Migración femenina rompe el relato oficial: ni seguras ni felices en Nicaragua

“Estamos garantizando más seguridad para las mujeres, más protección, más acompañamiento desde las instituciones (…) Nuestro modelo cristiano, socialista y solidario asegura más tranquilidad y más seguridad”.

“En Nicaragua las mujeres somos protagonistas de todos los avances, de todos los programas, de todas las victorias (…) la mujer es protagonista plena de los derechos conquistados”.

“Nicaragua es un ejemplo de protagonismo de la mujer en la región y en el mundo”.

Son frases que Rosario Murillo ha repetido en cadenas de radio y televisión para sostener el relato oficial de que Nicaragua es un país donde las mujeres viven protegidas y con sus derechos restituidos. 

Sin embargo, la creciente migración femenina -de la que ni siquiera existe un registro oficial desagregado- contradice ese discurso. Detrás de la salida de miles de mujeres hay factores como la pobreza, la violencia machista, la falta de protección estatal y la persecución política.

Estas cinco evidencias muestran cómo la realidad desmiente la narrativa oficial.

1. Las mujeres migran porque el Estado no logra protegerlas de la violencia

Entre los motores principales de la migración femenina están la pobreza, la represión política y la violencia machista sin una respuesta institucional efectiva.

Entre las causas documentadas de la migración de mujeres nicaragüenses aparecen la violencia doméstica, la precariedad y, en el caso de opositoras, activistas y defensoras, la persecución y la represión estatal.  

El estudio exploratorio de Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  y  Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre mujeres nicaragüenses identificó explícitamente que entre los motivos para migrar figuraba huir de la violencia doméstica. A nivel regional, el informe del programa Spotlight/PNUD sobre violencia contra mujeres y niñas y procesos migratorios dedica un capítulo entero a la violencia intrafamiliar en contextos de movilidad, otro a la extorsión como causa de expulsión, y recomienda ampliar la cobertura de servicios de denuncia, protección y atención para mujeres migrantes, lo que refuerza la relación entre violencia de género, falta de protección y desplazamiento. 

Por otra parte, la ONU ha documentado que en Nicaragua la represión estatal y la erosión del espacio cívico empujan al exilio a activistas, defensoras y opositoras, incluidas mujeres y activistas por derechos de las mujeres.

2. Aumento de femicidios de nicaragüenses en el extranjero

Desde 2022 se registra un aumento sostenido en los femicidios de mujeres nicaragüenses en el extranjero. Ese año se registraron 11 casos, cifra que se duplicó en 2023 con 22 asesinatos. La tendencia continuó al alza en 2024, con 23 femicidios, y se mantiene en 2025, también con 23 casos reportados. 

Estos datos reflejan cómo la violencia machista también alcanza a mujeres migrantes nicaragüenses fuera del país, principalmente en destinos como Costa Rica, Estados Unidos y España, así como casos de violencia en rutas migratorias.

Los patrones de violencia incluyen feminicidios cometidos por parejas o exparejas, desapariciones durante el tránsito migratorio, violencia sexual y explotación. Estos hechos evidencian que muchas mujeres migran ya en condiciones de alta vulnerabilidad y que esa vulnerabilidad persiste —e incluso puede agravarse— fuera del país.

3. Sin políticas de protección para mujeres migrantes

Aunque el régimen sostiene que garantiza los derechos de las mujeres “dentro y fuera del país”, la realidad muestra importantes vacíos institucionales. 

No existe ningún registro oficial verificable del Estado nicaragüense sobre seguimiento a los casos de mujeres migrantes que sufren violencia fuera del país. 

En cambio, distintos informes y estudios regionales suelen insistir en la necesidad de mejorar la recolección de datos, la sistematización de la información y los mecanismos de protección para las mujeres. En la práctica, gran parte de los datos que actualmente existen sobre la violencia machista dentro y fuera del territorio proviene de observatorios independientes, organizaciones feministas y reportes de medios de comunicación. 

A esto se suma evidencia de limitada o nula asistencia consular en casos de violencia, desaparición o explotación de mujeres nicaragüenses en el extranjero.

Tampoco existen protocolos especializados de atención para mujeres migrantes en riesgo ni mecanismos públicos de seguimiento de estos casos.

4. Desmantelamiento y criminalización de organizaciones feministas 

Desde 2018, el régimen ha desmantelado de forma sistemática el tejido de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, incluidas las que brindaban atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. Informes internacionales documentan la magnitud de este cierre. Según datos citados por Naciones Unidas, para agosto de 2024 se habían cancelado más de 5.000 organizaciones desde el inicio de la represión en 2018. 

El impacto ha sido particularmente fuerte en el movimiento de mujeres. La red regional IM-Defensoras reportó al menos 282 organizaciones canceladas hasta abril de 2025. 

La desaparición de estas organizaciones significó también la pérdida de redes de apoyo fundamentales: refugios temporales para mujeres en riesgo, asesoría legal, acompañamiento psicológico y programas de prevención comunitaria. 

5. El discurso oficial ignora a las mujeres que migran

La narrativa gubernamental suele destacar la paridad en cargos públicos, programas sociales o la reapertura de comisarías de la mujer. Sin embargo, ese discurso omite una parte central de la realidad: las mujeres que abandonan el país para escapar de agresores, las que desaparecen o son asesinadas en el extranjero, las que enfrentan explotación en sus rutas migratorias y las que no reciben protección consular.

Al ignorar estas experiencias, el relato oficial presenta una imagen parcial de la situación de las mujeres nicaragüenses.

CONCLUSIÓN:  

El discurso del régimen sobre la protección de los derechos de las mujeres resulta engañoso porque omite elementos fundamentales de la realidad al no reconocer ni nombrar la violencia machista, invisibilizando por completo la magnitud del problema. Entre 2018 y 2024, el Observatorio contra la violencia machista de Católicas por el derecho a decidir documentó 360 víctimas de femicidio en Nicaragua, una investigación caso a caso de LA LUPA FEMINISTA y Despacho 505 reveló que el 46,11% no tienen ningún registro en el sistema judicial. 

Además, el Estado de Nicaragua no aborda las causas de la migración femenina, ignora la violencia que enfrentan muchas mujeres fuera del país, carece de políticas específicas de protección para migrantes. La migración femenina revela una realidad distinta: para muchas nicaragüenses, salir del país no es una decisión libre, sino una forma de sobrevivir.