En la primera mitad de este año, el número de mujeres víctimas de la violencia de género en España ha sido de 92,217, de ellas 31,787 son extranjeras.
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Las mujeres migrantes siguen sin acudir al mismo nivel que el resto de la población a los servicios contra la violencia machista pese a representar más de un tercio de las asesinadas en España por la falta de «confianza» o dificultades de acceso que experimentan, han explicado a EFE desde las asociaciones y la propia administración pública.
En la primera mitad de este año, el número de mujeres víctimas de la violencia de género en España ha sido de 92,217, de ellas el 34,5% (31,787), son extranjeras y el 65,5% (60,430), españolas, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las mujeres migrantes están sobrerrepresentadas en las cifras de víctimas mortales de la violencia de género en España pues en lo que va de año, de las 52 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, de ellas, 21 eran extranjeras (40%).
Pero, ¿por qué las mujeres de origen migrante acuden en aún menor medida que el resto a los servicios públicos de prevención, acompañamiento y reparación?
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Fuentes del Ministerio de Igualdad saliente han recordado a EFE que, dado que es «evidente» que estas mujeres se encuentran en una situación de «mayor vulnerabilidad» por una serie de factores estructurales, «se estableció ya en las leyes de 2004 y 2020 que tendrían el mismo acceso a servicios independientemente de su situación administrativa».
A pesar de ese modelo de «puerta única» para todas, el acceso a los servicios públicos tiene cierto «déficit» para las extranjeras por una «falta de mirada interseccional» y «también en muchos casos por la falta de recursos para asegurar que se sientan cómodas y confiadas», como más traductoras y materiales propios.
«Existe un déficit de educadoras con formación específica y que entiendan sus claves culturales», apuntan las mismas fuentes, que apuntan queda trabajo por hacer.
Desde la Asociación de Mujeres Migrantes de Cataluña, explican a EFE que muchas mujeres no saben cómo buscar los recursos públicos por el idioma o falta de cultura sobre la existencia de estos programas.
Su directora, Arelis Guaramato, pide poner en contexto tanto las muy diversas realidades culturales de las mujeres migrantes como su propia educación y conciencia -o su ausencia- sobre las violencias machistas.
En ese sentido, señala que cuando han organizado charlas sobre estas violencias «apenas» han tenido una decena de asistentes.
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«Para muchas mujeres latinas como yo, por ejemplo, no es sencillo hablar del tema. Es un motivo de vergüenza reconocer algo así en público porque nos han dicho que los trapos sucios se lavan dentro de casa», cuenta.
Guaramato señala más allá que incluso las que consiguen es complicado que den el paso por desconfianza en las instituciones, por no tener una red familiar que las ampare y las anime, por ejemplo.
«Que las leyes sean bonitas no significa que se las sientan suyas», señala esta socióloga de origen venezolano que llegó hace más de diez años a España.
Para muchas de las mujeres que llegan a Barcelona, cuenta, su «red» son «las otras mujeres» en su misma situación. En los chats de Whatsapp de la asociación hay más de 3000 mujeres que hablan sobre empleos, vivienda y trámites administrativos, principalmente.
«Y eso las que comparten la lengua española, pero para las otras es aún más complicado tejer red», apunta la socióloga.
Y añade: si en algo se parecen muchos casos, sea la mujer de donde sea, es «en los silencios» sobre la situación o situaciones de violencia que pueden estar viviendo y que las invisibiliza aún más».
Guaramato cuenta que ella misma al llegar a España vivió violencia con una expareja que amenazó con denunciar su situación administrativa irregular.
Esa amenaza se repite, explican también desde fuentes del Ministerio, en muchos casos cuando la mujer sufre maltrato y con el fin de amedrentarlas para que no denuncien ya no a la policía sino a ningún otro agente.
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La directora de la asociación de mujeres migrantes apunta que esas amenazas no solo aparecen de parejas o exparejas, también de empleadores en contextos como las cuidadoras de personas mayores que viven y trabajan, a menudo sin derechos laborales, en un hogar en el que los propios ancianos o sus familiares las violentan.
A pesar de que esa amenaza de denunciar con la expulsión sea tan recurrente, según explican las propias mujeres que las sufren, la ley prevé precisamente mecanismos garantías en estos casos como la suspensión de expedientes de expulsión, entre otros, si hay en marcha un proceso por violencia machista.
