La investigadora uruguaya de Civicus señaló que en los últimos años en la región se han observado “más retrocesos que avances” en el espacio cívico, entre esto el retorno de Nicaragua a una autocracia
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La falta de condiciones mínimas para elecciones libres, justas y transparentes; el cierre masivo de oenegés y el cercenamiento del ejercicio de derechos y libertades hace que Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tenga un espacio cívico más cerrado incluso que el de Venezuela, que también es dirigido por la dictadura de Nicolás Maduro, afirma Inés Pousadela, investigadora uruguaya de Civicus, una alianza global dirigida al fortalecimiento de la acción ciudadana con presencia en 175 países.
“Los procesos de Venezuela y Nicaragua son bastantes diferentes. Nicaragua tuvo un proceso de democracia mucho más breve, antes del último ascenso de Daniel Ortega, pero la democracia se quebró definitivamente, lo cual es discutible en Venezuela. En Nicaragua no hay elecciones mínimamente creíbles y en el caso de Venezuela la oposición se está organizando para que sean elecciones reales, porque existe la posibilidad de que sean elecciones y que sean mínimamente competitivas, entonces, yo no diría que son procesos parecidos solo que se les pone siempre en el mismo paquete porque cuando se dice que son los peores países con calidad del espacio cívico”, señaló.
“El espacio cívico no está totalmente cerrado en Venezuela; es represivo, está muy reprimido y en los índices de democracia Venezuela no aparece como democracia; sin embargo, creo que tiene más chance de recuperar algunos elementos de competencia electoral que Nicaragua. Diría que Venezuela está un poco más arriba, queda un poquito más de espacio cívico, y queda un poquito más de potencial de competencia electoral. En Venezuela hay ataques sistemáticos contra la sociedad civil, sí, están sacando una ley represiva de oenegés, sí, pero no hay nada parecido al páramo que se creó en Nicaragua, donde cerraron la mitad de las organizaciones de la sociedad civil que habían”, añadió.
La dictadura de Nicaragua ha cerrado más de 3200 organizaciones sin fines de lucro desde 2018, con el apoyo cómplice de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Gobernación. Entre las oenegés canceladas hay más de 150 que se dedicaban a la defensa y protección de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Además, mantuvo durante varios meses encarceladas arbitrariamente a defensoras de derechos humanos, activistas políticas y feministas, entre ellas: la abogada María del Socorro Oviedo, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Tamara Dávila que son parte de los 317 nicaragüenses desterrados y declarados apátridas por la dictadura orteguista.
Pousadela además resaltó que el éxodo migratorio de venezolanos “es mucho más masivo que el de los nicaragüenses, pero porque el éxodo de los nicaragüenses es básicamente político y el de Venezuela tiene componentes económicos muy importantes”.
“En Venezuela tenemos una emergencia humanitaria bastante compleja, casi colapso del Estado, acceso a bienes básicos y demás, o sea, no evaluaría la gravedad de la situación política con la cantidad de la gente que se va porque los motivos son diferentes. En el caso de Nicaragua es claramente un exilio político, entonces, yo veo el cierre más fuerte en Nicaragua”, indicó.
La investigadora uruguaya participó en Mérida, España, en el XIV Encuentro Cívico Iberoamericano, en el que estuvieron activistas e investigadores que representaron a más de 2000 organizaciones de 19 países, evento en el que conversó con La Lupa y explicó que en marzo próximo lanzarán desde Civicus un informe, tipo síntesis de lo ocurrido en 2022, en el que se analizan los datos, identificando tendencias, qué países mejoraron o empeoraron referente al espacio cívico, los grupos que fueron más vulnerables o perseguidos, con el fin de que esto sea útil para quienes apoyan a la sociedad civil, donantes y demás, para enfocar los esfuerzos.
Pousadela adelantó que desde el año 2016 han identificado un proceso de regresión en continuo en la región Latinoamericana, identificando más regímenes híbridos y autoritarios, y menos democracias plenas.
“Hemos registrado bastantes retrocesos, hemos identificado bastantes países que han empeorado, raramente hemos registrado mejoras, a pesar de que la plataforma no solamente registra restricciones y violaciones al espacio cívico, sino también desarrollos positivos sobre todo para reivindicar un poco la labor de la sociedad civil. Sin embargo, en los últimos años hemos visto más retrocesos que avances, todo esto no es casualidad porque al mismo tiempo, otros índices que miden otras cosas, que no es el espacio cívico, pero miden otras cosas, por ejemplo, la democracia, nos dicen que desde 2016 hay una degradación, una erosión de la democracia en la región por diferentes procesos”, indicó.
“La degradación del espacio cívico va con la degradación de la democracia porque, entre otras cosas, cuando medimos el espacio cívico medimos uno de los componentes que forma parte del concepto de democracia, uno de estos es que haya elecciones libres, justas y transparentes”, añadió.
