Nicaragua le dio la espalda a los sobrevivientes de esa masacre.
En este año el régimen orteguista también atacó a la disidencia que organizaba las famosas manifestaciones denominadas “Miércoles de Protesta”, donde los opositores demandaban elecciones libres y transparentes. Un hombre armado disparó contra los manifestantes, una vez más frente a la Policía.
2016: Ortega aplasta marchas de campesinos anticanal
Este año se vio marcado por las elecciones denunciadas como fraudulentas en las que Daniel Ortega fue reelecto presidente, pero esta vez junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicemandataria.
Las protestas campesinas continuaron y, con ello, la represión gubernamental. Organismos de derechos humanos denunciaron la brutal violencia de fuerzas antidisturbios contra los manifestantes que pretendian marchar contra la construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua.
Una de las marchas de ese año, considerada como una de las más reprimidas de las manifestaciones campesinas, fue la del 30 de noviembre de 2016, cuando los campesinos se estaban movilizando de todo el país hacia la capital para realizar la marcha número cinco.
El resultado de la represión gubernamental fue 20 desaparecidos, 12 detenidos, un herido de gravedad con proyectil y varios campesinos heridos con balas de goma por agentes de la Policía Nacional.
2017: Impiden marchas y matan opositores
Luego de conocerse los resultados de las elecciones municipales de noviembre de 2017, en las que el Frente Sandinista (FSLN) se quedó con 134 de las 153 alcaldías del país, en Nicaragua corrió sangre. En total, se conoció de seis muertes de militantes de partidos opositores de Jinotega, Caribe Norte y Caribe Sur, que protestaban por los resultados señalando que eran fraudulentos.
Posteriormente, el 25 de noviembre de ese mismo año, la Policía -al servicio de la dictadura- no permitió la realización de la marcha de mujeres en conmemoración de la lucha contra la violencia machista.
A inicios de abril de este año, la Policía tampoco permitió que campesinos realizarán su marcha número 86, asegurando que los trabajadores de la tierra “no tenían permiso” y la estaban realizando “de forma ilegal ”.
2018: La brutal masacre contra la rebelión cívica
El 18 de abril iniciaron en Nicaragua protestas por unas reformas a la seguridad social aprobadas por el régimen orteguista. La respuesta gubernamental, como de costumbre, fue reprimir al grupo que protestó, primeramente, en León y en Managua.
La violencia con la que fueron reprimidas las protestas dejó los primeros muertos y, luego, la demanda no solo era la derogación del decreto, que el régimen finalmente derogó, sino la exigencia de justicia, libertad y democracia.
El éxodo que ocasionó 18 meses de represión dejó más de 300 asesinados, más de 2,000 heridos y docenas de manifestantes encarcelados. Miles también se fueron al exilio.
2019: Cientos de presos políticos y miles huyen al exilio
La modalidad aplicada por el régimen en 2019 se enfocó, más que en asesinar a manifestantes, fue en criminalizar todo tipo de protesta social.
Alzar una bandera azul y blanco invertida, regalar agua, lanzar papelitos o globos en las calles fueron parte de los motivos que la Policía tuvo para detener a docenas de nicaragüenses. Las protestas fueron criminalizados y se prohibió cualquier tipo de manifestación.
Hasta enero de 2019 se contabilizaban más de 600 personas detenidas en el contexto de las protestas sociales. En total, en 2019 se realizaron nueve excarcelaciones. Se maneja que hasta la fecha se mantiene a 65 personas encarceladas por protestar contra el régimen orteguista. Pero la cifra sigue en aumento.
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2020: Sigue el asedio policial contra población «azul y blanco»
Los primeros días de 2020 han sido marcados por el asedio policial y paramilitar contra los opositores excarcelados, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas.
Reportes periodísticos reflejan que el asedio ha sido continuo contra excarceldos políticos como Bayron Corea, Amaya Coppens, Ricardo Baltodano, contra médicos como el doctor José Luis Borge.
En Radio Corporación la Policía Orteguista también permanece asediando. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció que en estos primeros 22 días del año han recibido dos denuncias de personas que fueron torturadas, siendo marcadas en sus brazos con la palabra PLOMO y FSLN. El año pasado registraron seis.
Foto principal: La Prensa-Confidencial
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