Las “cojefaturas” del régimen violan la Ley 50-50

Las “cojefaturas” recientemente impuestas en la Policía Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores no solo confirman un patrón de control político, sino que violan la propia Ley 50-50, aprobada en 2012 por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La ley establecía la paridad entre hombres y mujeres en los cargos públicos, pero trece años después, las dependencias institucionales se reparten entre familiares, leales y figuras del círculo de poder, sin cumplir el principio de equidad que el mismo régimen ha proclamado en los últimos años.

“Han querido montar una narrativa de que Nicaragua es el reino de las mujeres. Pero, esa es una narrativa que sólo la codictadora se lo puede creer, porque ella todos los días lo repite”, dijo a La Lupa la defensora de derechos humanos, Haydée Castillo.

A partir de 2016, Ortega y Murillo empezaron a instaurar las “cojefaturas” en las dependencias del Gobierno. El Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) es ejemplo de ello, pues está dirigido por Anasha Campbell, esposa del canciller Valdrack Jaentschke, y Mara Vanessa Stotti, nuera de la pareja de dictadores.

Pero esos nombramientos no siempre respetan la división equitativa de género ni la esencia que establece la ley.

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) presidido por los «codirectores» Daniel Pérez Sequeira y Marlon Torres es otro ejemplo de que no se respeta la Ley 50-50.

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El discurso oficial continúa presentando a Nicaragua como un modelo mundial en participación de mujeres en el poder, pero los hechos lo desmienten.

Las “cojefaturas” en la Policía y la Cancillería —ambas dominadas por hombres del entorno familiar y de confianza de Ortega— contradicen abiertamente la ley que exige equilibrio entre géneros.

El discurso y los hechos

“Antes lo querían aparentar, ahora ya no lo disimulan poniendo solo hombres en los cargos, pero sean hombres o mujeres todos están subordinados a la voluntad de la pareja dictatorial”, agregó Castillo.

En septiembre de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores quedó a cargo de Valdrack Jaentschke y Denis Moncada, y la Policía Nacional, se mantiene bajo la dirección del comisionado general Francisco Díaz y el comisionado general Victoriano Ruiz.

“En teoría, la ley tiene como objetivo garantizar la inclusión de las mujeres en espacios claves de toma de decisión, esto no se ve reflejado en la realidad (…) En la práctica vemos que esto no se lleva a cabo”, dijo a La Lupa la activista y defensora de derechos humanos Alexa Zamora.

La Ley 50-50, que reformó la Ley de Municipios o Ley 40, ordenaba que los cargos de elección y dirección pública debían distribuirse por igual entre hombres y mujeres.

“Aquí está la ley para que esa injusticia no se siga repitiendo”, dijo en 2012 el dictador Daniel Ortega antes de enviar la iniciativa a la Asamblea Nacional que fue presentada como un logro histórico de igualdad de género.

En la práctica se convirtió en un instrumento partidista, donde la representación femenina depende de la fidelidad al régimen y no de una plena participación democrática. En todos los casos, las designaciones responden más al control político que al cumplimiento de la ley de paridad.

Para Castillo, lo que se esconde detrás de estas designaciones es una muestra clara del “sistema patriarcal”.

“Por mucho que lo maquillen, el régimen también muestra pánico a que vuelvan a revelarse como lo hicimos en 2018 (…) Lo ponen porque no pueden defenestrar al jefe la policía tan crudamente o al jefe de un Ministerio, pero le ponen a alguien al lado para que lo vigilen y esté custodiando en cada lugar a la dictadura y en este caso a Rosario Murillo que quiere avanzar a un control total y totalitario del poder”, señaló Castillo.

El falso discurso

En 2021, La Lupa en el especial titulado #8M: 50% de cargos públicos ocupados por mujeres, pero sin poder de decisión evidenció que aun cuando las mujeres en los puestos públicos son más notorias, pocas son conocidas públicamente con nombre y apellido, así como tampoco se conocen sus logros.

Durante la Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer en China, Camila Ortega Murillo, hija de la pareja de codictadores habló de supuestos “avances históricos” en los derechos de las mujeres en Nicaragua, que fueron desmontados por La Lupa.

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La designación de “cojefaturas” sin criterio de paridad demuestra que el objetivo no es la igualdad, sino la vigilancia mutua entre funcionarios y la concentración del control en manos de Murillo.

Zamora enfatizó que independientemente del género de los funcionarios “ninguno ejerce un poder efectivo real” y como en toda dictadura, las “decisiones realmente dependen de la voluntad de los dictadores”, en este caso de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

“Refleja el modelo patriarcal que se ha venido reforzando también a través de la dictadura. Todo elevadísimo de este discurso que se da en foros públicos en los cuales la dictadura pretender hacer alarde de avances en materia de género que no se han llevado a cabo en la realidad”, mencionó Zamora.

El Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes que presiden los «codirectores» Blanca Rosa Aráuz Castillo y Francisco Ramón Rodríguez Sobalvarro; la Empresa de dragado en Río San Juan dirigida por José Ramón Castillo Juárez y Tamara Valeska Hernández Rivera; y Adrián Emilio Carrasco Zanini Molina e Idania Castillo quienes figuran en la Cinemateca Nacional son otras direcciones compartidas, donde sí se respetó la Ley 50-50.