Resaltó que América Latina “es bastante peculiar porque, a diferencia de lo que ha pasado en el sur global, no ha habido casi golpes de estado, lo cual no significa que los militares sean como una amenaza totalmente desactivada, o sea, vemos el proceso de militarización en México y es bastante preocupante, entonces, tampoco significa que porque los militares han estado ausentes no ha habido degradación democrática, ha habido y por varias razones, una de ellas es el proceso de erosión internas de las democracias, a partir de los poderes constituidos, en particular de los presidentes que se exceden en sus funciones y eso es la misma historia de El Salvador, México y muchos otros casos. Países que ya eran democracias defectuosas y que pasaron a ser considerados regímenes híbridos, ya no son democráticos, combinan rasgos democráticos con autoritarios, y hay un caso de país que se convirtió en una autocracia, que es Nicaragua”.
En estos últimos cuatro años, tras el estallido de las protestas sociales de 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han cercenado libertades y derechos fundamentales de los nicaragüenses, utilizado los poderes del Estado a su antojo y conveniencia, aprobando leyes represivas contra quienes les critican su actuación, encarcelando a decenas de ciudadanos, acusándolos de supuestos traidores a la patria y terroristas, y más recientemente desterrándolos, confiscándolos y declarándolos apátridas.
Defensoras de derechos humanos de mujeres de El Salvador también han denunciado el deterioro de las libertades y derechos de los ciudadanos de ese país. Morena Herrera, feminista, defensora de derechos humanos, máster en Género y Desarrollo Local y presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, señaló que en su país preocupa la aplicación del régimen de excepción, que aunque ha tenido como resultado comunidades que se sienten más tranquilas por el encarcelamiento de integrantes de las pandillas, “también hay una gran preocupación porque esto se hace de la mano de hechos violatorios de derechos humanos, eso como una práctica que se va extendiendo”.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele aprobó, el 27 de marzo de 2022, la aplicación del régimen de excepción, en su lucha contra las pandillas o “maras”, que controlaban gran parte del territorio salvadoreño y cometían constantes crímenes en ese país. La medida ha recibido diez prórrogas que la mantienen vigente hasta el 15 de febrero de este año y ha dejado a más de 60,000 personas detenidas, la mayoría miembros de pandillas, pero que en su avance deja graves violaciones a derechos humanos, según organizaciones civiles.
La defensora además señaló que el Gobierno de Bukele y las instituciones estatales también ha restringido el acceso a la información pública desde 2018 y no se ha garantizado los derechos de las mujeres, pese a que agregó en su plan de Gobierno, conocido como Plan Cuscatlán, demandas de los colectivos de mujeres, entre estas políticas para favorecer la igualdad, autonomía económica y acceso a derechos sexuales y reproductivos, y contrario a esto han mandado a archivo “varias iniciativas, como la Ley de Identidad de Género o la iniciativa de reforma del Código Penal para despenalizar el aborto en alguna de sus causales”.
Pousadela apuntó que el espacio cívico no es uniforme y todavía quedan ciertos espacios que pueden seguir funcionando desde la sociedad civil, incluso en los países donde más se han cerrado los espacios, ya que las organizaciones y los territorios saben dónde se puede seguir operando.
“Hay organizaciones y tipos de activismos que están bajo más asedio que otros. Hay organizaciones funcionales al estado, no porque sean afines, sino porque el Estado necesita de ellas, algunas están ayudando al activo de ayudas humanitarias, entonces, coexisten, con tensiones, muchas tensiones con el Estado», preciso.
En cambio, mencionó que las consideradas «críticas políticas», que defienden la separación de poderes, por ejemplo, «por supuesto que las van a cerrar, pero también hay otros tipos de organizaciones sociales, hay algunas antiextractivistas, que defienden los derechos de los pueblos indígenas y que están tocando intereses muy poderosos y también sufren más violencia, muchas más restricciones que organizaciones que se dedican a temas de infancia y salud”.
Además, explicó que “las restricciones son dirigidas”, no son casualidades, y “son aplicadas por alguien, dirigidas contra alguien por algún motivo en particular, en general son motivos porque esos activismos están molestando a alguien que tiene poder”.
La investigadora uruguaya rescató la importancia del trabajo sistemático de las organizaciones de la sociedad civil, resaltando que muchos de los pocos cambios positivos que se registran en algunos países, justamente se dan porque hubo oenegés o grupos trabajando porque se dieran esos avances.
“Muchas veces cuando suceden cosas buenas es porque la sociedad civil estuvo trabajando por esas cosas», precisó. En América Latina últimamente no, pero «digamos a nivel global, en todos los informes tenemos cada año, algún país experimenta alguna mejora, que pueden ser parciales o locales, y que son gestionadas por la sociedad civil organizada.
