La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este viernes 22 de mayo sanciones para dos altos funcionarios del Gobierno nicaragüense: el jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Adolfo Acosta.

«Las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables», dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. 

Al general Avilés Castillo, según las autoridades del Gobierno de Estados Unidos, se le designó como sancionado por estar «alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar el desmantelamiento y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapolíticas durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018».

Además señala a los militares de proporcionar las armas a parapolicia que ejecutaron «actos de violencia contra el pueblo nicaragüense». Los estadounidenses aprovecharon para recordar que el resultado de la represión en Nicaragua dejó más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas. 

Para Tamara Dávila, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, las sanciones contra el alto representante del Ejército de Nicaragua son un claro mensaje para «aparato represor de Daniel Ortega, es decir, los Estados Unidos y la comunidad internacional no van a tolerar violaciones a derechos humanos, por eso sancionan a Avilés por su vínculo con manos de paramilitares en la represión de abril 2018».

A su vez consideró que estas sanciones también envían un mensaje a la «jefatura intermedia del Ejército a no seguir apoyando a la dictadura y por lo tanto continuar haciendo todo lo posible para que el Ejército sea la institución que se desvincule del aparato de poder del régimen».

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En el caso de Acosta Montalvan, según la misiva donde se informa de las sanciones dirigidas por Estados Unidos, es sancionado por seguir «organizando un importante apoyo financiero al régimen de Ortega».

Asimismo, lo señalan de amenazar «personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos». 

Los efectos 

La repercusión de las sanciones en ambos funcionarios orteguistas tendrá efecto en todos los bienes e intereses que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, pues todo será bloqueado y el Gobierno estadounidense exige que sean reportados a la OFAC. 

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A su vez, las sanciones giradas contra ambos funcionarios establecen que «cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichos individuos también está bloqueada».

Las regulaciones de la OFAC también impone la prohibición de todos los tratos por parte de personas estadounidenses «dentro (o en tránsito)… que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas» como sancionadas.

Hasta la fecha, el Gobierno de los Estados Unidos ha sancionado -incluyendo a Avilés y Acosta- a 18 funcionarios orteguistas señalados de violentar los derechos humanos y cometer actos de corrupción contra el pueblo de Nicaragua.

 

 

 

 

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La Lupa Nicaragua