“Nadie está a salvo”, de la red de vigilancia de la dictadura de Daniel Ortega

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) reveló que existe una “amplia red de vigilancia e inteligencia” que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desplegado no solo dentro de Nicaragua, sino también más allá de sus fronteras para “identificar, ubicar y vigilar a las personas en el exilio”.
Lo expuesto por el GHREN en su informe informe Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos coincide con lo denunciado por Claudia Vargas, viuda del mayor retirado del Ejército, Roberto Samcam, durante evento paralelo “Aumento de la Represión Transnacional. Exilio nicaragüense en riesgo”, que se desarrolló en el marco de la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Este crimen no fue improvisado, fue planificado, coordinado y ejecutado con precisión”, denunció Vargas.
Vargas sostiene que el asesinato de su esposo no fue un hecho aislado, sino parte de un “patrón represivo bien documentado… a su asesinato lo antecedieron campañas de odio y difamacion en redes sociales promovidas desde el régimen».
El GHREN detalló que esta red responde a las órdenes de los “copresidentes”, es decir los dictadores de Daniel Ortega Ortega y Rosario Murillo.
Además, el Grupo detalló que está integrada por el Ejército de Nicaragua, la Policía orteguista, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), así como por grupos armados progubernamentales y estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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TELCOR, según el informe, desempeña un papel clave en la vigilancia, pues trabaja junto con la Policía para interceptar comunicaciones, incluidas las que circulan en redes sociales. Además, aloja lo que se conoce como “granjas de troles”, plataformas digitales controladas por el FSLN desde las que se ejecutan campañas de hostigamiento, amenazas y descrédito contra nicaragüenses considerados opositores, sin importar en qué país se encuentren.
El GHREN concluyó que esta red ha sido esencial para que el Estado nicaragüense “pueda identificar, ubicar y vigilar a las personas en el exilio que podrían ser objeto de violaciones transnacionales”.
Samcam es un ejemplo claro de lo que los tentáculos del régimen pueden hacer, inclusive en el exilio.
El mayor retirado del Ejército se había refugiado en Costa Rica tras el levantamiento de 2018 y, desde su exilio, se convirtió en uno de los críticos más abiertos de la dictadura de Nicaragua.
Desde 2018, en diversas entrevistas, artículos y publicaciones, había señalado el papel del Ejército nicaragüense, en particular su “rol encubierto en la represión” contra las y los manifestantes.
Tras su asesinato, el 19 de junio de 2025, su viuda se ha encargado de denunciar en diversos foros y organismos de derechos humanos esta situación.
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“Una onda expansiva de dolor, temor y alerta en el exilio político nicaragüense que dejó claro que nadie está a salvo cuando la represión transnacional escala, pero que también generó una ola de denuncia alta y clara (…) pero no es suficiente. Su asesinato fue un intento de silenciamiento y demostración del régimen más allá de la frontera”, dijo Vargas.
En Costa Rica, donde se perpetró el asesinato, las autoridades han avanzado en la investigación y han identificado a Pablo Robles Murillo como el presunto “cerebro” detrás de los sicarios, según información a la que tuvo acceso el diario La Nación y CR Hoy.
Robles Murillo, de 55 años, es un excombatiente del Ejército Popular Sandinista que en los años ochenta formó parte del Batallón de Lucha Irregular “Sócrates Sandino”.
De acuerdo con información confidencial en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Robles Murillo recibió entrenamiento militar especializado en Cuba y Rusia, enfocado en labores de inteligencia y atentados, aunque no se precisa la fecha exacta.
Los medios de comunicación costarricenses confirmaron que el sospechoso se encuentra actualmente en Nicaragua y cuenta también con nacionalidad costarricense.
Los registros migratorios revelan que entre 2005 y febrero de 2025 realizó al menos 59 viajes entre Nicaragua y Costa Rica, lo que para los investigadores es un patrón de movilidad sospechoso que podría estar vinculado a operaciones de vigilancia y coordinación logística.