“Grupo Venancia es una colectiva y eso no lo cancela nadie”

El Grupo Venancia, organización feminista que trabajaba por la defensa de los derechos de las mujeres desde hace 31 años, protestó por la cancelación de su personería jurídica, ya que siempre han cumplido «con todos los requerimientos legales para funcionar de forma transparente”.

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«Esto no es un golpe a nosotras como organización, sino a las mujeres que acompañamos, a las que quieren cambiar sus mentes, a defensoras y activistas feministas y a todo el tejido comunitario que resiste, no solo en Norte, sino en toda Nicaragua», expresan en el comunicado.

«Las Venancias», como también son conocidas localmente, brindaban procesos de educación y comunicación popular en Matagalpa y Jinotega desde 1991, donde abarcaban a mujeres urbanas, rurales, adultas y jóvenes.

Con ellas desarrollaban procesos de empoderamiento personal y colectivo, luchaban contra la violencia machista y acompañaban en la sanación de las secuelas que les dejaba. También impulsaban el arte y la cultura con el Centro Cultural Guanuca, un espacio de creación para las mujeres, jóvenes y otros actores sociales excluidos con el objetivo de fomentar el cambio cultural y la convivencia.

«Como nos han dicho voces amigas, confirmamos que ningún cierre legal elimina el profundo compromiso con los derechos humanos y el semillero creciendo en generaciones de mujeres que se suman al vuelo de esta marea feminista que defiende la idea de que somos persons sujetas de derecho, porque sin nuestra participación no hay libertad, justicia, democracia, ni desarrollo. Grupo Venancia es una política colectiva que nos une a otras mujeres, organizaciones y redes en espacios locales, nacionales y regionales, y eso no lo cancela nadie», manifiestan.

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Según las feministas, el Grupo Venancia ha tenido un impacto de gran alcance en los departamentos del norte del país, el cual ha sido caracterizado por el abandono estatal. Pues con su labor, se volvieron un “referente” para las personas aledañas, ya que tenían un espacio donde acudir y donde organizarse.

Las Venancias sostienen que «no son un papel, ni cuatro paderes», y continuarán luchando para que «Nicaragua florezca libre y feminista».

Casi 700 organizaciones canceladas

Según la Asamblea Nacional, el número de personería jurídicas canceladas suman a 680, porque supuestamente las organizaciones incumplieron con sus obligaciones de sus estatutos y las normas que les regulan ante el Ministerio de Gobernación (MIGOB). No obstante, líderes de las organizaciones han denunciado que esto es falso y que el MIGOB ha impedido la entrega de sus documentos legales y financieros.

Las organizaciones feministas cerradas son 74, según la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), lo que tiene un «grave impacto» sobre los derechos de las mujeres, sostiene la organización, dado el número alto de femicidios e intentos de femicidios en el país.

“Desde la IM-Defensoras no nos cansaremos de reiterar el grave impacto que estas cancelaciones tienen sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales. Esto en un país donde al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021; donde, según datos oficiales, durante ese mismo año, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y cerca de 5 mil denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual; donde miles de mujeres trabajan en maquilas de capital trasnacional bajo condiciones de explotación y extrema precariedad”, denuncian.

Las otras organizaciones afectadas también trabajan con grupos vulnerables como niñez, personas con discapacidades, personas de la tercera edad, poblaciones en situación de pobreza, familias en situación de calle o personas con adicciones.

IM-Defensoras también advierten que además de la cancelación a las organizaciones, son víctimas de procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones estatales como el desmantelamiento de sus oficinas, el requisamiento de sus bienes y, en algunos casos, de la criminalización, el hostigamiento y otros ataques en contra de sus integrantes.