La Unión de Presos y Presas Políticos Nicaragüense (UPPN) expresó, a través de un comunicado, su rechazo a las reformas al Código Procesal Penal que amplia de 48 horas hasta 90 días el plazo por el que una persona puede ser detenida para realizar investigación sin presentar acusación.

“La dictadura empeña sus esfuerzos de represión en la privación arbitraria de la libertad y la prolongación del tiempo de cárcel en una forma sistemática ejecutada por el Estado nicaragüense de persecución, captura, tortura y castigo a quienes nos oponemos a la continuidad de la criminal, sangrienta y terrorista dictadura”, denuncian.

Señalan que las reformas aprobadas por la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional “constituye una pseudo legalidad que violenta el espíritu de las garantías constitucionales”.

Por ello piden a las organizaciones opositoras del país sean más consecuentes con su discurso y actuar con más beligerancia en su ideal político con propuestas y soluciones aterrizadas de acuerdo al contexto político del país y no de acuerdo a sus intereses personales o partidistas.

“Tengamos siempre en cuenta que no nos enfrentamos a un Gobierno o partido político sino a un sistema político, económico, criminal, asesino y represor”, manifiestan.

Actualmente El Código Procesal Penal de Nicaragua establece que una persona detenida sospechosa de un delito puede pasar 48 horas encarcelada mientras es investigada, si no se comprueba que ha cometido el delito debe ser puesta en libertad. Con la iniciativa de reforma y adición a la ley que la Asamblea Nacional pretende aprobar los acusados pasarían desde 15 hasta 90 días detenidos sin ser acusados.

“Es una clara violación a los derechos humanos de los detenidos y más para quienes son detenidos por levantado su voz en contra de las injusticias y crímenes que la dictadura ha cometido”, afirmó Allan Gómez de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüense sobre la reforma al Código Procesal Penal.

En el escrito la UPPN también solicita a la Organización de Naciones Unidas ONU y a la Organización de Estados Americanos OEA no aceptar como legítimo este proceder de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Ellos (Ortega y Murillo) pretenden aparentar ante la comunidad internacional que todo lo que hacen es de manera legal, pero es solo un espejismo, Ortega nunca ha velado por los intereses del pueblo, él es un asesino eso no lo podemos cambiar”, añadió Gómez.

Ya se pronunciaron

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) valoró esta reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua como contraria a la Constitución y los estándares internacionales.

“La reforma atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación en contra de uno. Pone en riesgo, además, la integridad y seguridad de los denominados “detenidos judiciales”, que permanecerán sin control judicial efectivo”, escribió el organismo en Twitter.

Asimismo el organismo internacional exhortó al Estado de Nicaragua a revisar dicha reforma aportando los correctivos que garanticen el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos para lo cual ofreció su apoyo y revisión técnica al Gobierno de Nicaragua.

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