Más de 15 años de lucha para la aprobación de la Ley 717: Creadora de un Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género, para mujeres rurales, el régimen continúan dando la espalda a las mujers del campo de Nicaragua.
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Tras diez años de la aprobación de la Ley 717 Creadora de un Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género para mujeres rurales, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aún continúan sin brindarles a las mujeres rurales y campesinas de Nicaragua, los fondos contemplados, minimizando la fuerza y necesidad de estas en el país.
Pese a que el 50% de la población mundial, que es integrado por las mujeres, el 30% de estas son las mujeres rurales y campesinas, que siguen luchando por que sus labores sean válidas ante las barreras de equidad de género que marcan el Estado y la sociedad.
Las mujeres agrícolas dedican no solo sus vidas al cuido y cultivo de sus tierras, sino también a la crianza y alimentación de sus hijos, además de ser un ente productor de granos básicos para el país, según lo indica María Teresa Fernández, directora de la Coordinadora de la Mujer Rural en Nicaragua.
Pese a la ardua labor de las mujeres rurales y campesinas, Fernández señala que aún ellas deben soportar a “esta cultura patriarcal” que las menciona como «la esposa del campesino, la esposa del agricultor y hasta la ama de casa en el campo», sin comprender que la mujer es productora también, e incluso es capaz de enseñar a cuidar de la tierra sin el uso de plaguicidas, aportando a los hombres nuevas enseñanzas, destacando en destrezas.
Pero aunque las mujeres rurales y campesinas representan en la sociedad un eslabón de producción, que no puede debilitarse, el régimen de Nicaragua las abandona y desconoce la Ley que aprobó el 5 de mayo de 2010. Por lo que Fernández asegura que pese a “tanto trabajo y esfuerzo para que finalmente aprobaran la iniciativa de ley, nosotras introdujimos un anteproyecto con 33 artículos y la Asamblea aprobó únicamente 17, eliminando los aspectos sociales que pedíamos”.
Durante más de quince años las mujeres rurales y campesinas organizadas de Nicaragua han luchado por hacer válido su derecho a la tierra. Entre 1997 y 1999 nace el “Comité de enlace”, que funcionó hasta el año 2002 como una instancia de coordinación para las acciones de incidencia, pero debido a la falta de financiamiento su colectivo se dispersó. Fue hasta 2005 que nuevamente las mujeres se organizan y funda la actual Coordinadora de Mujeres Rurales, según narra su directora.
En octubre del 2007 la Coordinadora de Mujeres Rurales introduce a la Asamblea Nacional la Iniciativa de Ley Creadora de un Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género, una inciativa que pese a haber sido aprobada, es ignorada por el régimen sandinista, como ignora a las mujeres del campo.
Durante ese mismo año y hasta 2009, las mujeres rurales y campesinas organizadas realizan distintas actividades de incidencia y sensibilización, así como movilizaciones, ferias y visitas a diputadas y diputados, para lograr la aprobación de dicho anteproyecto de Ley, entregando 10,630 firmas de respaldo, recolectadas en las comunidades rurales.
Entre el 2012 y 2016 las mujeres rurales y campesinas integraron junto a otras organizaciones, la Campaña de Justicia Alimentaria CRECE, demandando la implementación de la Ley 717, enviando cartas a la Presidencia de la República y otras acciones de influencia y movilización que fueron ignoradas.
Tras siete años de aprobada la Ley 717, en 2017 el Estados nicaragüense no asignó fondos para implementación de esta, sin embargo las mujeres rurales y campesinas siguieron demandando la aplicación de dicha Ley.
La directora de la Coordinadora de Mujeres Rurales añade que aún las mujeres no cuentan con sus propias tierras e incluso no cuentan con los fondos prometidos por el régimen dictatorial para pagar las parcelas, que «son pagadas según el período de la cosecha y no por años», por lo que se ven obligadas a tener que contar con el préstamo de las tierras de familiares cercanos o parientes de tercer grado.
“La inseguridad es otra de las problemáticas que viven las mujeres rurales y campesinas, han sufrido robos, asaltos en los que se les han llevado las cosechas, violaciones, eso ha incrementado más ahorita, (…), sumándose a esto las intensas lluvias, que ha agravado la situación de las mujeres de la zona”, destaca Fernández.
Fernández agrega que las mujeres rurales y campesinas han sido reconocidas por la sociedad como productoras y mujeres sujetos de derecho, gracias al papel de las organizaciones de mujeres, sin embargo por parte del Estado no han obtenido siquiera asistencia tecnológica para actualizarse. Además detalla que su único fondo existente es el crédito que les brinda su cooperativa «que es pequeño», pero logran su producción natural.
La directora de la organización destaca que pese a que no muchas personas conocen de la conmemoración del Día Internacional de La Mujer Rural, el 15 de octubre es reconocido mundialmente como la fecha en que se reconoce el aporte rural de las mujeres de la zona, y es celebrado desde 1967.
Sin embargo insiste en que dicha efeméride debería celebrarse todo el año “porque las mujeres son las que sostienen la vida, sostienen los alimentos, sostienen sus familias con muchas limitaciones, con muchas adversidades, cuidan la tierra y cuidan el medio ambiente”.
Fernández insiste en que esta efeméride no solo debería ser dedicada a las mujeres rurales del campo, sino también a las indígenas, a las afrodescendientes, a las mujeres que todos los días aportan por mejorar sus vidas desde el trabajo de la tierra, el cuido de sus familias y el cuido de los diferentes recursos.
