Expertas desmontan argumento de la defensa del femicida que arrastró a caballo a una mujer

“El esquizofrénico no es violento (…) Las características de la enfermedad no incluyen la agresión o la violencia”, afirmó una experta en psicología e investigadora feminista que contradice la estrategia legal que busca exculpar a Pedro Pablo Obando Silva del asesinato de María Migdonia Téllez Peña mediante un diagnóstico de “esquizofrenia paranoide”.

La feminista enfatiza la necesidad de “escuchar a la familia de la víctima” para conocer si existen antecedentes de que el agresor “era una persona con enfermedad psiquiátrica”, como paso fundamental para verificar si existían conductas violentas previas al crimen.

Este elemento investigativo —agrega—, resulta crucial para distinguir entre un diagnóstico legítimo y una estrategia defensiva diseñada para evadir justicia.

“No hay una relación directa entre asesinato y esquizofrenia, tampoco”, subraya la psicológa y feminista que prefiere hablar bajo anonimato para evitar la represión del régimen.

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La víctima, según versión preliminar, fue arrastrada por un caballo. Durante la audiencia inicial en el Juzgado Distrito Penal de Audiencia de El Rama, la jueza María Adela Vargas Duarte ordenó que el acusado sea evaluado por un psicólogo forense en Juigalpa, basándose en una epicrisis de un médico privado fechada el 21 de octubre de 2024.

Una defensora integrante del equipo de Católicas por el Derecho a Decidir en Nicaragua, considera que intentan “minimizar” el crimen atroz que cobró la vida de Téllez Peña.

“Vienen minimizando este tipo de crímenes donde se demuestra el odio, porque también dicen que este hombre asesinó a la señora por ser bruja”, señaló la defensora de Católicas.

¿Un argumento válido de la defensa?

Mujeres que integran organizaciones que defienden los derechos de las mujeres advierten que el uso de enfermedades psiquiátricas como escudo judicial se ha convertido en un patrón recurrente para minimizar femicidios y garantizar impunidad.

“Si el femicida es encontrado, bajo una peritación psiquiátrica, que estaba en un estado de alteración psíquica permanente de perturbación o de alteración de la percepción son circunstancias eximentes de la responsabilidad penal de acuerdo al Código Penal. Esto pondría al acusado fuera de la ley, es decir no se le podría aplicar la responsabilidad penal”, dijo a La Lupa una abogada que de igual forma se refiere al caso bajo anonimato.

La ARS MEDICA —Revista de Ciencias Médicas—, una publicación académica editada por la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile explica que, las evidencias científicas hasta el momento “no nos permiten asumir que la esquizofrenia sea la causa principal de la violencia y, mucho menos, del homicidio”.

Otra característica de la esquizofrenia paranoide, según literatura consultada por la abogada consultada, es que “el estado consciente del enfermo es normal” y “empiezan a perder contacto con la realidad”.

En ninguna parte, sin embargo, se plantea que sean personas peligrosas y que el trastorno conlleva “la realización de agresiones o asesinatos de personas”. En todo caso, según la abogada, es un argumento que podría rebatirse y rechazarse durante el juicio.

“Este tipo de esquizofrenia no está tildada como peligrosa, porque la persona sabía lo que hacía. En todo caso, si él cometió el femicidio, era consciente de lo que estaba haciendo; no estaba en un estado de inconsciencia para decir que lo hizo sin saberlo. Y más aún, la forma terrible de tortura que conllevó el arrastrar a la mujer con un caballo lleva tortura, si es que acaso estaba viva la mujer cuando la arrastró”, señaló la abogada.

Estrategia normalizada por abogados

La defensora de Católicas por el Derecho a Decidir señaló que la estrategia de alegar enfermedades mentales se ha normalizado peligrosamente.

“¿A cuántos femicidas los han declarado también con ese tipo de enfermedad? Es muy fácil para los familiares y para el mismo defensor aplicarle esa enfermedad, no vale la vida de la mujer ni cómo quedó esa familia destrozada”, señaló la defensora de Católicas.

La defensora plantea además una contradicción fundamental en el argumento de la defensa de Obando Silva. Si realmente Pedro Pablo Obando Silva padece de esquizofrenia paranoide, ¿por qué no estaba bajo tratamiento y supervisión médica?

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“Entonces, ¿ese enfermo va a llegar a matar a otro? Un esquizofrénico debe tener el cuidado total de las personas”, señala.

La defensora habla de este caso que se enmarca en una ola de violencia machista que está acabando con la vida de las mujeres en Nicaragua. Católicas por el Derecho a Decidir contabiliza 46 femicidios en Nicaragua en lo que va del año, más 17 en el extranjero.

“De estos tenemos tres que ya se han suicidado, que es otra de las de las características del agresor y tres que intentaron suicidarse, pero ahí están vivos”, detalla.

Urgen cambios para proteger a las mujeres

La integrante de Católicas agrega que en el actual contexto de represión de Nicaragua “las mujeres están desprotegidas”, porque no tienen dónde ir a poner sus denuncias de violencia.

La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, nació con el propósito de brindar una respuesta firme y efectiva frente a la violencia de género, garantizando el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Sin embargo, a lo largo de su vigencia ha sufrido tres reformas sustanciales que, lejos de fortalecerla, la han debilitado y dificultado su aplicación.

“En situaciones como estas deben profundizar en las investigaciones (…) deberían de practicar por lo menos dos exámenes psiquiátricos para desmontar el argumento de la defensa”, señaló la abogada consultada por La Lupa.

“Si están alterados —puntualiza—, es voluntariamente y están conscientes de que van a cometer un femicidio, porque hay mucha misoginia y odio a las mujeres y por eso lo cometen. Además es un problema de poder, es decir, yo soy el que te mando, él es el macho, el que manda, que decide y decide sobre su vida y la mata”.

El caso de María Migdonia Téllez Peña está en manos de un sistema que enfrenta el desafío de distinguir entre diagnósticos médicos legítimos y estrategias diseñadas para evadir justicia.