El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) urgió a la comunidad internacional a considerar llevar al Estado nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, deportaciones y persecuciones cometidos desde 2018, los cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

En su informe ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, advirtió que “las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos forman parte de una política diseñada para silenciar, incapacitar y castigar” a todos quienes se opongan políticamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

Simon explicó que el grupo ha documentado más de 1,900 entrevistas y analizado 9,300 documentos que evidencian patrones de represión estatal. 

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“Nicaragua atraviesa una de las situaciones más alarmantes de derechos humanos en América Latina”, sostuvo el experto, quien lamentó que las autoridades nicaragüenses se nieguen a cooperar o permitir su ingreso al país.

El GHREN presentó ante Naciones Unidas los resultados de tres informes y varios documentos complementarios que, según Simon, confirman la existencia de una estructura de poder concentrada en los codictadores y sostenida mediante el uso sistemático del miedo y la represión. 

“Los copresidentes han fundido el Estado y el Frente Sandinista en una máquina unificada de represión”, denunció.

Violaciones graves y pérdida de nacionalidad

El informe detalla que cientos de personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad, sometidas a tortura y violencia sexual, y que se registraron ejecuciones extrajudiciales durante la represión de protestas desde 2018.

“Personas de diferentes edades, incluso adultos mayores, han sido sometidos a golpizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, y violencia sexual, entre otras atrocidades”, relató Simon ante la Asamblea.

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Una de las prácticas más alarmantes, añadió, ha sido la privación masiva de la nacionalidad. Desde febrero de 2023, al menos 452 nicaragüenses han sido despojados de su ciudadanía, bienes y pensiones, quedando apátridas por decisión judicial.

“El resultado es un aparato estatal que convierte el Estado y la patria de un lugar seguro a una trampa para los derechos humanos”, afirmó el experto. 

El presidente del GHREN también advirtió sobre la expansión de la represión más allá del territorio nacional. “El Gobierno ha extendido su campaña de persecución fuera de las fronteras, mediante una estrategia de largo alcance que socava los refugios seguros”, explicó.

Entre sus informes el Grupo destaca la vigilancia, espionaje digital y hostigamiento a nicaragüenses exiliados, así como persecución de sus familiares dentro del país.

Uno de los casos más graves, según el GHREN, es el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica, ocurrido el 19 de junio de 2025. “Es crucial que las investigaciones en curso procuren determinar la responsabilidad de quienes

hayan planificado, financiado u ordenado el crimen”, subrayó Simon, quien aseguró que el grupo ha recibido informes sobre otros tipo de situaciones ocurridas en el exilio.

Estados deben actuar 

Ante este panorama, el GHREN pidió a la comunidad internacional adoptar medidas urgentes para proteger a los nicaragüenses en el exilio y reforzar el apoyo a la sociedad civil y a los medios independientes.

También instó a ampliar las sanciones selectivas contra los responsables identificados en sus informes y a considerar acciones legales ante la Corte Internacional de Justicia.

“La restitución de los derechos humanos y del Estado de derecho exigirá un volumen significativo de tiempo y recursos”, advirtió Simon. 

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La Lupa Nicaragua