En Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha clausurado miles de organizaciones civiles en los últimos años, los movimientos feministas no sólo se enfrentan a la represión política, sino que han visto limitado “gravemente el acceso al financiamiento internacional”. 

Así lo advierte el informe de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID por sus siglas en inglés), ¿Dónde está el dinero para la organización feminista?, que describe cómo la falta de financiamiento se ha convertido en una forma silenciosa de represión en el país y en otras regiones del mundo.

“A medida que se reduce el espacio cívico bajo regímenes autoritarios, registrarse se vuelve cada vez más difícil o incluso imposible”, señala el documento. 

En los últimos años, más gobiernos —entre ellos Georgia (2024), Kirguistán (2024), Nicaragua (2021) y Hungría (2017)— han impuesto leyes de ‘agentes extranjeros’ y “otras restricciones a la sociedad civil”. “Estos marcos legales estigmatizan a las organizaciones y limitan gravemente el acceso al financiamiento internacional”, según la AWID. 

La polémica Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada en 2020 por la Asamblea Nacional de Nicaragua, forma parte de un combo de leyes que impulsa el régimen de Daniel Ortega dirigido a silenciar y criminalizar las voces de ciudadanos y todo tipo de organizaciones y asociaciones sociales consideradas opositoras.

Según el informe, la exigencia de registro y el control estatal del financiamiento son “instrumentos de vigilancia y persecución”. 

“Algunos grupos —en especial los que brindan servicios sensibles— se disuelven y se reagrupan como colectivos informales para evitar restricciones punitivas, vigilancia estatal y criminalización”, sugiere el informe. 

Desde 2018, el régimen orteguista canceló la personería jurídica de más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales trabajaban con mujeres, salud y prevención de la violencia. 

Organizaciones feministas sin recursos

En Nicaragua, la represión ha tenido un efecto devastador en los movimientos feminista. La mayoría de los colectivos de mujeres ha perdido su estatus legal o se ha visto obligada a operar desde la clandestinidad tal y como expone el especial titulado Bajo persecución: La realidad de las defensoras en Nicaragua publicado por La Lupa. 

El informe analiza datos de 1,174 organizaciones feministas y de derechos de las mujeres en 128 países —de África, Asia, América Latina, Europa y Oriente Medio—, que representan todas las regiones del mundo. 

La encuesta, realizada entre 2021 y 2023, combinó cuestionarios, entrevistas y consultas regionales para analizar cómo las condiciones políticas, legales y económicas influyen en la capacidad de los movimientos feministas para acceder a recursos y sostener su trabajo.

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En la región latinoamericana —donde se ubica Nicaragua— participaron colectivos de países como México, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala y Colombia, que enfrentan desafíos comunes de recorte presupuestario, criminalización y reducción del espacio cívico. 

AWID concluye que en países donde los grupos no están formalmente registrados —frecuentes en entornos de persecución o donde se “reduce el espacio cívico”— son los más “empobrecidos”. 

El 57% tiene presupuestos anuales menores a 5,000 dólares, y el 31% carece de presupuesto alguno”. 

La organización recuerda que en Nicaragua la pérdida de la personería jurídica se ha vuelto un mecanismo de control político.  

Una década de estancamiento financiero

Además, el informe revela que otras organizaciones feministas trabajan con presupuestos anuales de apenas 22,000 dólares, prácticamente sin cambios desde 2010, cuando la cifra era de 20,000.

“Ajustado a la inflación, los movimientos feministas actuales operan con menos poder de financiación real que hace una década”, cita el documento. Los fondos disponibles en 2010 equivaldrían hoy a entre 28,000 y 35,000 dólares, lo que evidencia una pérdida real de poder financiero.

La investigación denomina esta situación “techo de cristal financiero”, una barrera estructural que impide a las organizaciones crecer y sostener su trabajo, incluso cuando sus responsabilidades y riesgos aumentan. 

Solo 5% supera el millón de dólares de presupuesto, mientras que 58% opera con menos de 30,000 y 14% no tiene fondos en absoluto.

Desigualdad estructural y dependencia del voluntariado

En regiones como América Latina y el Caribe, donde se incluye Nicaragua, el presupuesto medio oscila entre 22,000 y 27,000 dólares anuales, frente a los 81,000 dólares que manejan los grupos en Europa y América del Norte.

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Las brechas también son institucionales, debido a que el 86% de las organizaciones afirma que casi no existen fondos disponibles para su región o tema, y el 65% no cumple con los requisitos legales o administrativos para optar a subvenciones internacionales.

En contextos de persecución, la supervivencia depende del trabajo voluntario y las redes comunitarias.

“El ochenta y uno por ciento depende de recursos autogenerados o autónomos, como el trabajo voluntario, las contribuciones de la comunidad y el apoyo en especie”, señala el informe. 

Los recortes recientes de donantes claves —entre ellos Suecia, los Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos— reducen el alcance del financiamiento para la igualdad de género y los movimientos feministas a nivel mundial, concluye el informe. 

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La Lupa Nicaragua