“Me duele mucho todavía”: Las mujeres de Nicaragua arrancadas de su patria por la dictadura

Hablar no es fácil. A Mayela Campos, excarcelada política y desterrada de forma forzada, le causa dolor. Aun así lo hace, porque para ella nombrar lo vivido también es una forma de denuncia, para que no se olvide. 

Su historia en el país, no es la única. Desde 2018, cientos de mujeres que disintieron de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido víctimas de violencia política que no se expresa de una sola forma ni las afecta por igual: persecución, cárcel, tortura, destierro, desplazamiento forzado, vigilancia y negación sistemática de derechos. 

El régimen utiliza estas prácticas como mecanismos de castigo, provocando graves efectos en las mujeres víctimas, advierte la socióloga y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), Elvira Cuadra.

“Esto muchas veces viene acompañado de depresión y de otro tipo de situaciones (…) Algunas que han estado expuestas a niveles de violencia sumamente altos también padecen de estrés postraumático”, explica Cuadra. 

Mayela era estudiante universitaria cuando la encarcelaron. Su historia, junto a la de una periodista indígena miskita y una mujer trans, muestra cómo la violencia política opera de forma distinta, pero con el mismo objetivo: expulsar y silenciar.  

El delito de “pensar diferente”

Mayela es una joven de 31 años que vive actualmente en España. Desde 2018, la violencia política ha condicionado su vida. Tuvo que abandonar sus estudios universitarios, exiliarse una vez, vivir bajo amenazas constantes, ser secuestrada y detenida de manera arbitraria y, finalmente, ser desterrada a Guatemala. 

Toda esa violencia vivida responde a la misma lógica de castigo —por “pensar diferente”—, que emplea el régimen en contra de toda voz crítica.

“Simplemente por ser diferente, por pensar diferente (…) Eso realmente impactó mucho mi vida (…) Para mí fue duro. Me cuesta mucho reconocer la persona que era antes. Me duele mucho todavía”, dice. 

Mayela estudiaba en la Universidad de Ingeniería (UNI) en Managua. Quería convertirse en ingeniera industrial y, como muchas jóvenes de su edad, tenía proyectos de vida.

En 2018, tras el estallido de la crisis sociopolítica se vio forzada a dejar sus estudios debido a las “amenazas” constantes que, por su activismo, recibía de grupos allegados a la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), principal brazo represor del régimen orteguista en las universidades estatales. 

Sin embargo, siguió recibiendo amenazas porque su vivienda servía como “casa de seguridad”. 

“Te vamos a agarrar —le decían—, te vamos a violar y te vamos a matar”. Esas amenazas impactaron su vida y, en 2019, tuvo que exiliarse.

Vivir en “carne propia” la violencia 

Mayela creyó que la persecución había terminado y volvió a Nicaragua cuatro meses después, pero siguió siendo blanco de vigilancia y acoso policial. El 21 de agosto de 2023 fue secuestrada y sacada a la fuerza de su casa por la Policía orteguista.

En un juicio espurio la condenaron a ocho años de prisión por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes. Estuvo 381 días encarcelada injustamente hasta que fue excarcelada y desterrada a Guatemala el 5 de septiembre de 2024, junto a otras 134 personas presas políticas. 

“La persecución y la encarcelación no solo me quitó mi libertad física, sino que fragmentó mi normalidad de una forma que nunca, obviamente, creí posible, aparte que es una manera muy violenta de vivirlo en carne propia, porque no solo te quedan secuelas mentales, sino también físicas, que es duro”, menciona Mayela. 

La salida de prisión no le significó tranquilidad. En enero de 2025, estando en Guatemala fue rechazada del programa de Movilidad Segura de Estados Unidos. Los delitos fabricados por la dictadura la perseguían, impidiéndole rehacer su vida. Sin embargo, en mayo de 2025 logró establecerse en España.

A Mayela, esa violencia le dejó marcas profundas y reconstruirse es un proceso “duro”, insiste.

