La audiencia de juicio por el reparo fiscal que impuso la Dirección General de Ingresos (DGI) en contra del Canal 12 fue desfavorable, debido a que se rechazaron todos los medios que para el abogado defensor demuestran «que este medio de comunicación no debe ni un solo centavo«.
La titular del Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua, Silvia Elena Chica Larios rechazó cada uno de los documentos presentados por el medio de comunicación.
Una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde se afirma que el reparo original es por 9 millones de córdobas y no por 21 millones como afirma la DGI fue rechazado durante la agotadora jornada del juicio, mencionó el director del canal, Mariano Valle Peters.
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Además, un par de documentos oficiales emitidos por dos contadores públicos en los que se afirma que no existe tal deuda, también fue otra prueba que rechazó la judicial.
“Todo lo que mis abogados interpusieron como pruebas no las aceptaron, dos contadores públicos que son documentos oficiales que tienen peso, dijeron que no y así la jueza fue diciendo esto no lo acepto y mencionó un montón de artículos (…) Ella va a dictar sentencia que ya sabemos cuál es”, refirió el dueño de este medio de comunicación.
En total, según el director, son cuatro las propiedades embargadas, la unidad móvil de noticias y un vehículo personal que en su conjunto, según avalúo, están valoradas en un millón 200 mil dólares.
«Cuando ellos nos hacen este embargo, mandan un expediente y mi abogado lo desmenuzan y meten un recurso y da risa cómo contesta la jueza porque dice que el fallo de la Corte Suprema de Justicia donde dice que son 9 millones no la acepta como documento de prueba», dijo Valle Peters.
Van a apelación
A partir de la fecha, el propietario de Canal 12 y su abogado tienen un periodo no mayor de diez días para apelar la resolución judicial en la que se rechazan los medios de pruebas.
El embargo, según Valle Peters, es un cobro del periodo 2011-2012, del cual no deben “ni un centavo a la DGI”.
Sobre las declaraciones del Impuesto sobre la Renta (IR) de ese periodo, la DGI interpone un reparo por 9 millones de córdobas por lo cual recurren al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), para dilucidar el caso.
Según Valle, con la resolución del TATA la deuda se redujo a 851 mil córdobas, pero no se pagó consciente de no debían a la DGI, mencionó Valle Peters.
Posteriormente, recurrieron a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ y la contraparte a la Sala Constitucional que anuló el fallo del TATA.
“La DGI aprovechándose de eso los 9 millones los lleva hasta 21 millones en puros intereses, deslizamiento, moratoria y todo lo que ellos inventan”, se quejó Valle Peters.
El embargo en contra de este medio de comunicación fue realizado el pasado 11 de septiembre. A las oficinas del canal se presentó el JuezTercero de Ejecución y Embargo del municipio de Managua, Luden Martín Quiroz con la documentación que le autorizaba embargar tanto los bienes del canal como los de su administrador Mariano Valle Peters.
El representante legal Valle Peters, señaló que el reparo fiscal se fundamenta en declaraciones del Impuesto sobre la Renta (IR) específicamente de dos periodos, 2011-2012 y 2012-2013.
Campaña de racudar fondos
Debido a la situación socioeconómica de la empresa de comunicación, quien no puede costear la planilla de sus trabajadores por el embargo de sus cuentas, el pasado 22 de septiembre se creó una campaña GoFundMe, una plataforma de crowdfunding estadounidense que permite a las personas recaudar dinero.
“Nos han embargado los bienes del canal, los cuales triplican en valor el monto del embargo y a pesar de eso también han sido embargado los bienes personales del apoderado y dueño de Canal 12 que incluyen su casa de habitación, vehículos personales entre otros”, señala Canal 12 en su solicitud.
Hasta este 30 de septiembre, se había recaudado un total de 6,178 dólares que servirán para el pago de alrededor 40 personas que laboran en este medio de comunicación.
En redes sociales los trabajadores promovieron una campaña con el hashtag #NosResistimosAlEmbargo”.
Desde la “Rebelión de Abril” los periodistas de este medio de comunicación han sufrido los ataques de fanáticos del régimen y de la Policía sandinista.
Las “amenazas directas”, llevó al exilio a Danilo Lacayo y Carlos Fernando Chamorro, aunque éste último retornó a Nicaragua el 25 de noviembre de 2019, después de once meses en Costa Rica.
Los periodistas de este medio de comunicación además han sido objeto de robo y asedio policial.