Histórica sandinista le reclama al FSLN la libertad de la presa política, Esperanza Sánchez

Familiares de la presa política, Esperanza Sánchez han exigido exigen su libertad después que Irma Laguna Cruz, titular del juzgado de distrito primero circunscripción Managua, la declarara culpable, el pasado viernes, por el delito de Tráfico de Estupefacientes por el cual el Ministerio Público esta solicitando una pena de 15 años de cárcel más 800 días de multa.

«Yo, sandinista que participé en la guerrilla, miembro de los colaboradores históricos de la guerrilla, que siempre participé en la lucha y ahora mi hermana, Esperanza Sánchez solo por el simple hecho de levantar la bandera azul y blanco de nuestra patria se le ha condenado por jueces que no saben lo que es la cocniencia revolucionaria, por jueces que no saben cual es la cálidad moral de este pueblo, con gente que no tiene principio moral y la han condenado», reclamó Juana López García, ante los medios de comunicación de Matagalpa.

Sánchez fue detenida en febrero de 2020 cuando circulaba por el kilómetro 10 de carretera a Masaya, junto a ella fue procesado Víctor Manuel Soza Herrera por ser presuntos coautores del delito de tráfico de estupefacientes psicotrópico y otras sustancias controladas, quienes esperarán entre cinco y siete días hasta que se dicte sentencia.

Sin embargo, su abogado Julio Ariel Montenegro, expresó que no se hará presente al debate de pena porque «sería aceptar responsabilidad de sus representados» y reafirmó que todo «se trata de un juicio político».

Puedes leer: CIDH y OACNUDH: Urge libertad de presos políticos ante COVID19

Abundantes pruebas ignoradas

Sherlyn Sánchez García, hija de Esperanza Sánchez, confirmó que el juicio es político, y mencionó que el abogado defensor presentó abundantes pruebas documentales donde se demostraba la persecución en contra de su madre.

«Está más que claro que es un caso político. El abogado presentó lasuficiente evidencia documental que es un caso político. Habiendo evidencia donde sale mi mamá en marchas, en piquetes con personas conocidas como Medardo Mairena, Lesther Alemán, entre otros personajes. Igual don Victor había evidencia documental que prueba que es caso político. Obvio es parte del circo de la manipulación de las autoridades sandinistas aunque se hayan presentado miles de evidencia, ellos siempre lo iban a declarar culpable», dijo.

José Abener García, hermano de Esperanza Sánchez, también se pronunció exigiendo la libertad, y asegurando la inocencia de su hermana de quien asegura «nunca hemos sido consumidores de droga y sabemos que el gobierno por incapacidad los acusa de algo ridículo».

«Tuvieron que inventar una novela policíaca porque están inventando una situación que nunca se dio en el hecho. Dice que lo capturaron en Managua que no es cierto a don Victor lo capturaron en Matagalpa y a ella en la casa de seguridad del kilómetro 10.2 de Carretera a Masaya y la capturan de bolso y camiseta. Estos casos son típicos del gobierno Ortega-Murillo», dijo.

Si te interesa: Unión de Presos políticos exige la liberación de más de 90 opositores

Esta bastante enferma

Los familiares de Esperanza Sánchez, quien se encuentra en la cárcel La Esperanza, alertaron del riesgo que corre su vida debido a que padece de asma.

«Mi madre necesita ser nebulizada, tiene asma, no le dejan entrar medicamentos”, dijo Jasmina Martínez Sánchez, a la vez que agregó que no tiene medicamentos ni mascarillas, aunado a otras internas que están presentando problemas de salud, pero no se les ha brindado atención médica.

También denunciaron el maltrato del que ha sido víctima, el preso político Víctor Sosa a quien no le han permitido el ingreso de alimentos como tampoco se les ha permitido el traslado a hospitales para ser atendidos por tener otros padecimientos de salud.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha mantenido bajo prisión a más de mil ciudadanos que participaron en las protestas de la denominada ‘Rebelión de Abril’. Actualmente, se contabilizan más de 90 personas encarceladas. En el mismo contexto más de 300 personas fueron víctimas de asesinato a manos de policías y parapolicías, y en los años subsiguientes los asesinatos no han cesado sin ninguno tener acceso a justicia.