La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró responsable al Estado hondureño por la detención arbitraria y discriminatoria de Leonela Zelaya, una mujer trans asesinada en 2004.  

La sentencia, notificada el 19 de enero de 2026, dice que el Estado incurrió en graves deficiencias en la investigación, porque “no identificó adecuadamente a la víctima, no documentó la escena donde se encontró el cuerpo, omitió recabar testimonios relevantes, no exploró hipótesis vinculadas al contexto de violencia contra mujeres trans ni consideró la identidad de género de Leonela Zelaya como posible móvil del crimen”. 

El tribunal, con sede en San José, Costa Rica, concluyó que el Estado hondureño violó múltiples derechos humanos de Leonela Zelaya a raíz de tres detenciones ilegales sufridas los días 20 de enero, 11 de agosto y 2 de septiembre de 2004.

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“En cada una de esas ocasiones, la víctima fue conducida coercitivamente a la comisaría, sometida a violentas agresiones físicas y verbales, privada de atención médica, mantenida en condiciones de incomunicación y liberada solo varias horas después de los hechos”, se lee en la sentencia. 

Una historia llena de violencias

La historia de Leonela está marcada por la discriminación y violencia. Nació en el Departamento de Cortés, en la costa norte de Honduras. 

Durante su niñez, la familia la echó de casa. Leonela Zelaya creció sabiendo que para los suyos era la “persona que manchó la honra de la familia” por ser una mujer trans y trabajadora sexual. Excluida del sistema educativo, Leonela nunca aprendió a leer ni a escribir.   

Creció sin mantener contacto con su familia, y cuando hacía referencia a ella era para mencionar el “desprecio, discriminación y violencia de la que fue víctima en su niñez y adolescencia por su identidad de género”, hasta que conoció a Thalía Rodríguez, otra mujer trans que la acogió como hermana y con quien compartió durante nueve años, desde 1995 hasta la madrugada del 7 de septiembre de 2004, cuando fue asesinada.

La noche del 6 de septiembre, Leonela y Thalía salieron a trabajar. Thalía le pidió que regresaran juntas a casa, pero Leonela decidió esperar un rato. Thalía regresó sola. Alrededor de las 5:00 de la madrugada siguiente, una vendedora de golosinas encontró el cuerpo sin vida de Leonela en la vía pública de Comayagüela, a un kilómetro de Tegucigalpa.

Lo que dijeron en los documentos oficiales

El 7 de septiembre de 2004, a las 6:45 horas, un fiscal del Ministerio Público realizó el levantamiento del cadáver. El forense concluyó que Leonela fue asesinada por arma blanca e identificó un intervalo post mortem de 3 a 5 horas hasta el hallazgo del cuerpo. Pero en los documentos oficiales, Leonela dejó de existir. Fue registrada como “una persona de sexo masculino el cual es de nombre desconocido (homosexual)”.

En las notas de la investigación se indicó que “supuestamente le decían Leonela”.

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“El ahora occiso se encontró maquillado y las uñas de las manos y pies pintadas de color rojo, al lado derecho de la víctima se encontraron dos zapatos femeninos de color beige, supuestamente los portaba la víctima, supuestamente la víctima ambula por las calles en la noche y se desconoce la causa del hecho o de su victimario”, se lee también en otra de las actas de la investigación.  

Leonela sufrió heridas por arma blanca tipo “puñal o cuchillo”. 

Thalía se enteró de la muerte de Leonela horas después, cuando la buscaron para informarle que los hechos estaban siendo televisados. Los servicios fúnebres fueron realizados en un bar de la zona y gestionados por mujeres trans, trabajadoras sexuales, amigas de Leonela y Thalía. 

Sin embargo, Thalía murió en enero de 2022, también víctima de asesinato, sin ver justicia para Leonela.

Responsabilidad del Estado en el caso de Leonela 

El fallo documenta dos décadas de impunidad en un crimen que las autoridades hondureñas nunca quisieron resolver. El Estado reconoció “parcialmente su responsabilidad internacional”.  

Honduras —agrega la sentencia—, desconoció su identidad y expresión de género tanto en vida como en muerte, violando sus derechos a la personalidad jurídica, vida privada, nombre, libertad personal, libertad de expresión, igualdad y prohibición de discriminación. 

La Corte ordenó a Honduras desarchivar el expediente e impulsar la investigación y eventual sanción de los responsables de la muerte de Leonela Zelaya. 

Además, ordena publicar la sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y modificar la Ley de Policía y Convivencia Social para que defina de forma concreta las causas y condiciones para imponer sanciones que impliquen privación de la libertad.

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La Lupa Nicaragua