Un grupo de seis mujeres activistas jóvenes denunciaron a través de un comunicado que han sufrido acoso y violencia política por parte de exmiembros y directivos de la Unidad Juvenil Estudiantil (UJE), entre ellos, Alex Iván Aguirre Mairena, Walter Enrique Martínez y Jonathan Braudy Sánchez.
La activista política María Laura Alvarado y otras cinco activistas anónimas denunciaron que los hombres señalados denotan un patrón de comportamiento deliberado y sistemático dirigido particularmente a mujeres jóvenes con problemas económicos y/o situaciones que las colocan en un lugar vulnerable en términos emocionales.
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Entre las situaciones de violencia que vivieron se encuentran acoso digital a través de la creación de cuentas falsas en redes sociales, llamadas constantes a sus números de teléfonos, presiones a sus espacios de trabajo para que fueran despedidas, invasión de su vida íntima, denigración, entre otros.
De acuerdo con las jóvenes, estas situaciones de acoso y violencia que vivieron les causaron daños emocionales y actualmente cuentan con peritajes psicológicos que comprueban los daños provocados, así como asesoría legal en el caso que decidan denunciar ante las autoridades competentes.
«El acoso y otras formas de violencia que se ejerce principalmente en contra de mujeres en organizaciones políticas, produce daños emocionales y físicos de quienes la padecen, perpetúa los estereotipos de género, erosiona las relaciones e imposibilita la cohesión de los grupos, además de constituir una grave violación al derecho de participación de igualdad de condiciones», explican.
La Lupa consultó a los señalados pero al momento de la publicación de esta nota, Sánchez no quiso brindar declaraciones sobre su versión y no se ha recibido respuestas de Mairena y Martínez.
La activista Laura Alvarado relata en su denuncia que el acoso comenzó contra ella cuando todavía era miembro de la UJE y fue citada por parte de Mairena, Martínez y Sánchez para que brindara información privada de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organización a la que también pertenecía como parte del Consejo Político. También le impusieron como condición para continuar participando en la UJE, replicar discursos en contra de la UNAB.
Al no realizar estas acciones, comenzó a recibir acoso, llamadas, amenazas de expulsión e incluso disturbios en sus espacios laborales, ya que Martínez solicitó a la fundación en la que trabajaba Alvarado que la expulsaran del proyecto en el que laboraba.
«Este acto no solo comprometía la integridad y autonomía de la fundación en cuestión, sino que también arriesgaba mi estabilidad económica, ya que dicha consultoría era vital para mi sustento como mujer exiliada. Esta acción buscaba afectar mi bienestar y mi libertad laboral», menciona.
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Ante estas acciones, Alvarado decidió retirarse de la UJE, pero el hostigamiento no cesó y escaló a campañas de difamación y ridiculización en su contra. «Hago esta denuncia como una contribución necesaria para erradicar de nuestros espacios de activismo toda forma de violencia que como sabemos es contraria a los cambios que proponemos para el conjunto de la sociedad nicaragüense», expresa.
Por su parte, una de las mujeres que decidió denunciar anónimamente por seguridad, expone que recibió amenazas directas por parte del exmiembro de la UJE, Alex Aguirre, por no responder a sus intereses. «Al igual que otras personas que conozco, recibí de su parte una amenaza directa advirtiéndome que podía perjudicar mi espacio de trabajo si no respondía a sus intereses», señala.
De acuerdo con la experiencia de estas mujeres, vivieron sexismo, adultismo y humillaciones por parte de los hombres señalados. Las jóvenes instan a las organizaciones sociales a adoptar con urgencia medidas para sancionar, expulsar e impedir estas prácticas violentas, abusivas y corruptas «que están en la case de la profunda crisis que vive nuestro país».
