Médicos de Nicaragua: perseguidos y criminalizados
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Por 212 Alrededor de ochenta profesionales de la salud entre médicos generales, especialistas, enfermeras y personal general han sido despedidos en los últimos tres años de manera injustificada en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El temor a denunciar y la falta de un monitoreo constante no permite establecer con precisión cuántos profesionales de la salud han sido despedidos. La Unidad Médica Nicaragüense (UMN) tiene una lista con nombres y apellidos de 64 casos en 2018 y otros 15 en el contexto de la pandemia de COVID-19. Aunque, creen que hay un subregistro, que fácilmente pasa la barrera de varias centenas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó 300 sobre la base de cifras aportadas por la sociedad civil. Más allá de las cifras, el régimen les ha pasado factura a los especialistas no por cuestiones políticas, sino, por hacer su trabajo.
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Entre el 8 y el 13 de mayo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, volvieron a recurrir a los despidos de médicos, esta vez, fue porque todos ellos, especialistas destacados con conocimientos científicos-técnicos, firmaron un documento, donde más de 700 hombres y mujeres que han estudiado por años diferentes ramas de la medicina, se pronunciaron y denunciaron la ausencia de una estrategia para enfrentar la pandemia de Covid-19, a la vez demandaron equipos de protección para atender a las víctimas de la epidemia.
La respuesta fue correrlos sin justificación alguna. Lo mismo sucedió en 2018. Los médicos, enfermeras, técnicos salvaron vidas de ciudadanos víctimas de las balas disparadas por la policía al servicio del orteguismo.
El médico José Luis Borgen lo cuenta con su propio testimonio. Ni siquiera le permitieron recoger sus pertenencias o despedirse de sus amistades, y hasta lo escoltaron a la salida. El médico explica que todos cumplieron con la vocación de atender a la población, a los heridos, y luego, ellos mismos, fueron perseguidos y criminalizados.
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“En ningún momento el gremio médico ha estado en la posición de decir somos contra el gobierno, somos de tal partido político, no”, aclaró el médico, puesto que ellos solo cumplieron su labor. Y las decisiones del régimen han afectado principalmente a la población. Borgen ha sido una de las voces más críticas desde el 2018 contra las acciones del gobierno con respecto al sistema sanitario. Explica que de los despidos, unos 115 médicos eran especialistas, 30 subespecialistas y 77 médicos generales.
Esto ha conllevado la pérdida de más de dos mil consultas de médicos especialistas a nivel nacional, cirugías de alta complejidad y la prolongación aun mayor del tiempo de espera, de ocho meses a un año, por intervenciones quirúrgicas que requieren a un especialista, expresó. Toda estas aproximaciones son en base a la experiencia de la atención de los mismos médicos en el sistema público. Nuevamente, la población vuelve a ser castigada. Cabe mencionar que según el Banco Mundial hasta 2018 en Nicaragua había 1,0 médicos por cada mil personas.
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La doctora Anely Pérez Molina, de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), explica que son los pacientes que se quedan sin un oncólogo, un internista, un anestesiólogo con años de experiencia. Al igual que Borgen expone que en el contexto actual de la pandemia de Covid-19, los médicos estaban planteando que necesitaban equipos de protección personal, algo básico para atender pacientes y no morirse.
Es “un derecho para ejercer su profesión de manera segura”, y si eso se entiende que es político es “absurdo e inverosímil de este gobierno que asuma, que expresar esos requerimientos solo por no estar dentro de su discurso, sea algo político», explicó.
Han sido los sanitarios del país uno de los grupos más golpeados por el nuevo coronavirus. Reportan que más de treinta médicos han fallecido en el contexto de la pandemia y muchos más han presentado síntomas del nuevo coronavirus, mientras, el Minsa sigue callando y no ha reconocido ni una sola muerte de sanitarios y tampoco el riesgo al que están expuestos sin tener los medios de prevención ante el virus.
“Quien ha estado abordando la pandemia con criterios políticos y no científico-técnicos es el Ministerio de Salud y el gobierno. Los médicos seguimos dando el mensaje de que no estamos nosotros discriminando a nadie de la población, estamos básicamente abogando por el derecho a la salud de todos los nicaraguenses”, expresó Borgen.
Agrega que “todas estas amenazas y despidos son precisamente para tratar de implementar la ley del bozal en los médicos y trabajadores de la salud, que estan dando información”, expresó. Ha sido a través de los profesionales de la salud que se ha conocido la realidad que viven los hospitales con el aumento de casos de Covid-19, mientras el gobierno ha tratado de mantener el ocultamiento de la información.
Se repite patrón de 2018
Carlos Guadamuz, abogado del Colectivo Colectivo de DDHH Nicaragua Nunca+, explicó que los despidos de los profesionales de salud son violatorios a la ley, además que se repite el patrón represivo de 2018 contra los especialistas, cuando en ese momento, cumplieron con su responsabilidad profesional y ética de salvar vidas.
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