Adoptar “un proceso escalonado de sanciones” contra el gobierno de Nicaragua hasta que se restablezcan “plenamente” los “derechos humanos y libertades fundamentales” es el llamado que la Eurocámara hiciera a la Unión Europea (UE).

Los parlamentarios han aprobado por una amplia mayoría de 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, una dura resolución en la que instan a aplicar sanciones contra altos representantes de la jerarquía sandinista.

La resolución adoptada también pide a la UE a activar la “cláusula democrática” del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica y suspenda así la participación de Nicaragua en dicho acuerdo, cuyo capítulo comercial es el único aplicado desde 2013.

En 2017, los intercambios comerciales entre la UE y Nicaragua se elevaron a 621 millones de euros (unos 700 millones de dólares), frente a los 508 millones de euros registrados en 2014, el primer ejercicio completo de aplicación, según datos de la Comisión Europea.

¿Quién impone las sanciones?

La decisión final sobre imponer o no esas sanciones depende de los ministros de Exteriores de la UE. El Parlamento Europeo no tiene potestad para fijar ningún castigo, pero constituye un potente altavoz que hace llegar sus denuncias a los Veintiocho.

A finales de enero, la UE, en una declaración acordada por los 28 cancilleres del bloque que son los encargados de adoptar sanciones, advirtió que supervisará “atentamente la situación” y subrayó su disposición a “responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho”.

La UE apuesta en Nicaragua por una política de palo y zanahoria, esto es, amenaza de sanciones entre llamadas al diálogo interno. La posición europea es seguir muy de cerca las negociaciones con el cargador preparado.

El texto señala que las sanciones no deben afectar en ningún caso a la población, y que han de ir dirigidas únicamente contra los cabecillas de la represión. Si la UE opta por dar ese paso, el primer movimiento podría ser la prohibición de vender armas a Managua, aunque esa opción no importunaría demasiado a Ortega, dado que apenas las adquiere en el mercado europeo.

Tres gestos de buena voluntad

La resolución urge a realizar tres gestos de buena voluntad para rebajar la tensión y favorecer el diálogo: la liberación inmediata de los más de 600 presos políticos, el fin del “acoso, intimidación y espionaje” contra líderes opositores, y la vuelta de las organizaciones internacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos en el país, entre ellas entidades de la ONU y ONGs.

Además, critica las agresiones contra medios de comunicación, la expulsión de estudiantes de las universidades, y la degradación de la situación en las cárceles.

La Eurocámara reclamó “con carácter de urgencia, “un diálogo interno significativo para hallar una solución sostenible y pacífica que permite a todos los actores de la sociedad disponer de un espacio de actuación y expresión libre, y restablezca sus derechos civiles”.

Para los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia), las acciones del “gobierno, sus instituciones y sus organizaciones parapolíticas obedecen a una estrategia planificada para destruir la oposición política que lideró las protestas del año pasado”.

La Eurocámara ha ido elevando el tono contra Ortega conforme pasan los meses. En mayo del año pasado, la institución aprobó una resolución en la que condenaba “la brutal represión” y pedía una reforma electoral que condujera a la convocatoria de elecciones libres.

*Notas combinadas

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