Dos años del atroz femicidio de las hermanitas de Mulukukú: ¿Qué ha cambiado para las niñas?

Hace dos años, Nicaragua se conmocionó con uno de los femicidios más atroces ocurridos. La violencia machista y la desprotección hacia la vida de las mujeres, arrebataron la vida de dos hermanitas pequeñas que vivían en una comunidad de Mulukukú, Costa Caribe Norte.

Las víctimas del doble femicidio: una niña de 12 años y otra de 10, quien además fue víctima de violación antes de que fuera asesinada. Sus vidas fueron arrebatadas por un machete, y por un hombre de la comunidad que decidió abusarlas y luego matarlas.

Las menores se encontraban con su madre bañándose en un río cerca de su casa. Pero solo bastó un momento en que estuvieran solas, cuando el femicida cometió el acto de asesinarlas cruelmente. Cuando su mamá regresó de la casa, se encontró la terrible escena.

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Ante esto, la Policía se movilizó de inmediato para la captura del sujeto, y más tarde se enorgulleció de su «rápido actuar”.  «En tiempo récord, la Policía Nacional esclareció y capturó al delincuente que privó de la vida a dos niñas en la comunidad Lisawe, municipio de Mulukukú», dicen en su nota policial.

Pero la Policía ya le había fallado a las niñas antes de su muerte. La mamá de las menores, Carmen Rodríguez, expuso en medios de comunicación, que una de sus hijas había sufrido abuso en dos ocasiones años atrás.

A pesar que en las dos ocasiones había denunciado a las instituciones, los oficiales la trataron a ella como la culpable; y a los sujetos denunciados los habían dejado en libertad. Tiempo después, Rodríguez volvió a denunciar un robo en su vivienda, y nuevamente, las instituciones no hicieron nada para velar por su seguridad.

Rodríguez no tuvo que denunciar una cuarta vez porque a sus niñas ya se las habían arrebatado. La violencia machista, la impunidad de los abusadores, y la total ausencia de protección del Estado hicieron lo suyo.

Días después de lo ocurrido, las instituciones del Estado que hicieron caso omiso a los llamados de la madre en su momento, trataron de enmendar el doble femicidio. Le brindaron una casa nueva; le dieron víveres para su supervivencia; y se dedicaron a publicar fotos de lo entregado por todas las redes sociales.

Incluso, dentro de ese contexto surgió la propuesta de la cadena perpetua, que fue aprobada rápidamente como una respuesta a los “crímenes de odio”. Y que ha sido aplicada en varios femicidas.

Sin embargo, todo quedó ahí: en una ayuda asistencialista y en lo punitivo, pero no en acciones estatales para evitar que un crimen como ese se evite.

Los factores que llevaron a cabo la ejecución de los femicidios no fueron tratados, y las demandas de la población y de las organizaciones de mujeres para tratar integralmente la violencia machista volvieron a ser ignoradas.

El doble femicidio de las hermanitas en Mulukukú se volvió a repetir en Managua dos años después, cuando el 2 de septiembre de 2022 dos hermanas fueron asesinadas y una de ellas abusada a unos cuantos metros de su casa.

La Policía volvió a mostrar orgullosa la captura de los posibles femicidas, pero sigue sin haber políticas que eviten esas muertes.

Entre el año 2020 y septiembre de 2022 han ocurrido 27 femicidios infantiles, según registros de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

Niñas desprotegidas en Nicaragua

“Cuando la gente se pregunta ¿Qué las hizo matar a las niñas? Yo tengo la respuesta. Es que eran niñas. Es decir, seres sin ningún valor. Eso tiene en su médula la más cruda violencia machista, que las ve como seres sin valor, que las puede descartar y no pasa nada”, asevera «Zoyla», activista feminista y especialista en abuso sexual.

La activista indica que la situación de protección de la niñez y la adolescencia se ha deteriorado grandemente en los dos últimos años, lo que ha afectado principalmente la vida de las niñas.

«Las condiciones de seguridad para las niñas ha involucionado. Aunque hay un marco jurídico para la protección de la niñez, ese marco jurídico no se aplica realmente», señala.

Zoyla señala que el mal tratamiento que brindan las autoridades policiales a las denuncias de abuso sexual y violencia son de las razones de la inseguridad que viven las niñas.

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Esto también ha provocado que las familias no denuncien, y que los niveles de impunidad sean mayores. «Cuando veo cuántas personas están viniendo a hacer una valoración psicológica, me doy cuenta que hay menos cantidad de gente de la que venía antes, y la valoración psicológica significa para las familias una herramienta para hacer una denuncia», indica.

La activista también manifiesta que la Policía solo da respuesta cuando ocurren los femicidios, pero no a las denuncias realizadas, que quedan archivadas incluso durante años.

Esta situación se agrava con el cierre masivo de organizaciones sociales que brindaban atención a niñas, niños y adolescentes, ante la falta de actuación de las instituciones.

“No es cierto que existan Comisarías de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia; y las organizaciones que atendían a la niñez y a la adolescencia han sido desmanteladas. A mí me llaman insistentemente personas que quieren que las refiera a alguna organización, y que vienen desde Rivas o León, pero ahora no tienen donde acudir”, expresa.

Zoyla señala que el Estado de Nicaragua, en vez de realizar acciones para prevenir la violencia contra las niñas, realiza acciones para provocarla, como la liberación masiva de reos.

Alfredo Antonio Lara es uno de los principales sospechosos de haber cometido los últimos femicidios contra las hermanitas de Managua. Medios de comunicación evidenciaron que el presunto femicida había sido detenido el año pasado y acusado de robo, pero fue absuelto sin justificación alguna.

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Por su parte, además de una política integral para la prevención de los femicidios, Zoyla expresa que es importante también políticas públicas orientadas a la atención de la niñez y la adolescencia, que atienda el abuso sexual y el maltrato, dos de las violencias más ejercidas contra las niñas.

“Además que no existe una política pública, lo que ha existido para proteger a las niñas y las adolescentes se ha venido desmantelando”, denuncia la activista.