Alison González N., Especial para La Lupa

Hace dos años y cuatro meses, María Lisseth Dávila fue víctima de femicidio. El 5 de junio del 2018 su cuerpo fue encontrado en la conocida, Isla del Amor en el Lago Xolotlán, en Managua. Ese delito se encuentra en la impunidad, ante un nulo proceso investigativo por parte de la Policía orteguista que parece no tener intención de esclarecer el crimen.

Las pesquisas se detuvieron meses después de ocurrido el crimen. La Policía se limitó a informar sobre la causa de la muerte. Fue herida de arma blanca en el pulmón y su cuerpo, encontrado cinco días después que se cometió el delito, fue identificado mediante una prueba de ADN de los hijos de la víctima de femicidio.

“Me llamaron y me entregaron las prendas. Fui a reconocer el cuerpo, ya sus hijos se habían hecho la prueba de ADN, pero fui a verla. La reconocí por la ropa que me dieron y una cadenita. Me dijeron que estuviese llegando, y así lo hice. Siempre me decían lo mismo – estamos investigando. Una vez citaron a la última persona que la vio, pero esa persona no llegó y allí lo dejaron”, relató una familiar que prefiere el anonimato por temor a represalias.

El guion policial incluye frases como “esto es un proceso”, “vamos poco a poco” mientras la familia de la víctima se desespera en espera de una justicia que cada día parece más lejana. “Fui también a los derechos humanos, allí me dijeron que tenía que ir a la Policía, porque si ellos no daban una respuesta y no lograban determinar la tipificación, no podían hacer nada”, dice la familia que además recurrió a Asuntos Internos de la Policía sin obtener repuesta.

“En este contexto de pandemia y conflicto sociopolítico las mujeres no son, ni han sido prioridad para el Estado de Nicaragua. En este año las mujeres se tuvieron que resguardar en casa, pero tengamos en cuenta que nuestro Observatorio de Género nos dice que uno de los lugares más inseguros: es el hogar. La mayoría de las mujeres han muerto en manos de sus parejas, sus hijos y sus primos”, explica Martha Flores, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) que en 2020 registra 35 femicidios impunes, de los 69 monitoreados.

El artículo 4 de la Ley 779 – Ley Integral contra la violencia a las Mujeres – sobre Principios, fuentes y derechos establece en el inciso J Principio de no victimización secundaria: “El Estado deberá garantizar que las autoridades que integran el sistema de justicia y otras instituciones que atienden, previenen, investigan y sancionan la violencia, deberán desplegar medidas especiales de prevención, para evitar situaciones de incomprensión, reiteraciones innecesarias y molestias que pueden ser aplicadas a las víctimas”. Pero en el caso de María Liseth Dávila no se ha aplicado.

Desgaste físico y emocional

Aun cuando demandan justicia, la familia de María Liseth Dávila, admite que presionar a la Policía para que de persecución al caso representa un desgaste físico y emocional. No solo por presentarse cada cierto tiempo en las oficinas policiales sino también porque los oficiales han sido removido de las delegaciones, y eso significa “un nuevo comienzo” de la investigación por parte de “un nuevo oficial”.

Ante esta ausencia de cualquier investigación policial, la familia de María Lisseth Dávila, se ha visto forzada a investigar por su propia cuenta. Entre preguntas concretas y respuestas vagas, han logrado tener ciertos indicios de la última vez que su hija fue vista por vecinos, amigos o conocidos.

“Yo tengo mis especulaciones. He andado hasta viendo si ese día llovió porque a ella la encontraron allá en La playita. Anduve investigando si es que fue que la intentaron asaltar y se cayó a un cauce y así es que llegó hasta el lago. Yo ya ni sé qué pensar, porque nunca me dicen nada. También mis hijos me tuvieron que borrar las fotos que la Policía me mandó, porque yo las veía siempre para ponerme a pensar que era lo que le había ocurrido”, relata una familiar en tono de resignación.

Las organizaciones de mujeres reiteran que la actitud policial es común en la mayoría de casos de violencia machista, aunque el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también ha denunciado que crímenes de opositores políticos siguen en la impunidad.

 “La protección solo está escrita en la norma pero no está integrada en el cumplimiento. Las acciones de prevención en Nicaragua no existen”, denuncia la abogada, Rosario Flores, dejando claro que hay mecanismos dirigidos a la acción pro-mujer, pero el Estado simplemente se “burla” de ellos, al pasarlos por alto. Un ejemplo de esto es que la ley establece que desde el Ministerio de Educación, se debe impartir una clase que hable de prevención y esta no existe, mucho menos en las comunidades rurales, que es donde hay más prevalencia de violencia.

Las organizaciones feministas también resaltan el hecho que en 2014 la Ley 779 fue cercenada al limitar los femicidios solo al ámbito privado. “El reglamento, que tiene un valor jurídico inferior ante la Ley, vino a reformar el artículo que establece la Ley 779, donde declara que cualquier hombre que le diera muerte a la mujer, por el simple hecho de serlo, era femicidio”, rememora Flores, que a su vez admite que es una estrategia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para reducir las cifras de violencia y vender la idea que nos encontramos bajo la tutela de un Estado que garantiza los derechos humanos.

Las cifras entre la Policía Orteguista y las organizaciones de mujeres que monitorean la violencia no logran coincidir. Hasta octubre de 2020 el régimen Ortega-Murillo registraba 17 femicidios, según una publicación del medio oficialista El 19 Digital, mientras Católicas por el Derecho a Decidir contabilizaba 61 mujeres víctimas de violencia machista.

Desprotección a la familia

“El femicidio es una manera atroz de darle fin a esa violencia, arrancándole la vida y esto afecta a toda una familia, a las cuales la misma ley dice que se debe de brindar protección y no lo están haciendo. Lo único que hacen es aumentar penas, eso no nos viene a facilitar o a disminuir esos grados de violencia de género que estamos viviendo”, afirma Flores de CDD, frente a la denuncia de la familia de María Liseth Dávila que no logra sanar la herida ante la impunidad.

La mamá de María Dávila, dice sentir que el caso de su hija es de poca importancia para las instituciones, pues las acciones de protección hacia la familia y el proceso de investigación tan retardado, la hacen pensar que no estaban, ni están haciendo ningún tipo de esfuerzos para hacer justicia por su hija.

“Los femicidios y la violencia machista en general, afecta directamente tanto a la víctima, como a los familiares y de manera indirecta a todas y todos los nicaragüenses”, indica Martha Flores. María Lisseth Dávila dejó a 2 hijos en orfandad, que según la Ley 779 deberían de ser protegidos por las instituciones.

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