Setenta organizaciones plantean a Michelle Bachelet siete puntos que resume el estado de represión en que se encuentra Nicaragua desde abril de 2018, e instan a la Alta Comisionada a tener esto presente para su próxima actualización oral, en marzo de 2020.

Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense advierten a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre un “escalamiento de la represión en Nicaragua y la renuencia del Estado de Nicaragua a dar respuesta a los llamados contenidos en la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en marzo de 2019. 

En un comunicado suscrito por 70 organizaciones, incluidos medios de comunicación confiscados por el régimen Ortega-Murillo, y divulgado este miércoles, plantean en siete puntos un panorama de lo que padece el país bajo el modelo represivo impuesto desde abril de 2018, expresan sus preocupaciones e instan a la Alta Comisionada a tener esto presente para su próxima actualización oral a realizarse en marzo de 2020.

Además, “instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a las misiones diplomáticas ante las Naciones Unidas que se renueve la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” para que OACNUDH continúe monitoreando y documentando la grave situación de derechos humanos en Nicaragua”, solicitan.

1. Ejecuciones, agresiones, amenazas y represalias
La violencia policial con efectos letales persiste, sobre todo en el campo, donde organizaciones contabilizan que unos 30 líderes campesinos asesinados entre abril de 2018 y septiembre de 2019, en hechos que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
Se siguen registrando allanamientos ilegales y tratos degradantes por parte de la Policía, como el reciente caso de la familia Reyes Alonso.
Ejecuciones, agresiones, amenazas y represalias Continúan las agresiones, amenazas y represalias hacia defensores de derechos humanos, periodistas, indígenas, personas LGBTI, excarcelados, familiares de víctimas de la represión, miembros de la Iglesia católica y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir.

2. Ortega renuente a negociar
El Gobierno sigue sin aceptar su retorno a la mesa de diálogo ni la disposición de las organizaciones de la sociedad civil de dar cumplimiento a la hoja de ruta que se había aprobado en el diálogo anterior iniciado en febrero de 2019. Si bien la Asamblea de Nicaragua aprobó la Ley 985 en enero de este año, que tiene por objeto “establecer el marco jurídico general que garantiza una Cultura de Diálogo”, esta ley no contempla las múltiples violaciones de los derechos humanos desde abril de 2018, ni considera como sujetos de diálogo a los miembros de la oposición o defensores de derechos humanos.

3. Restricciones al espacio cívico y de expresión
No se ha restablecido la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales que desde diciembre de 2018 fueron cerradas con la intención de poner fin a décadas de trabajo en defensa de los derechos humanos y la democracia.
Sus bienes están bajo ocupación de la Policía. Los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, continúan sin poder transmitir en televisión abierta y sus oficinas y equipos de trabajo fueron ocupados ilegalmente desde hace casi un año.

4. Manifestaciones prohibidas
No se ha dejado sin efecto la restricción policial de respetar el derecho a la manifestación. El Gobierno tampoco ha atendido el llamado de la comunidad internacional a poner en libertad a las personas detenidas arbitraria o ilegalmente.
Si bien es cierto que más de 400 personas fueron excarceladas entre febrero y mayo de este año, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia registra que al mes de noviembre al menos 159 personas continúan presas, entre ellos dos adolescentes.
Entre estos presos políticos se incluyen 16 defensores detenidos en noviembre por llevar agua a un grupo de madres en huelga de hambre. Estas personas son criminalizadas por su oposición al gobierno y por su trabajo de denuncia y protección de los derechos humanos.

5. Necesidad de justicia transparente
Un proceso de rendición de cuentas exhaustivo y transparente a fin de asegurar que las víctimas de violaciones y abusos de los derechos humanos en Nicaragua puedan acceder a la justicia y a la reparación

El Gobierno de Nicaragua continúa negando las denuncias de violaciones de derechos humanos y pretende perpetuar la impunidad mediante instrumentos jurídicos como: la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019, la cual no cumple con los estándares de derechos humanos respecto a la rendición de cuentas y no han contado con la participación de la sociedad civil en su proceso de adopción; o la Ley de Atención Integral a Víctimas aprobada en mayo pasado, la cual no recoge el derecho de las víctimas para interponer recursos ante las autoridades judiciales, y continúa señalando a las personas opositoras al gobierno como autores de un golpe de estado fallido y no como víctimas de la represión. Tampoco se ha rendido cuentas sobre los 328 asesinatos documentados por la CIDH, ni se ha procesado judicialmente a los autores materiales e intelectuales de dichos crímenes.

6. Persiste bloqueo a organismos internacionales
El 30 de agosto de 2018, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua rescindió la invitación al ACNUDH y en diciembre de 2018 decidió expulsar del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH. Desde esa esa fecha no han podido ingresar de nuevo al país, a pesar de múltiples solicitudes.

7. No hay muestras de voluntad
Las organizaciones alertan a la Alta Comisionada respecto al riesgo de mayor violencia, por un lado, teniendo en cuenta que las causas que motivaron las protestas de abril no han sido atendidas por parte del Estado; y por otro, previendo las tensiones una vez se vayan acercando las elecciones de noviembre de 2021 y cobren mayor fuerza los esfuerzos del gobierno de Nicaragua por reelegirse sin las indispensables garantías democráticas.

Al día de hoy, en Nicaragua, no existen indicios de que las autoridades tengan voluntad para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y sus familiares.

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