Agosto es el mes con mayor número de personas presas políticas y mayor número de encarcelamientos, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Al final de ese mes se contabilizan a 89 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre ellas 16 mujeres y 73 hombres. “La cifra se incrementa en un 14% respecto al mes anterior”, advierte el Mecanismo, es decir, 11 personas más que las reportadas en julio.
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Muchas de las denuncias de hostigamiento, detenciones y juicios son de las personas que fueron víctimas de la cacería policial ejecutada en abril de este año. «De esta manera queda en evidencia el estado de terror de la población que, por el miedo a las represalias, callan los casos de sus familiares injustamente detenidos hasta por más de dos meses», expone el Mecanismo.
Pues, de las 11 personas añadidas a la lista en agosto, cinco fueron detenidas en abril durante la oleada represiva de semana santa y el quinto aniversario del inicio de las manifestaciones realizadas en 2018, una persona fue detenida en junio, una en julio y cuatro en agosto.
Entre el 1 y el 31 de agosto también se registraron 24 detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política, de las cuales cinco fueron liberadas y 15 continúan en las cárceles.
De acuerdo con el mecanismo, el régimen Ortega-Murillo a través del sistema de justicia penal se niega a dar información del paradero y las condiciones en que se encuentran las personas esos 15 casos, así que los familiares se ven obligados a visitar los diferentes penales para saber el paradero de las personas detenidas.
La Policía, institución encargada de ejecutar las detenciones, se niega a proporcionar información clara sobre el lugar de traslado de las personas encarceladas, así como cualquier otra forma de comunicación y acceso. Esto imposibilita que las personas detenidas puedan recibir alimentos y medicinas durante varios días y expone a los familiares a pérdidas de días, señala el informe.
Esta práctica consiste en desaparición forzada, según el Mecanismo. Uno de los casos más preocupantes fue la desaparición forzada de un adolescente de 16 años que fue detenido por la Policía en abril en el departamento de Jinotega, pero su paradero permaneció oculto durante dos meses, ya que la Policía se negó a brindar información de su caso. Según la familia, el adolescente está siendo procesado como un preso mayor de edad.
Además del aumento de los arrestos arbitrarios, agosto se destacó por la nueva modalidad de celebración de juicios que consiste en realizar las audiencias a través de videoconferencias y sin permitir ninguna comunicación entre la persona enjuiciada y su abogado defensor.
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“Se ha observado una preocupante práctica en la que se llevan a cabo los juicios con las personas presas políticas conectadas desde el Sistema Penitenciario a través de videoconferencias, mientras se desarrolla el juicio en el complejo judicial. Esta práctica imposibilita la comunicación con el abogado defensor y el defendido lo que se constituye en una violación sustancial de derechos fundamentales”, advierte el Mecanismo.
A las y los abogados defensores no solo se les impide comunicarse con las personas detenidas, sino también que se les niega el acceso a los expedientes judiciales lo que imposibilita la debida preparación de la defensa y dificulta el agotamiento de los recursos por no tener acceso a las actas de audiencias y a las sentencias.
Por otro lado, los familiares de las personas detenidas denuncian pésimas condiciones higiénicas en las celdas, la entrega incompleta de los productos de paquetería y la falta de atención médica oportuna y de calidad, así como la negativa de ingreso de medicinas.
Las condiciones carcelarias han provocado problemas en la salud física y emocional de las presas y presos políticos. Uno de los reportes más comunes son los problemas dermatológicos por la insalubridad en que se mantienen las celdas y la presencia de insectos, ratas y cucarachas.
El estado de salud se agrava por el impedimento del ingreso de medicinas o su mala administración. Esto pone en peligro principalmente a las personas detenidas que tienen enfermedades crónicas preexistentes. Según el Mecanismo, esto incrementa el riesgo a la vida.
Debido a esta situación, un grupo de mujeres presas políticas ubicadas en el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza iniciaron una huelga de hambre, de acuerdo con familiares. Sin embargo, no han señalado la identidad de las mujeres que la están realizando.