“Mi cerebro no procesa de la misma manera como lo hacía antes, ahora es diferente (…) Yo sufro muchas crisis de pánico, paso días sin dormir. Cuando voy caminando en la calle, por ejemplo, no puedo estar rodeada de mucha gente o en lugares cerrados”, asegura Mayela. 

Mujeres perseguidas por el régimen Ortega-Murillo

Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica y la represión estatal es sostenida. Las protestas ciudadanas fueron desarmadas con violencia, detenciones arbitrarias y persecución política. 

El encarcelamiento, como ocurrió con Mayela, se convirtió en una estrategia de represión y, al menos, 1485 personas han sido reconocidas como presas políticas desde 2018, según organizaciones de derechos humanos. 

Cuadra señala que la situación para las mujeres en el actual contexto sociopolítico del país es compleja. 

Desde 2018 —agrega la socióloga—, “las violencias en contra de las mujeres nicaragüenses han cambiado en el tiempo”. Existe un amplio “repertorio” de prácticas que incluyen la “vigilancia, el control, las amenazas, las agresiones, los ataques, el destierro, el desplazamiento forzado, la desnacionalización, las confiscaciones, las desapariciones forzadas, los encarcelamientos y muchas más formas”.

“Eso no cesa cuando la mujer sale del país, ya sea a cualquier destino, sino que se mantiene y muchas veces se expresa bajo la forma de ataques continuados, vigilancia, amenazas e incluso represalias en contra de sus familias”, explica Cuadra. 

Ser mujer trans en un contexto de persecución

Para Vlada Krassova Torres, mujer trans nicaragüense, la violencia política ejercida por el régimen orteguista se suma a la negación de su derecho a la identidad, que no es reconocida por el Estado nicaragüense.

En Nicaragua, ser mujer trans implica vivir en una situación de indefensión. “Somos borradas, nos ningunean”, dice. En el país, no existe una ley de identidad de género y la violencia contra las personas trans está normalizada, una realidad que Vlada conoce bien. 

Antes de la Rebelión de Abril, su activismo se enfocó en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBTIQ+, a través de la Red Nacional de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Desde ahí participó en acciones de incidencia política tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto cada vez más hostil para quienes cuestionaban al Estado nicaragüense y exigían derechos.

Con el inicio de las protestas de abril de 2018, aumentó su visibilidad en temas de “incidencia política” y la persecución que empezó a vivir la obligó a extremar medidas de seguridad. “Desde el primer día fue el asedio, la persecución, el acoso de la Juventud Sandinista”, describe Vlada.

Una “casa de seguridad” y el exilio

La represión se intensificó durante y posterior a la llamada “Operación Limpieza”. El régimen comenzó a perseguir a personas a líderes juveniles y una de sus compañeras fue detenida, “la agredieron, la violentaron cruelmente y no le respetaron sus derechos”. 

A partir de ese hecho violento, Vlada fue llevada a una casa de seguridad y, pocos días después, su familia tomó la decisión de sacarla del país para proteger su vida. “Siempre se tienen daños colaterales, entonces, también debía velar por mi familia (…) La decisión de llevarme a una casa de seguridad fue de mi mamá, estuve pocos días”, añade.

El 18 de agosto de 2018 salió hacia Costa Rica, iniciando su recorrido en el exilio. En noviembre de 2025 llegó a España en el operativo más grande del Programa Nacional de Reasentamiento, junto a otras 244 personas nicaragüenses. Al cruzar la puerta del aeropuerto enfrentó su primera forma de violencia, porque no querían reconocer su “identidad de género”. 

“Lamentablemente cuando aterricé no tuve identidad aquí (…) Tuve que esperar alrededor de mes y medio para que viniera la resolución conforme al nombre y al género”, recuerda. 

En el exilio, Vlada enfrentó discriminación, barreras institucionales y violencia, pero también sigue con su activismo, denunciando la situación de las personas trans y de las mujeres nicaragüenses desplazadas por la violencia política. 

