El Salvador es más seguro”… ¿para quién?

La administración de Nayib Bukele centra su discurso en la “reducción histórica de homicidios” en El Salvador, un “logro” que, si bien se refleja en cifras oficiales, es ampliamente cuestionado por la falta de transparencia en los registros, los criterios de medición -qué se incluye y qué se excluye- y por señalamientos basados en investigaciones periodísticas sobre pactos con pandillas.

Pero, al margen de la rendición de cuentas sobre la data que reporta avances en la tasa de criminalidad, ¿esa mejora se refleja también en la vida de las mujeres?

Un análisis de cifras disponibles, informes de organizaciones de derechos humanos y reportes internacionales muestra una realidad más compleja: la violencia contra las mujeres persiste y responde a dinámicas que no resueltas.

Menos homicidios, pero las mujeres no están a salvo

El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios, un 28 % menos que los 114 registrados en el 2024. “Por primera vez en la historia, el país cierra con dos dígitos (…) esto confirma que las medidas adoptadas por el Gobierno y por el Estado salvadoreño eran las correctas, las necesarias, las que nos permiten poder decir, con mucha propiedad y contundencia, que somos el país más seguro del hemisferio occidental”, declaró el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El tono triunfalista del discurso se cae cuando el foco se centra en la violencia específica contra las mujeres.

Datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) indican que aunque los feminicidios disminuyeron un 33 % en 2025 respecto a 2024, con al menos 26 casos registrados.

A primera vista, la cifra parece positiva y coherente con la tendencia general de reducción de la criminalidad en el país centroamericano. Sin embargo, el desglose revela un patrón persistente: aproximadamente la mitad de los feminicidios fueron cometidos por parejas o exparejas

Es decir, el principal riesgo para muchas mujeres sigue estando en su entorno cercano.

Las víctimas abarcan además un amplio rango de edad: desde niñas de 10 años hasta mujeres de 80, lo que confirma que la violencia feminicida atraviesa todo el ciclo de vida.

Ormusa advierte que no se trata de un hecho aislado, sino que refleja la persistencia de la violencia en relaciones de confianza, una de las formas más difíciles de prevenir y sancionar.

Las feministas consideran clave remarcar que mientras los datos reportan una disminución de la violencia asociada a pandillas, la violencia de género responde a dinámicas estructurales que no son abordadas, por el contrario son acentuadas por las mismas políticas de Estado.

Migrar, una opción forzada por la violencia de alto riesgo

Esto explica que informes de organizaciones como Human Rights Watch y de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) identifican la violencia de género como un factor que empuja la migración femenina.

No se trata únicamente de razones económicas. En muchos casos, la salida del país está vinculada a agresiones dentro del hogar, amenazas o falta de protección institucional.

Human Rights Watch explica que la huida no siempre garantiza seguridad, pues las rutas migratorias, principalmente por México rumbo a Estados Unidos, es uno de los tramos más peligrosos: el control territorial de grupos criminales convierte a las mujeres migrantes en blancos altamente vulnerables, reproduciendo el ciclo de violencia del que intentan escapar.

Nuevas violencias contra las defensoras

La organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) añade la violencia digital al conjunto de amenazas que enfrentan las mujeres. En particular, documenta un aumento sostenido de agresiones en entornos digitales contra mujeres defensoras en El Salvador.

Según su informe Cuerpos digitales, territorios en disputa, entre 2020 y el 31 de octubre de 2025 se registraron 2,041 agresiones digitales, equivalentes al 62 % del total de agresiones documentadas contra defensoras en el país.

El 85 % de estas agresiones incluye mensajes violentos orientados a reforzar estereotipos de género, mediante insultos, descalificaciones sobre apariencia física o cuestionamientos al derecho de las mujeres a participar en la vida pública.

El reporte señala el uso de troles vinculados a estructuras estatales o grupos afines, así como la participación de funcionarios y plataformas mediáticas alineadas con el discurso oficial en campañas de estigmatización, difamación y criminalización.

En paralelo, organizaciones de derechos humanos advierten que el régimen de excepción, impulsado por Bukele, ha generado efectos colaterales que afectan directamente a mujeres y niñas.

Entre los principales señalamientos figuran detenciones sin garantías suficientes, el encarcelamiento de madres y el aumento de menores en situación de desprotección.

Estos impactos debilitan las redes familiares y comunitarias, aumentando la vulnerabilidad social.

Otros datos

Marco restrictivo en derechos reproductivos: El Salvador mantiene la penalización absoluta del aborto, una de las más severas del mundo, lo que ha derivado en condenas contra mujeres incluso en casos de emergencias obstétricas, según organismos internacionales.

Silencio de las víctimas: el miedo, la dependencia económica, la desconfianza en las instituciones y la normalización de la violencia. Amnistía Internacional ha advertido que estos contextos pueden agravarse en entornos de fuerte control estatal, donde las víctimas pueden sentirse menos seguras para denunciar.

Esto implica que las cifras disponibles podrían no reflejar la dimensión real del problema.

Conclusión

Los datos oficiales proyectan a El Salvador como un país con menos homicidios. Pero esa mejora no se traduce automáticamente en una reducción equivalente de la violencia contra las mujeres.

Los mismos registros oficiales muestran que esta violencia persiste, se concentra en el ámbito privado y, en muchos casos, permanece invisibilizada.

La narrativa oficial de seguridad, por tanto, no refleja completamente la realidad que enfrentan miles de mujeres en el país.