Ley del perdón es otro intento de la dictadura Ortega-Murillo para auto amnistiarse

Siendo juez y parte, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pretende aprobar una ‘Ley del Perdón’ que incluye una propuesta de amnistía para los responsables de la violencia registrada desde abril del 2018.

La Ley del Plan integral de atención a víctimas del terrorismo golpista de abril, mayo, junio y julio del 2018, basado en el principio de perdón, no olvido y no repetición”, es el nombre del proyecto que será presentado, esta semana, y probablemente aprobado con urgencia en una Asamblea Nacional, al servicio del orteguismo.

Fuentes legislativas confirmaron al diario La Prensa que se le daría un trámite rápido debido a que Ortega usará esa ley “para justificar la excarcelación de los presos políticos que les faltan”, y cuya fecha tope se vence el 18 de junio, pero además “dejaría protegidos a los grupos de choque y a la policía ante cualquier investigación”.

La crisis ha dejado unos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos nacionales cuentan hasta 594, y el Gobierno solo reconoce 199.

Víctimas y victimarios a mismo nivel

El ex procurador general de la república, Alberto Novoa, explicó que la propuesta busca no solo amnistía sino también impunidad.

“Van elevar al mismo nivel al que sufrió más que al que sufrió menos; que ordenó la matanza que al que recibió la muerte, por lo tanto, es una amnistía encubierta con alguna variable, porque nos pone a todos en el mismo nivel, cuando sabemos que en realidad no estábamos al mismo nivel”, dijo.

El canciller Denis Moncada refirió que el objetivo es “resarcir y reparar los daños humanos y materiales”, mencionando a 22 policías muertos y heridos durante la jornada de represión, pero una vez más desconoció a estudiantes, campesinos, niñez y adolescente, asesinados por la policía orteguista, paramilitares y fuerzas de choque.

500 comisiones de paz para orteguistas

Como parte de su política de segregación ideológica los representantes de la dictadura Ortega-Murillo, también anunciaron la instalación de más de 500 «comisiones de paz», dirigidas a atender a las víctimas oficialistas.

Aunque la mayoría de muertos, heridos y desaparecidos durante los hechos violentos de la crisis son opositores, así como el total de personas arrestadas, sin embargo, las «comisiones de paz» únicamente atenderán a las víctimas oficialistas en lineamiento con la creada Comisión de la Verdad, Justicia y Paz.

Las comisiones se desprenden de la «Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz», aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de enero pasado, en la cual figura la policía orteguista, brazo represor del régimen, como coordinador de las comisiones en los barrios.

GIEI recomendó fiscalía especial

En octubre pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), exhortó al Gobierno de Daniel Ortega que establezca una Fiscalía especial para investigar los hechos de violencia ocurridos desde abril pasado.

Esto ante la falta de transparencia e independencia de los poderes del Estado en una Nicaragua donde el Estado de Derecho ha sido violentado.