El 2023 ha sido un año «infame como ha sido un año infame en 2018», señaló Azahalea Solís, exintegrante de la Alianza Cívica durante el programa Las Comadres realizado por La Lupa, Agenda Propia y Radio Vos, en el que se analizó el ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía en Nicaragua.

La jurista hizo un recorrido desde enero 2023 con la constante (después y antes de 2018) de mantener personas «presas políticas» en los calabozos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, e incluso llegar al límite de desterrar a más de 300 personas excarceladas políticas, periodistas, activistas y feministas.

«El 09 de febrero se instauró una nueva infamia de la actuación de la dictadura como fue el destierro masivo de nicaraguenses. Alguna gente le llamó deportación, pero eso no es deportación fue un destierro, desplazamiento forzoso y para cerrar con broche de oro la violación a la Constitución y la declaración expresa de apatridas. Estamos frente a tres delitos, tres actuaciones del concepto de lesa humanidad», explicó.

Recordó que la Constitución Política dice que las personas nacionales no podemos perder «nunca nuestra ciudadanía», y que a pesar de las deformaciones que ha sufrido la Constituión -durante los ultimos años- nunca ha sido un artículo que sea cambiado.

«Eso de quitarle los derechos a alguien a perpetuidad eso no existe, te dicen que no sos persona porque no vas a tener derechos a perpetuidad y dejar de ser persona; esas son las brutalidades del régimen», explicó.

El ataque de Ortega contra las mujeres

Solís también se refirió a las mujeres jóvenes feministas presas políticas de la dictadura de Daniel Ortega, que hasta octubre de 2023 el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas contabilizaba 91 entre ellas 17 mujeres y 64 hombres; este dato incluye a 10 personas detenidas previo a 2018.

Y denunció la condena a 8 años de cárcel impuesta a la diputada suplente y presidenta del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama), Nancy Elizabeth Henríquez James, quien tampoco fue sometida al procedimiento jurídico establecido en la Constitución Política, para el despojo de su impunidad.

Henríquez fue acusada de traición a la patria y ciberdelitos. El arresto ocurrió días después que fue encarcelado Brooklyn Rivera, fundador del partido indígena Yatama y diputado ante la Asamblea Nacional.

También se refirió a los actos violatorios de la Constitución Política del régimen contra la magistrada del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, pero en especial de la toma de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

«Pudieron haberlo hecho de otra forma, pero la llaman (a Alba Luz Ramos) para decirle que no llegue porque esta destituida, pero no. Como hicieron con la diputada, Xochilt Ocampo que la dejan llegar a la Asamblea Nacional y la humillaron frente a las cámaras, pero esas son enseñanzas y debemos rescatar el valor que tiene la institucionalidad para comernos los frijoles diarios» y agregó; «esto tiene que ver con el ejemplo de resistencia de las mujeres que quedó demostrado (terriblemente) en la cárcel, pero quedó demostrado que a pesar de esa barbarie y esa saña no quebraron esa convicción de una lucha legítima de la democracia… las mujeres en Nicaragua que han dado una enorme muestra de valentía», dijo.

La líder del movimiento de mujeres en Nicaragua, insto nuevamente a reconocer el valor que tiene la memoria colectiva, y en el actual contexto poder documentar y analizar cada acto violatorio del Estado de Derecho por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«El régimen actua al margen de la ley, pero nosotras somos ciudadanas, somos sujetas de derecho, sujetos políticos y existen leyes nacionales e internacionales por eso debemos seguir señalando que el régimen esta al margen de la ley», insitió Solís al referirse al trabajo de documentar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las Comadres
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