La “siniestra” Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como «Ley Mordaza», que criminaliza la difusión de lo que el régimen considere “noticias falsas” en las redes sociales o medios de comunicación, fue publicada en la edición de este viernes 30 de octubre en el diario oficial La Gaceta.

La iniciativa es un nuevo instrumento para criminalizar y limitar el derecho de la prensa independiente de Nicaragua que es hostigada y asediada por los operadores del régimen en el país.

La ley aprobada esta semana impone cárcel de tres a cinco años a quienes difundan lo que la ley denomina “información falsa y/o tergiversada”. Además una sanción privativa de libertad de entre dos y cuatro años en caso que esa información produzca “alarma, temor, zozobra”.

La periodista Ileana Lacayo cree que ante este nuevo atropello por parte del régimen de querer criminalizar el ejercicio periodístico tanto los hombres y mujeres de prensa como la ciudadanía sabrán “sortear este intento de censura y criminalización hacia la libre expresión”.

“Lo de noticias falsas es bastante cuestionable, depende de quién lo juzgue o quién lo vea, ya sabemos que en Nicaragua no hay Estado de Derecho, por lo tanto lo que ellos dicen que son noticias falsas son noticias verdaderas salidas desde las denuncias ciudadanas, desde la investigación”, mencionó Lacayo.

Entrará en vigencia después de 60 días

En ese sentido la ley deja un amplio margen discrecional porque serán instituciones como la Policía sandinista, el Ministerio Público o los jueces a investigar y definir que son noticias falsas o perseguir los delitos que sean cometidos por los medios o a través de aplicaciones informáticas.

El artículo 48 señala que la iniciativa, que forma parte de un combo de macabras leyes del régimen, entrará en vigencia 60 días después de su publicación en La Gaceta.

Lacayo explicó que el periodismo nicaragüense, que ha estado en resistencia en los últimos dos años y medios desde la “Rebelión de Abril”, está en una “situación bastante complicada”.

“Tienen el control total de todos los poderes del Estado (…) Nadie ha dicho voy a dejar de informar, creo que todos estamos en la misma posición de seguir ejerciendo la labor de informar, pero teniendo como perspectiva que tenemos una amenaza latente por parte del Estado y sus poderes en tratar de criminalizar la libre expresión y de prensa”, señaló Lacayo.

A finales de septiembre pasado, la periodista y jefa de prensa de radio La Costeñísima de Bluefields, como parte del plan del régimen por callar las voces de los medios independientes, fue condenada por un juez orteguista a pagar un total de 7,684.58 córdobas, según notificación judicial, equivalentes a 120 días de multa por haber sido “encontrada culpable” por el delito de Calumnias.

La población merece estar informada

La periodista de Canal 12, Kastalia Zapata, señaló que la aprobación y publicación respectiva de la ley es la “continuidad de la represión” que vive la prensa independiente en Nicaragua.

“Se quieren acallar estas voces, la verdad es que sí hay un poco de intimidación hacia nosotros los periodistas, sin embargo, vamos a continuar realizando nuestro trabajo (…) El pueblo necesita estar informado con veracidad y objetividad no solo escuchar un lado de la historia”, señala Zapata.

En diciembre de 2019, la periodista de canal 12 fue agredida y objeto de robo por parte de policías sandinistas que intentaban evitar que ejerciera su labor de cobertura durante una protesta de la oposición.

La agresión quedó grabada en un video, donde se aprecia cómo un agente arrincona a la periodista que afirma que seguirá desde su misma “trinchera” informando a la población.

“Nosotros estudiamos para esto y aunque nos cueste la cárcel vamos a seguir haciendo lo que más nos apasiona, hay quienes dicen que serán más cuidadosos, sin embargo, considero que aquí aunque seas cuidadoso o no van a encontrar un pero para poder o intentar acallarnos, sin embargo vamos a seguir trabajando desde esta trinchera de la información”, señaló Zapata.

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La Lupa Nicaragua