Dictadura cancela organizaciones que apoyaban a mujeres campesinas y luchaban contra la violencia machista en las zonas más pobres del país
Por 858 
Al menos 1,015 mujeres de las zonas rurales y sus familias fueron directamente perjudicadas con el cierre de una organización campesina que en León y Chinandega, impulsaba un proyecto de fortalecimiento de producción agroecológica para que las mujeres pudieran resguardar su seguridad alimentaria y mejorar sus ingresos económicos, explicó una representante de la ONG’s que ante la represión pidió el anonimato.
El proyecto tenía como objetivo que las mujeres pudieran obtener semillas resistentes al cambio climático para las futuras siembras debido a que con la llegada de los huracanes Eta e Iota se perdieron más de 11 millones de córdobas en la cosecha. Esto dejó a las mujeres del territorio especialmente vulnerables, debido a que la producción agrícola es la principal actividad económica de la zona, indicó la fuente.
Las mujeres de las comunidades rurales, según constató La Lupa, serán unas de las poblaciones más afectadas ante la cancelación de la personería jurídica de 19 organizaciones no gubernamentales que trabajaban con mujeres frente a la violencia machista en todas sus manifestaciones, la inseguridad alimentaria, el cambio climático y otras problemáticas que afectaban directamente sus vidas y las de sus hijos e hijas, y que el Estado no asume.
Desde 2018, al menos 55 son las organizaciones que han sido despojadas ilegalmente de su personería jurídica , siendo 2021 cuando la Asamblea Sandinista clausuró 45 ong’s. Para Wendy Flores, abogada y defensora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, esta nueva etapa de la represión está dirigida contra las organizaciones de mujeres.
“La primera etapa fue en contra de las organizaciones propiamente encargadas de la defensa de derechos humanos, la siguiente etapa fueron medios de comunicación y ataques a periodistas independientes, luego siguieron las organizaciones médicas y ahora son las organizaciones de carácter territorial y de derechos de las mujeres”, explica.
Esta organización con presencia en el Occidente del país trabajaba en el manejo de parcelas agroecológicas, cosecha, reciclaje y retención de agua. Realizaban actividades orientadas al fortalecimiento de las capacidades de agroindustria para que las mujeres pudieran agregar valor a los productos que producen.
“Por ejemplo, les enseñamos la elaboración de vino para que las mujeres no vendieran el tamarindo en masa, sino en vino. O con coyolito, nancite, mango, melocotón, de todo lo que las mujeres tienen en su patio. También les enseñamos la elaboración de mermeladas y encurtidos. Que no vendieran las frutas recién cortadas, sino que con las buenas prácticas de manufactura pudieran agregar valor a sus rubros y tuvieran mayores ingresos, que era el mayor objetivo”, manifiestan.
Además: 55,3% de denuncias de violencia contra defensoras en Mesoamérica se registran en Nicaragua
Al no operar la organización, las mujeres no podrán acceder a recursos económicos para la siembra de sus productos o el alquiler de las parcelas, ya que los organismos financieros no ofrecen crédito a las mujeres rurales porque no son propietarias de tierra, una promesa incumplida por el régimen de Daniel Ortega. Solo el 23% de las personas que manejan tierras en Nicaragua son mujeres, según el último Censo Nacional.
La producción agroecológica le permite a las mujeres rurales producir sus propios ingresos de manera sustentable que a la larga se traduce en una opción para salir de círculos de violencia.
“Quedaron en el aire todas las mujeres de la población de Jalapa, porque quien tenía una situación de violencia iba a las oficinas, pero al cerrar las oficinas, Jalapa y los municipios vecinos quedan sin atención”, advierte Elgin Morales, responsable del área de atención legal y psicológica de la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka.
Oyanka atendía al menos a 100 mujeres al día que acudían para pedir asesoría e información sobre su situación de violencia, y desde su existencia en 1993 atendió más de 15 mil casos de mujeres víctimas de violencia machista en el departamento de Nueva Segovia, estima la defensora.
Lee: ONG´s denuncian al Ministerio de Gobernación por no entregar certificaciones
Las mujeres de Jalapa y de los municipios aledaños, podían recibir asesoría jurídica, atención psicológica y resguardo físico en un albergue. Con el cierre de la organización, las mujeres quedan en la indefensión, dado que la Policía Nacional no atiende debidamente los casos de violencia machista, asegura Morales.
La defensora manifiesta que el albergue para víctimas de violencia machista era uno de los pocos que quedaban en el país, en el cual llegaron más de mil mujeres con sus hijos e hijas desde su funcionamiento en 2006.
“El albergue era un espacio de seguridad para las mujeres, donde logramos empoderarlas y fortalecerlas, donde pudieran tener una relación madre e hijo, ya que muchas veces dentro del hogar no era posible. Les ayudábamos a agilizar los mecanismos legales para que ellas tuvieran una respuesta ante su situación de violencia”, asevera.
Morales afirma que habrá un incremento en la violencia contra las mujeres en el municipio con el cierre de la organización y del albergue. En este año se han registrado tres casos de femicidios en el departamento de Nueva Segovia, según Católicas por el Derecho a Decidir.
Nueva Segovia ya había sido afectada con el cierre del Instituto de Liderazgo de Las Segovias en 2018. Esta organización beneficiaba a 180 mil personas directa e indirectamente que es la población total del departamento, indica Haydé Castillo, directora del Instituto y activista de los derechos humanos.
El instituto tenía diversos programas dirigidos a mujeres, personas jóvenes e indígenas que iban desde el empoderamiento económico, becas universitarias, protección del bosque y asistencia médica. Además, tenía un programa de lucha contra la violencia hacia las niñas y mujeres, en el cual brindaban atención jurídica y psicológica a víctimas de violencia, entre otros.
Para Castillo, la labor del Instituto era sumamente importante porque Nueva Segovia es una zona de alta conflictividad social y política, y requiere de una atención especial del Estado, pero este nunca se la ha brindado.
“Ha sido una zona abandonada por el Estado, eso implica que es una zona sumamente vulnerable. No cuentan con recursos propios, las estadísticas dicen que ahí viven las zonas de extrema pobreza, y donde el Estado tiene una presencia débil. Al vivir abandonados, hay una conflictividad social que viene dada por la sobrevivencia”, desarrolla.
Debido a su cierre, las poblaciones vulnerables de Nueva Segovia perdieron múltiples oportunidades académicas, de crecimiento económico y de desarrollo profesional y personal. Por otro lado, ha habido un avance de la explotación minera y de los bosques con la autorización del Estado, lo que ha contaminado y secado ríos, manifiesta Castillo.