La violencia desde los territorios indígenas 

Para la periodista miskita, activista y defensora de derechos humanos, Brisa Bucardo, la violencia política que sufrió en Nicaragua tampoco comenzó en 2018, aunque ese año la volvió más visible y enfrentó mayores peligros.

Bucardo es una fiel defensora del territorio y debido a eso tuvo que abandonar su comunidad y, posteriormente, salir del país para resguardar su vida. En 2017, después de cuestionar públicamente el asesinato de una mujer de la tercera edad y denunciar la violencia contra las mujeres en su región su vida estuvo en peligro. 

“Muchas de las cosas vinculadas con este crimen estaba relacionada con funcionarios públicos y un tema de corrupción (…) En varias ocasiones me intentaron atropellar”, relata Bucardo.

Otras amenazas apuntaron directamente a su condición de mujer. “Se metían directamente con mi cuerpo y con mi género, diciéndome que me andaba metiendo en mucho y faltaba que viniera un hombre a ponerme límites”, recuerda la joven periodista. 

Las detenciones arbitrarias y las constantes requisas hicieron cada vez más difícil continuar con su trabajo. La militarización de los territorios indígenas profundizó el control y el miedo. “En la zona del Río Coco casi no opera la Policía, son militares”, explica. 

Sabía que la estaban buscando y todo eso significaba: “cárcel o que te maten estos grupos armados”. 

El exilio no permite “una vida normal” 

Como mujer indígena, el territorio es parte esencial de su identidad, pero sabía que tenía que salir del país. La salida de Nicaragua fue abrupta y sin planificación. En mayo de 2018, ante el riesgo inminente, Brisa salió inicialmente hacia Honduras, como una forma inmediata de ponerse a salvo. 

“No fue una decisión, fue principalmente bajo un exilio forzado por persecución  por parte de de la Policía, por la criminalización a mi activismo y también a mi labor periodística”, señala Bucardo.

Posteriormente llegó a Costa Rica donde tuvo que “reinventarse” por ser este un país donde “el acceso a la salud no es gratuito” y “el costo de vida es super alto”. 

Esas barreras que encontró le significó enfrentar la incertidumbre económica, el desarraigo y las consecuencias emocionales de la violencia vivida. “Los países de acogida están diseñados, siempre estos sistemas, para la gente no indígena (…) El exilio nunca te va a permitir llevar una vida normal en ningún ámbito”, afirma. 

Para Brisa, cruzar la frontera no puso fin a la persecución, sino que fue el comienzo de un proceso de reconstrucción lejos de su territorio, al que sigue vinculada desde la memoria y la denuncia. 

“Salir con tantos traumas, tenía delirios de persecución. Hasta el cambio de clima te impacta directamente tu estado físico, emocional, entre muchas cosas, el continuar laborando es difícil, pero también el de profesionalizarse (…) No podemos acceder absolutamente nada en nuestros países de origen y el querer hacerlo también conlleva un riesgo para la gente que trate de ayudarte”, dice. 

Reconstruirse en nuevos destinos 

Elvira Cuadra señala que no existen “exilios voluntarios”. Todo exilio es “forzado” y constituye una forma de violencia política que obliga a las mujeres a reconstruir sus vidas en contextos ajenos, muchas veces sin redes de apoyo y en condiciones de precariedad.

“El Estado se ha convertido en un perpetrador directo de violencia en contra de las mujeres. Hay una política específica de violencia en contra de las mujeres y, particularmente, violencia política”, añade Cuadra. 

El exilio implica pérdidas del territorio, de la comunidad, del proyecto de vida, mientras muchas mujeres enfrentan depresión, ansiedad y estrés postraumático, agravados por la incertidumbre y la responsabilidad de sostenerse emocionalmente.

“Las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales que se han creado desde el exilio en diferentes países ya significan la reconstitución de esos tejidos sociales que el régimen ha destruido en el caso de Nicaragua”, puntualiza Cuadra.