Guatemala fue uno de los primeros países de Latinoamérica en tipificar el femicidio como delito específico. La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, aprobada en 2008, fue presentada como un avance para enfrentar la violencia de género y consolidar un marco legal robusto.

Casi dos décadas después, las cifras oficiales y los registros de organismos especializados muestran que este país sigue figurando entre los países con mayor violencia letal contra las mujeres en la región.

Los datos

En 2025, Guatemala registró 595 muertes violentas de mujeres, de las cuales 206 fueron tipificadas como femicidios, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), con base en datos del Ministerio Público.

Esto representa un aumento del 14,4% respecto a 2024 y supone que alrededor de una de cada tres muertes violentas de mujeres fue clasificada bajo esta figura penal que, según la Ley contra el Femicidio (Decreto 22-2008), exige acreditar que el crimen ocurrió en un contexto de relaciones desiguales de poder o violencia de género, lo que implica un proceso probatorio específico.

De acuerdo con el CIEN, Guatemala registra una tasa cercana a 1,9 femicidios por cada 100.000 mujeres, por encima del promedio regional estimado en 1,3, lo que sitúa al país entre los de mayor incidencia de violencia letal contra mujeres en América Latina.

El propio centro de investigación advierte que el principal desafío sigue siendo la prevención. “Una proporción relevante de femicidios íntimos estuvo precedida por denuncias de violencia o por la emisión de medidas de seguridad. El seguimiento efectivo de estas medidas y la atención oportuna a casos reiterados constituyen aspectos centrales para reducir el delito”, señala.

A este escenario se suman miles de casos de violencia sexual cada año. Según registros del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en 2025 se realizaron más de 7.000 evaluaciones médico-legales por delitos sexuales, lo que equivale a cerca de 20 casos diarios.

Ley avanzada, resultados limitados

Los datos muestran que, pese a este marco legal, presentado en su momento como un robusto mecanismo de protección, la respuesta institucional no ha logrado reducir de forma sostenida la violencia contra las mujeres.

Informes internacionales, como el Trafficking in Persons Report del Departamento de Estado de Estados Unidos, señalan limitaciones en la capacidad del Estado guatemalteco para proteger a las víctimas y para enfrentar fenómenos como la trata de personas.

Datos recopilados por el CIEN indican que, aunque entre 2021 y 2025 alrededor del 82% de los casos de femicidio judicializados terminaron en condena -84% en 2025-, el sistema de justicia no logra procesar la totalidad de las denuncias, lo que limita su efecto disuasivo.

Un problema estructural

La evidencia apunta a que la violencia contra las mujeres en Guatemala no responde únicamente a fallas legales, sino a factores estructurales como la desigualdad, la impunidad y la debilidad institucional.

En este contexto, organismos internacionales advierten que la violencia de género también influye en la migración femenina. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres han documentado que la violencia doméstica, sexual y comunitaria forma parte de las causas que empujan a muchas mujeres a abandonar el país, en un escenario marcado por la falta de protección institucional.

Sus análisis coinciden en que la violencia no solo acompaña el trayecto migratorio, sino que comienza en el lugar de origen y condiciona la decisión de salir.

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La Lupa Feminista