Envían «municipio por cárcel» a cinco mujeres presas políticas

Al menos cinco mujeres presas políticas fueron excarceladas en silencio por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y trasladadas a la condición de “municipio por cárcel”.
Los cambios en las medidas cautelares de las perseguidas políticas, confirmadas por La Lupa, comenzaron el 8 de noviembre de 2025 y avanzan de forma lenta y a cuentagotas. De las 77 personas presas políticas, un total de 22 reos de conciencia habrían sido excarcelados.
El régimen, sin embargo, mantiene a las personas excarceladas políticas bajo vigilancia y con restricciones que limitan su verdadera libertad.
“Sustituir prisión por ‘municipio por cárcel’ o ‘casa por cárcel’ no constituye libertad real. Estas medidas mantienen a las personas bajo vigilancia, restricciones y amenazas latentes, sin garantizar sus derechos y sin poner fin al castigo político”, reiteró el Mecanismo.
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Estas son las cinco mujeres presas políticas:
La excalaboradora de la Diócesis de Matagalpa es una de las mujeres recientemente excarceladas, aunque sigue bajo restricciones que limitan su “libertad real”. La mujer de 51 años estuvo arbitrariamente en prisión y en desaparición forzada desde el 10 de agosto de 2024.
Durante todo este tiempo en prisión no tuvo acceso a sus familiares ni a un juicio justo. Su detención forma parte de un patrón de persecución política dirigido a líderes y colaboradores de organizaciones religiosas y comunitarias que critican al régimen.
El Mecanismo subraya que pese a estas medidas las personas presas políticas “no han sido liberadas de manera plena”.
Es también excalaboradora de la Diócesis de Matagalpa, anteriormente dirigida por el obispo Rolando José Álvarez Lagos, desterrado por la dictadura.
Gutiérrez Poveda tenía 58 años al momento de ser arrestada el 10 de agosto de 2024 por al menos 15 policías con el rostro cubierto y llevando AK-47, quienes allanaron su casa en Matagalpa aproximadamente a las seis de la mañana.
También permaneció en desaparición forzada y aunque ha sido excarcelada, continúa bajo restricciones que limitan su movilidad y libertad de expresión, manteniéndola bajo vigilancia constante.
La empresaria estuvo en desaparición forzada desde el 26 de junio de 2024, cuando agentes de la Policía orteguista la detuvieron sin orden judicial en Managua. La excarcelada tiene dos hijos y guardar una fotografía de monseñor Silvio Báez en su celular fue la prueba que utilizó el régimen en su contra para encerrarla.
En marzo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) había ordenado al Estado informar sobre su paradero y permitir el contacto con sus familiares, pero en ese momento no hubo respuesta por parte del régimen.
Fue detenida por su defensa de la libertad religiosa el 5 de agosto de 2023, después que supuestamente exhibió un cartel en el que protestaba por el encarcelamiento injusto del obispo Rolando Álvarez.
Organismos de derechos humanos denunciaron que a Guillén se le negó la atención médica adecuada mientras permaneció en prisión. Desde los primeros meses en prisión, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex) denunció el “grave deterioro en la salud mental” de Guillén Zepeda, de 54 años.
Fue detenida en una redada ejecutada por la Policía orteguista en Masaya el 13 agosto de 2025, y también se le negó contacto con familiares.
En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares tras constatar que González Escobar sufría “asedio, hostigamientos y amenazas de detención y de tortura desde el 2018”. En 2021, denunció un allanamiento de “manera violenta” en su domicilio.
“El asedio policial en su residencia sería a diario desde abril de 2022, cuando sufrió nuevo allanamiento”, describió la CIDH.
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A la fecha, faltan seis mujeres de la lista del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en ser excarceladas, y el caso de la periodista Fabiola Tercero sigue siendo incierto, desde que el 11 de noviembre fue exhibida ante los medios oficialistas como parte de la propaganda del régimen.
